Presidentes de Argentina, Bolivia, Colombia y México se unen a Cristina Fernández ante la persecución judicial que enfrenta la número dos del Gobierno argentino.
A través de una declaración conjunta firmada por los mandatarios de países latinoamericanos, a decir, el argentino Alberto Fernández, el boliviano Luis Arce, el colombiano Gustavo Petro y el de México, Andrés Manuel López Obrador, mostraron el miércoles su “más absoluto rechazo” ante la “injustificable persecución judicial” que sufre Cristina Fernández de Kirchner.
“Dicha persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida pública, política y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal”, reza el comunicado compartido en Twitter por los dignatarios latinos.
El llamado juicio de Vialidad, que según los líderes latinoamericanos, es un nuevo “acoso” a la vicepresidenta argentina, como los numerosos abiertos en los últimos años en su contra, se desarrolla “a golpe de señalamiento de sus adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales”.
Por todo esto, “condenamos rotundamente las estrategias de persecución judicial para eliminar a los contrincantes políticos”, así concluyen los presidentes su misiva de apoyo a la heredera del expresidente argentino Juan Domingo Perón (1895-1974), fundador del peronismo.
Horas después, con un similar mensaje, el mandatario peruano, Pedro Castillo, se solidarizó con Cristina Fernández, en el que señaló que “toda investigación judicial debe conducirse con pleno respeto a la democracia, el Estado de derecho y el debido proceso”.
¿Qué está en juego en el juicio de Vialidad?
El fiscal Diego Luciani pidió el lunes una condena de 12 años de cárcel y la inhabilitación permanente en el desempeño de cargos públicos para Fernández de Kirchner, en el juicio que enfrenta desde mayo de 2019 por presuntos hechos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos. En paralelo, miles de simpatizantes de la también expresidenta tomaron las calles adyacentes a su domicilio en Buenos Aires, en protesta contra lo pedido por el fiscal.
La propia vicepresidenta, que goza de fueros parlamentarios, considera que los 12 años de prisión, según lo estipula el veredicto de Luciani, no son mera coincidencia con los 12 que gobernó en Argentina. Fueron “los años del mejor gobierno que tuvo Argentina en las últimas décadas, por eso piden 12 años”, declaró Fernández de Kirchner.
Aún con todo, si es condenada a la cárcel, puede apelar la sentencia ante la Justicia en un proceso que podría estirarse años hasta la verificación del dictamen final.
mrg
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