La Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomienda a México mejorar la prevención y atención del desplazamiento forzado interno.
La relatora especial sobre los Derechos Humanos de los Desplazados Internos de las Naciones Unidas, Cecilia Jiménez-Damary, presentó un informe preliminar con recomendaciones al Gobierno de México. Este 9 de septiembre, concluyó su visita para atestiguar la situación del desplazamiento forzado interno en el país.
El informe de la Relatoría hace énfasis en la falta de un registro oficial de las cifras, mientras que estiman unas 400 mil personas desplazadas, de las que un 40 % son indígenas. Una situación que estiman multifactorial y que llaman a prevenir y enfrentar con el reconocimiento y garantía de aplicación de los derechos humanos de las personas desplazadas.
Desde la década de 1970, en México se ha dado cuenta de casos de desplazamiento forzado interno, pero no fue hasta el 2019 que el Gobierno reconoció oficialmente la existencia y gravedad del fenómeno, aunque aún no existe un marco legal que garantice los derechos de las víctimas. Desde entonces en varias ocasiones el Gobierno federal ha reiterado su compromiso.
La relatora destacó la disposición del Gobierno de México para recibirlos e hizo énfasis en la importancia del papel de las organizaciones civiles y las personas desplazadas en el entendimiento y la atención del fenómeno.
Sara Morales Gallego, Ciudad de México.
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