Es momento para cambiar, para devolver el carácter público y universal a la educación superior.
Las universidades públicas en el gobierno popular tienen la inmejorable posibilidad de recuperar su profundo significado como formadoras de conciencia crítica de la nación y de aprovechar su acumulado de experiencias, diagnósticos y proyecciones y juntar los esfuerzos de múltiples actores para formular con celeridad una política pública de educación superior, que incorpore la reestructuración del sistema universitario (SUE, CNA, CONACES, OTROS), establezca la financiación total de las universidades como ocurre con la educación básica y media, restaure el trabajo decente y formalizado para docentes y funcionarios, oriente las articulaciones entre nación y territorio y actualice las instituciones, a veces anquilosadas entre formalismos y tiranías, e impulse la entrada a las nuevas realidades y demandas sociales de ciencia, tecnología y humanismo para la vida con dignidad. Matrícula cero, ser pilo paga, préstamos bancarios de icetex, subsidios focalizados a la demanda y los artículos 86 y 87 de la ley 30 de 1993 como propósitos de modificación y la misma ley 30 en su integridad, suman a la lista de herramientas obsoletas, que requieren ser sustituidas. Es momento para cambiar, para devolver el carácter público y universal a la educación superior.
El direccionamiento vendrá desde el gobierno popular y a las universidades en su autonomía corresponde ratificar sus compromisos con la transformación social y aportes de alta calidad a la formación de unas culturas de paz y de ciudadanía para la democracia, con valores, actitudes y prácticas de tolerancia cero a toda violencia y respeto por los derechos y la dignidad humana. La política pública será reparadora del daño infligido por el conflicto armado, la barbarie y la seguridad democrática, que estigmatizaron, degradaron y metieron a las universidades en el juego sucio de los clientelismos. Será también un mecanismo para recuperar el prestigio, la reputación, las convicciones éticas de cada integrante de la comunidad universitaria y eliminar el riesgo de egos y vanguardias, oportunismos y fracasos, soberbias y mezquindades, que han alentado cierto empobrecimiento moral de las instituciones, sumidas en el temor a bloqueos y parálisis guiadas por intereses particulares de sectores que afectan sin reparo el bien común, pisotean con arrogancia al colectivo.
No es propicio ni legítimo para las universidades, que sus estamentos u organizaciones, pretendan que todos los faltantes históricos deban ser resueltos de inmediato, y amenazantes induzcan fracturas y recurran a presiones, a la manera de las que ocurrieron contra las políticas de menosprecio y muerte, que están en retirada como la doctrina de seguridad y la eliminación de discriminaciones. El contexto cambió, a las universidades corresponde adelantarse a los acontecimientos, usar su ciencia, su cultura, su potencia creadora y prepararse para defender las conquistas populares, que quedan a salvaguarda del gobierno. El gobierno recibió un país quebrado económicamente, debilitado socialmente, maltratado políticamente, con un déficit insuperable y una deuda impagable, inflación galopante, corrupción en impunidad, devaluación en la cima y miseria al máximo, que impiden suplir de inmediato las carencias como algunos esperan. Formular la política es la puerta de salida.
Las universidades públicas ya asumieron responsabilidades con el legado de la verdad y sus verdades propias podrán destituir el miedo, las humillaciones, las violencias, los chantajes de todo tipo y enseñara a tomar distancia de alianzas entre clanes de poder y universitarios, que produjeron daño, afectaron la gobernabilidad, chantajearon decisiones, impusieron orientaciones y provocaron dolorosas consecuencias como las ocurridas con la toma de los consejos superiores por grupos en alianza de empresarios, funcionarios, políticos y paramilitares que impusieron rectores y autoridades académicas o entregaron listas de estudiantes y profesores para ser asesinados o desaparecidos.
La autonomía universitaria, que hizo tránsito de las movilizaciones por derechos y libertades de 1968 en Francia y México promoviendo libertades políticas y civiles, reducción de desigualdades y cambios democráticos, fue incorporada en la ley 30 de 1993, pero quedo aprisionada por las “buenas intenciones” del crecimiento de cobertura con estáticas garantías y luego dramáticos procesos de aseguramiento de la calidad, y competencia por recompensas a instituciones de manera desigual que anularon la cooperación y la solidaridad propias del mundo del derecho a la educación. El ejercicio de la autonomía fue despojado de su carácter de derecho y convertido en libertad asociada a la gestión empresarial, con resultados de multiplicación del número de programas de pregrado que se elevó de cientos a miles y posgrados de decenas a centenas y la venta de servicios por consultoría socavando la esencia de la extensión originalmente orientada por transformaciones y vínculos sociales de compromiso y solidaridad. Las universidades públicas deslumbradas por el éxito y fácil obtención de recursos y con empujones del gobierno para ampliar coberturas hicieron ofertas sin límite y trataron de conquistar “nichos de mercado” momentáneo, sin medir consecuencias de largo plazo, que dejan un 70% del profesorado por fuera de las plantas docentes, más del 30% funcionarios con contratos precarizados y la mitad del presupuesto necesario para funcionar incluidos salarios a cargo de la autofinanciación, más el acumulado de desfinanciación global que supera 18 billones de pesos.
Es momento para que el proyecto político cultural de las universidades se afiance con la formulación de una política integral para la educación superior que supere la idea de que la ley 30 es la política. Es momento de juntar esfuerzos hoy para diseñar el futuro y sacar a la universidad del debate envenenado de emociones, falsificaciones y distorsiones provocadas por grupos de poder hegemónico en espera, y en su lugar acercarla al proyecto democrático en construcción. Las formas de organización, modos de acción, ideas que circulan, métodos de enseñanza, autores de referencia, modelos curriculares, formas de decisión, fórmulas de designar autoridades, vínculos con la sociedad, actores representativos, actuación de los actores, organización y agendas de movilización e inclusive los imaginarios de la sociedad sobre las universidades públicas están cambiando y es imperativo que las universidades acaben con su resistencia a hacerlo, es inevitable ponerse en modo cambio.
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