Las conversaciones iniciadas el pasado 21 de julio en la provincia de Coclé con la Iglesia católica como facilitadora, retoma sesiones para debatir sobre transparencia y corrupción, pero con la antesala de nuevas manifestaciones callejeras por incumplimiento del Ejecutivo de los primeros consensos.
Saúl Méndez, uno de los voceros de los colectivos populares, aseveró a Prensa Latina que hay denuncias de que no se cumple con las rebajas de varios de los 72 productos acordados de la canasta básica y hay irregularidades en el despacho de combustible subsidiado a 3,25 dólares el galón (3,78 litros).
El también secretario general del Sindicato Único Nacional de los Trabajadores de la Industria de la Construcción y Similares, protagonista entre otros grupos de cierres viales y mítines la víspera, precisó que el gremio empresarial se resiste a la regulación de los precios, los eleva y amenaza con el desabastecimiento de alimentos y otros insumos en los mercados.
De otra parte precisó sobre los 170 medicamentos que el Ejecutivo anunció reduciría el 30 por ciento de su precio actual, es una medida insuficiente si se tiene en cuenta, dijo, que las distribuidoras obtienen hasta un 600 por ciento de ganancias.
El pueblo está resentido de mentiras y de no poder acceder a cosas básicas por eso volvió a las calles a reclamar justicia social, aseveró.
Señaló además que solicitarán al Procurador General de la Nación abra procesos contra los empresarios que acaparan alimentos en detrimento de la población, además de no acatar las disposiciones suscritas en la mesa.
Otros líderes populares exigen respuestas concretas del Ejecutivo, entre ellas la rebaja definitiva de la tarifa eléctrica, cuyo debate fue postergado por diferencias entre las partes y falta de voluntad política para reaccionar a lo que demanda el pueblo.
A juicio del coordinador del Frente Nacional de los Derechos Económicos y Sociales, Jorge Guzmán, es perjudicial la aparición en los medios de comunicación de representantes del Ejecutivo en la mesa que aseguran que han cumplido y que el pueblo no tiene derecho a manifestarse en las calles.
Para esos funcionarios, entre los que mencionó al viceministro de Desarrollo Agropecuario, Carlos Rognoni; y al director de la Caja de Seguro Social(CSS), Enrique Lau, “cumplir es firmar un acta dar la espalda y luego dejar que los empresarios hagan lo que les venga en gana”, agregó.
El gobierno sostiene por su parte, que no se justifican los cierres de carretera mientras se dan las conversaciones, las cuales se reanudan tras un receso de cinco días.
Los cuatro últimos temas pendientes de una lista de ocho considerados prioritarios tienen que ver con la rebaja de la tarifa eléctrica; la situación financiera del programa de seguridad social y de cómo enfrentar la corrupción.
El sector empresarial exige además ser incluido en el diálogo.
La víspera también se reunió el Consejo de la Concertación Nacional para el Desarrollo, establecido por ley, para discutir la situación que atraviesa el país a raíz del descontento social por el alto costo de la vida.
Al respecto, el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Rubén Castillo, afirmó que no se trata de un diálogo paralelo a la mesa que se desarrolla en Penonomé -donde se imponen criterios-, por lo que foro indicado es el de la Concertación Nacional, remarcó.
En esa cita, el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, cuestionó las manifestaciones callejeras del miércoles y adelantó que a través de una nota elevarán una propuesta al monseñor, José Domingo Ulloa, para llevar la mesa única del diálogo hacia el Consejo de la Concertación para el Desarrollo establecido en Panamá, cuando se esté en la segunda fase.
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