A la distancia de casi un siglo, todavía hay sectores que consideran a la Revolución Juliana como una intervención abusiva contra la empresa privada e incluso “ignominiosa” para Guayaquil.
Este 9 de julio se recordó en Ecuador a la Revolución Juliana de 1925 y a los gobiernos de su ciclo histórico, que comprendió dos Juntas provisionales hasta marzo de 1926 y, de inmediato, el gobierno de Isidro Ayora (1926-1931). Existe ahora una amplia bibliografía sobre el tema. Y en numerosos artículos, así como en varios libros, he abordado el tema a fin de entender tanto las lógicas históricas de aquel proceso, como su significado, alcances y límites (https://bit.ly/3RljQof).
La Revolución fue preparada por la Liga Militar de jóvenes oficiales. Fue el primer golpe de Estado institucional de las fuerzas armadas en la vida del país (realmente del ejército); pero los militares no tomaron directamente el poder ya que prefirieron encargar la administración del Estado a civiles, aunque bajo su tutela y respaldo. Inspirados en principios sociales (las influencias de la Revolución Mexicana y de la Rusa se extendieron y también hubo oficiales incipientemente “socialistas”) la motivación central fue anti oligárquica, pues entre 1912 y 1925, durante la “época plutocrática”, el país, en forma creciente, había caído bajo el dominio económico y político de una clase de hacendados, agroexportadores de cacao, comerciantes y, sobre todo, banqueros, que manejaron los sucesivos gobiernos a su servicio. No existían impuestos directos, tampoco legislación laboral y los míseros recursos estatales, dependientes de los préstamos bancarios privados y otros ingresos insuficientes, impedían inversiones en bienes y servicios públicos.
El ciclo juliano fue una bisagra entre el siglo XIX-histórico y el siglo XX-histórico. Inauguró el papel del Estado en la economía, a través de varias instituciones: Banco Central (BCE), Contraloría, Superintendencia de Bancos, reordenamiento del Ministerio de Hacienda; por primera vez se fiscalizó a los bancos; se estableció el impuesto sobre las rentas personales, capitales y también utilidades; hubo reformas a las aduanas y los aranceles; se trató de impulsar la industria con medidas proteccionistas; además de la creación del Ministerio de Previsión Social y Trabajo, de las Direcciones de Salud y de la Caja de Pensiones, fueron dictadas las primeras leyes laborales (contrato individual, jornadas máximas y descansos obligatorios, trabajo de mujeres, desahucio, jubilaciones, accidentes del trabajo), consagrados y ampliados por la Constitución de 1929 que, además, estableció los primeros lineamientos de algo parecido a una reforma agraria; fue reformada la educación secundaria y universitaria; pero se quedó corta la inversión pública, en una coyuntura desfavorable por la crisis del cacao, otrora el primer producto en las exportaciones del país. El julianismo ecuatoriano abrió el espacio político de la izquierda, por lo que pudieron fundarse el Partido Socialista (PSE, 1926) y el Comunista (PCE, 1931). Y sentó las bases para el largo proceso de superación del régimen oligárquico, que solo se logró durante las décadas de 1960 y 1970. También es posible compararlo con movimientos de oficiales jóvenes como el que se produjo en Chile (1924) o con el Tenentismo en Brasil (1922-1927); pero está más identificado con los “populismos” clásicos que las ciencias sociales latinoamericanas han destacado en Brasil con Getulio Vargas, México con Lázaro Cárdenas o con la Argentina de Juan Domingo Perón. Sin duda la Revolución Juliana es el primer intento por crear una economía social, que incluso se anticipó, en buena parte, a las políticas del New Deal implementadas por el gobierno de F. D. Roosevelt (1933-1945) en los EEUU.
Las oligarquías ecuatorianas de la época y particularmente los banqueros, poco identificables como burguesías capitalistas en ascenso, reaccionaron en contra de los julianos. En Guayaquil, durante la primera junta, se dijo que “los serranos” querían llevarse el oro de la Costa y llegaron a organizarse “guardias cívicas” para defender la propiedad privada bajo los gritos de “Guayaquil independiente”. Según Luis N. Dillon, presidente de la primera junta provisional, el país estuvo al borde la guerra civil. Fue resistida la creación del BCE, fustigado el impuesto a las rentas -aunque pronto se aprendió a evadirlo- y continuaron las prácticas explotadoras del trabajo. Como no hubo continuidad del “modelo” juliano ni de sus políticas, entre 1931 y 1948 Ecuador pasó a vivir un ciclo de inestabilidad impresionante, con la sucesión de una veintena de gobiernos, aunque la corta dictadura del general Alberto Enríquez Gallo (1937-1938) retomó los ideales julianos y expidió el Código del Trabajo. Pero también, rápidamente, los grupos dominantes aprendieron a captar las instituciones julianas y a volcarlas a su servicio.
A la distancia de casi un siglo, todavía hay sectores que consideran a la Revolución Juliana como una intervención abusiva contra la empresa privada e incluso “ignominiosa” para Guayaquil. Si se examinan las demandas de los grupos de poder económico y empresarial en el Ecuador del presente, podrá advertirse que el neoliberalismo como eje ideológico de sus planteamientos, disfraza los viejos ideales oligárquicos de la “época plutocrática” pre-juliana y que bien podrían esquematizarse en una serie de consignas: no al Estado, no a los impuestos, no al trabajo regulado, a las cuales se suman ahora: si al extractivismo, si a los tratados de libre comercio y si a las tan anheladas “privatizaciones”. Desde 2017 esos ideales fueron revividos bajo el manto de un modelo de economía empresarial-neoliberal -y ahora nuevamente plutocrática- que se supone como avanzada y moderna para el siglo XXI, que el país ya experimentó durante las décadas finales del siglo XX e inicios del XXI. Las consecuencias eran previsibles, de modo que en los últimos cinco años se ha reconcentrado la riqueza, incrementó la polarización social, así como la conflictividad derivada del deterioro de las condiciones de vida y trabajo de la población, e incluso se han visto afectadas la institucionalidad del Estado y la vida democrática.
En el trasfondo descrito, Ecuador experimentó dos movilizaciones indígenas y populares en octubre de 2019 y julio de 2022, que desafiaron la marcha neoliberal del país. Tal como ocurriera durante la primera época plutocrática, desde el Estado se respondió con represión y criminalización de las protestas. Es incierto el camino futuro, actualmente sujeto a un férreo bloque de poder en cuyas filas han aparecido sectores clasistas y racistas. Sus élites económicas no están dispuestas a ceder en el modelo de economía que tanto les beneficia. En todo caso, tan solo dentro de tres años, Ecuador y sus fuerzas armadas seguramente celebrarán el centenario de una revolución que no solo dio continuidad a la Revolución Liberal Radical (1895), sino que se inspiró en ideales sociales y progresistas, que distinguieron un ciclo significativo para la historia contemporánea del país.
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