Desde Lima
En contra de su voluntad, el presidente peruano Pedro Castillo no asistirá a la toma de mando de Gustavo Petro. No podrá estar porque en un hecho insólito el Congreso controlado por la derecha le negó el permiso para que viaje a Colombia, un requisito constitucional. Castillo es el primer mandatario al que se le niega el permiso para viajar, una muestra de fuerza de un Congreso en guerra contra el Ejecutivo y empeñado en destituir al presidente. Para bloquear el viaje, la oposición capitaneada por la ultraderecha que tiene al fujimorismo en un rol central, tuvo 67 votos de los 130 legisladores. Obligado a quedarse en Lima, Castillo encargó a su vicepresidenta Dina Boluarte que lo represente en el histórico cambio de gobierno en Colombia.
Castillo calificó como “inusual” y “prepotente” la decisión del Congreso de impedir su viaje a Colombia. Le envió una carta a Petro explicándole las razones de su involuntaria ausencia. “Circunstancias ajenas a mi voluntad me impiden acompañarlo en la significativa e histórica ceremonia. Le aseguro que la decisión del Parlamento no se condice, en forma alguna, con la altísima valoración que mi Gobierno asigna a las relaciones de amistad, cooperación y voluntad de integración que unen a nuestros países”, le escribió Castillo a Petro.
La presidenta del Congreso Lady Camones, legisladora del partido de derecha Alianza para el Progreso, quiso restarle importancia a esta decisión del Legislativo señalando que la presencia de Castillo en la toma de mando de Petro era “netamente protocolar”. Justificó impedirle viajar al presidente diciendo que no se le podía permitir hacerlo “en plena crisis ministerial”, en referencia a la renuncia del miércoles del jefe del gabinete de ministros, Aníbal Torres. Indicó que la presencia de Castillo en el país era “indispensable” para recomponer el gabinete. Sin embargo, el viernes, antes de la fecha programada para su frustrado viaje a Colombia, Castillo ya había recompuesto el gabinete.
Sorpresivamente, Castillo no aceptó la renuncia de Torres y le pidió mantenerse como jefe del gabinete ministerial, lo que éste aceptó. Recompuso el gabinete con seis cambios, cuatro nuevos ministros y dos rotaciones. Los cambios más trascendentes se han dado en Relaciones Exteriores y Economía. El canciller, César Landa, quien había declarado que la decisión del Congreso de impedirle viajar a Castillo afectaba la imagen internacional del país, fue inesparadamente sustituido. La sorpresa fue doble al conocerse a su reemplazante, el abogado e internacionalista Miguel Rodríguez, quien avaló la campaña de la ultraderecha para desconocer la elección de Castillo alegando un fraude electoral que no existió, y que se ha pronunciado a favor de un indulto al exdictador Alberto Fujimori, sentenciado por crímenes de lesa humanidad y corrupción. También coincide con la derecha en su oposición al Acuerdo de Escazú. En Economía, el tecnócrata neoliberal Oscar Graham ha sido reemplazado por el economista Kurt Burneo, quien fue ministro de la Producción en los primeros meses del gobierno de Ollanta Humala (2011–2016) y viceministro de Hacienda en la presidencia de Alejandro Toledo (2001–2006). Burneo tiene un mayor perfil político que su antecesor. Su ingreso podría implicar algunas modificaciones, pero no cambios sustanciales en la política económica.
Además de las referencias a la crisis ministerial para impedirle viajar a Castillo, hubo parlamentarios que señalaron que el mandatario “no está preparado” para representar al Perú y por eso no se le debía dejar viajar, y varios que expresaron que el presidente podía aprovechar este viaje para fugar y eludir las cinco investigaciones fiscales abiertas en su contra, que tienen que ver con denuncias de coimas en la entrega de obras públicas, irregularidades en los ascensos castrenses, un supuesto encubrimiento a algunos allegados, entre ellos un sobrino, acusados de corrupción y ahora prófugos. Con el doble discurso y la hipocrecía que exhiben cuando hablan de corrupción, un asunto que conocen muy bien, legisladores fujimoristas acusaron y condenaron a Castillo por la posibilidad que pueda hacer lo que su líder el exdictador Alberto Fujiomori hizo y ellos siempre han justificado: fugar de las investigaciones judiciales aprovechando un viaje oficial al extranjero. Al tiempo que en el Congreso le negaban el permiso para viajar y lo acusaban de querer fugar, Castillo se presentaba ante la fiscalía para declarar, pero optó por acogerse al derecho a guardar silencio.
El Parlamento que le negó el viaje a Castillo y donde se complota para destiutuirlo está muy desacreditado -un 79 por ciento de rechazo ciudadano- pero tiene mucho poder. Puede censurar ministros obligándolos a dimitir -en un año de gobierno ha censurado cuatro ministros y otros dos renunciaron cuando su censura era segura- e incluso puede destituir al presidente en un proceso sumario de menos de dos semanas sin necesidad de ir a un juicio político acusándolo por la ambigua figura de “incapacidad moral”. La ultraderecha ya ha intentado dos veces destituir a Castillo con este recurso, pero no ha alcanzado los dos tercios de votos necesarios para ello.
Este sábado, Castillo acusó a las bancadas opositores que promueven su destitución de golpistas y habló de convocar “una cruzada junto con el pueblo para defender la democracia, porque yo vengo de las urnas democráticas”. “No me pueden doblegar, no pueden crear fantasmas de corrupción”, lanzó Castillo, en respuesta a las denuncias en su contra y a quienes buscan sacarlo de la presidencia.
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