El gran desafío social y una condición para la paz en Colombia
Desde Bogotá
La promesa de una reforma agraria del nuevo gobierno de Gustavo Petro genera esperanzas en el movimiento social e indígena de Colombia. Y se puede avanzar cumpliendo con el Acuerdo de Paz entre el Estado y la guerrilla de las FARC, que establece un catastro multipropósito, la formalización de la propiedad de cerca de siete millones de hectáreas y la entrega de tres millones de hectáreas a pequeños y medianos productores.
El largo conflicto armado impactó en el campo, con el forzado desplazamiento de comunidades y la concentración de tierras. El gobierno de Petro cuenta con seis meses para elaborar el Plan Nacional de Desarrollo, en el que estará contemplada la reforma agraria y su proyecto de país. El presidente y la vicepresidenta Francia Márquez señalan que las organizaciones sociales deben ser las protagonistas de la discusión con el sector agropecuario, que seguramente opondrá resistencia. Hasta ahora, las mesas de discusión legitimaban los planes de las élites.
El Acuerdo de Paz firmado en La Habana funciona como marco normativo, explica Diego Carrero Barón, economista e investigador, docente de la Escuela Superior de Administración Pública. "El acuerdo de noviembre 2016 estableció que durante siete años se desarrolle un catastro multipropósito que determine la condición jurídica de las tierras, quénes son los propietarios, qué características tienen, cuánto valen. El 28 por ciento del territorio es un agujero negro, el 68 por ciento no está actualizado, la información catastral es vieja: se necesita información del mundo rural".
Entre el 2018 y 2022, gobierno de Iván Duque, el avance fue mínimo señala el investigador. "Ni el catastro ni la formalización de la propiedad avanzaron. Está en un mínimo todo. No hubo voluntad política. Se dispone de un 0,4 % del PIB colombiano para el catastro. El Acuerdo de Paz dice que se deben formalizar siete millones de hectáreas y entregar tres millones de hectáreas a pequeños y medianos productores".
El nuevo gobierno progresista se compromete a implementar el pacto con las FARC, que también incluye la puesta en marcha de 16 programas de la reforma rural integral y la reorientación de los programas de desarrollo con enfoque territorial que deben favorecer a 170 municipios afectados por las disputas de los grupos armados.
Dicho acuerdo de paz incluye otro factor que hace a la tierra: unas 99 mil familias firmaron el compromiso de abandonar el cultivo de coca (hay en Colombia 160 mil hectáreas de esa planta) y el Estado se comprometió a un programa de sustitución de cultivos.
Alimentos y energía
Para Jairo Estrada Álvarez, profesor del profesor del Departamento de Ciencia Política de la Universidad Nacional de Colombia, una reforma agraria es una medida a mediano y largo plazo que va de la mano de otras, también de alcance estructural. "La puesta en marcha de una reforma agraria integral, que concuerda con las disposiciones establecidas en el Acuerdo de Paz, debe ir acompañada de un proceso de descarbonización del régimen de producción existente en Colombia y el propósito de orientar la actividad agrícola hacia la producción de alimentos".
Sobre ésto último, Estrada Álvarez explica la urgencia de producir alimentos. " El país atraviesa por una situación de ausencia de soberanía alimentaria y de crítica seguridad alimentaria. Actualmente se importan más de 14 millones de toneladas de alimentos; se espera que como resultado de la reforma agraria el campo colombiano pueda orientarse hacia la producción de alimentos. En ese aspecto, deben destacarse dos cosas: la exigencia para que el latifundio improductivo, dedicado al pastizaje de ganado, se vea comprometido a mostrar productividad; y la idea también que las comunidades campesinas y de los pueblos indígenas y afrodescendientes sean partícipes directos de esos procesos".
Coincide Carrero Barón coincide en el enfoque y agrega datos. "Actualmente 20 millones de hectáreas son para producción agrícola: entre 6,5 y 7 millones se utilizan, pero 13 millones de hectáreas son improductivas pese a tener potencial. Por eso, en el centro del debate está transformar al campo: que se vuelva productivo, transformar los usos del campo. La reforma agraria se debe dar junto a la discusión sobre soberanía alimentaria y una transición energética".
En esa línea, el profesor Estrada Álvarez señala que es necesario redefinir el patrón energético sustentado en energía fósil. "La idea de una descarbonización de la economía supone habilitar las condiciones para transitar hacia otros tipos distintos de generación de energía a los predominantes en nuestro país basados en el carbón y en el petróleo".
Con todo, es evidente la expectativa en el mundo popular ante una reforma históricamente postergada. Como expresa Alberto Contreras, de Control Social Climático, acompañante de las comunidades indígenas Sikuani y Piapoco, víctimas de la guerra en la Región de la Orinoquía colombiana. "Hay gran esperanza con el nuevo gobierno y hay señales acertadas como el nombramiento de Giovani Yule en la Unidad de Restitución de Tierras. Esperamos que a la Agencia Nacional de Tierra lleguen personas consecuentes con la defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas".
Contreras agrega: "existe un proceso de recuperación de tierras. El Acuerdo de Paz tiene un capítulo étnico que reconoció que las víctimas indígenas sufrieron graves hechos como homicidios y reclutamiento forzado y por eso se les debe devolver las tierras ancenstrales. Las etnias de la Orinoquía sufrieron el despojo de 40 mil hectáreas de sus tierras ancestrales por extranjeros menonitas dedicados a la deforestación y a los monocultivos de soja y maíz. Al parecer, son parte de una estrategia de lavado de activos del narcotráfico y han ocasionado grave deforestación, daños en el Río Bucco y Rio Guarrojo, que afectan la seguridad alimentaria de los pueblos indígenas".
Sin duda, el movimiento social y popular que acompañó a Petro en la campaña estará esperando que las promesas de cambio se materialicen.
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