Cerco policial emplazado en la zona donde vive la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández de Krichner, en Buenos Aires.
La Justicia argentina ordena al gobierno de Buenos Aires que retire a los policías de las inmediaciones de la casa de Cristina Fernández de Kirchner (CFK).
En el tercer día, en que militantes kirchneristas realizaban una vigilia en la puerta de la casa de CFK, también presidenta del Senado, ubicada en el barrio de Recoleta, el juez Roberto Gallardo instó el lunes al alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, a dar por finalizado el operativo policial en esa zona.
La notificación judicial exige el “cese en forma inmediata la ejecución de cualquier operatoria policial, directa o indirectamente vinculada con la custodia de la persona, familia y/o domicilio de la vicepresidenta”.
El magistrado remarcó que la seguridad en las cercanías de la vivienda de Fernández de Kirchner está “a cargo de las autoridades de seguridad federales, que deben ejercer a esos efectos la unidad de comando y la coordinación operativa con las fuerzas locales”.
¿Cómo reaccionó el alcalde?
Sin embargo, tras conocer la decisión judicial, las autoridades porteñas afirmaron que no acatarían el fallo y lo apelarían. “La Policía va a permanecer en el barrio por tiempo indeterminado y todo el tiempo que sea necesario para devolverle al barrio la seguridad, la normal convivencia”, declaró el jefe de gabinete bonaerense, Felipe Miguel.
La decisión judicial llega luego de un fin de semana con incidentes entre policías porteños y manifestantes kirchneristas, que reaccionaron molestos por el vallado que puso el gobierno bonaerense en las calles que dan a la casa de CFK, ya que no les permitía continuar congregándose en el lugar en defensa de la exmandataria, acusada en la llamada causa ‘Vialidad’.
En ese contexto, la policía porteña arrojó granadas de gas lacrimógeno y empapó a los manifestantes con chorros de agua disparados desde sus camiones hidrantes, lo que derivó en múltiples denuncias del partido gobernante peronista Frente de Todos.
¿De qué acusan a la expresidenta argentina?
El fiscal Diego Luciani pidió el lunes una condena de 12 años de cárcel y la inhabilitación permanente en el desempeño de cargos públicos para Fernández de Kirchner, en el juicio que enfrenta desde mayo de 2019 por presuntos hechos de asociación ilícita y administración fraudulenta de fondos públicos.
La expresidenta enfrenta esta medida judicial en medio de un fuerte apoyo de sus seguidores dentro del país y también de personalidades y organizaciones de la región.
ncl/mrg
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