Para Amnistía Internacional la sentencia es una "esperanza en la lucha contra la impunidad"
"Ni cien años hubiesen reparado lo que él hizo", dijo Fabiola Campillai, activista y actual senadora que sufrió el impacto de una bomba lacrimógena durante las protestas de 2019.
Un tribunal chileno condenó a 12 años y 183 días de cárcel al excapitán de Carabineros Patricio Maturana, declarado culpable de disparar una bomba de gas lacrimógeno contra la ahora senadora independiente Fabiola Campillai durante las protestas de fines de 2019. Según el veredicto condenatorio, decidido de forma unánime el pasado primero de septiembre, Maturana fue el autor del disparo que causó "las gravísimas lesiones" que dejaron sin visión, gusto y olfato a Campillai y la obligaron a someterse a diversas cirugías de reconstrucción facial.
"Ni cien años hubiesen reparado lo que él hizo", dijo Campillai luego de conocer el veredicto final contra Maturana. Por su parte, Amnistía Internacional (AI) Chile señaló este miércoles que la sentencia dictada contra el expolicía es una "esperanza en la lucha contra la impunidad".
"Su propósito fue hacer daño"
El dictamen de la jueza Marcela Nilo estableció hace más de un mes que la intención de Maturana "no fue usar el arma para dispersar o disuadir a la muchedumbre, sino que su propósito fue hacer daño". En el proceso judicial se estableció que el ahora exoficial disparó el proyectil a una distancia de 50,6 metros y en un ángulo muy inferior al exigido por los reglamentos y protocolos internos de la institución, y contrario al recomendado por el propio fabricante de la munición.
El tribunal, que reconoció la irreprochable conducta anterior de Maturana, determinó que en las circunstancias en las que ocurrió el hecho no se justificaba su actuación, ya que los manifestantes no generaban problemas con el tránsito ni representaban un peligro para terceros.
Maturana, detenido y formalizado el 28 de agosto de 2020, fue dado de baja por Carabineros por no socorrer a la víctima. El juicio se inició el diez de mayo de este año. El exagente también fue condenado a inhabilitación absoluta y a pagar los costos del juicio.
En julio de 2021, la Fiscalía se enteró que el acusado no reportó que tenía una cámara GoPro al momento del incidente, tras lo cual endureció su postura y solicitó prisión preventiva. Y si bien esta fue concedida el 26 de julio del 2021, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la cautelar apenas cuatro días después.
Ese mismo mes Campillai presentó una acción judicial contra el fisco exigiendo una indemnización de dos mil millones de pesos chilenos (2,23 millones de dólares) por daño moral, pero a principios de agosto el Consejo de Defensa de Estado solicitó rechazar la demanda. Ante el rechazo de la justicia la militante social declaró: "No hay suma de dinero que supla o compense cabalmente el dolor".
De activista a senadora
Su popularidad y reconocimiento la motivaron a presentarse como candidata a senadora de un distrito de la capital a las elecciones parlamentarias de noviembre de 2021. Salió elegida con la primera mayoría como candidata independiente, sin apoyo de partidos ni listas parlamentarias, y logró derrotar a figuras emblemáticas de la política chilena.
Luego de conocer la resolución, la senadora Campillai afirmó: "Estoy feliz. Son 12 años los cuales va a pagar por lo que me hizo, por haberme cegado y quitado mi vida. El llamado es a nuestros compañeros a no bajar los brazos. Hay justicia para todos". La senadora agregó: "Gracias a mi pueblo que nunca nos ha dejado, nunca nos ha soltado las manos para seguir luchando. Siempre ha estado ahí cuando los he necesitado o cuando mis compañeros los han necesitado. Les doy las gracias a todos y a cada uno".
"Grave violación a los derechos humanos"
El director ejecutivo de AI Chile, Rodrigo Bustos, celebró la decisión del tribunal chileno: "En un contexto en que ha habido menos de un uno por ciento de sentencias condenatorias respecto al total de denuncias, esta condena constituye un paso importante para avanzar en verdad y justicia para las víctimas de violaciones en derechos humanos que se cometieron tras el estallido social".
"De todas formas insistimos en la necesidad de esclarecer la responsabilidad de los altos mandos de Carabineros, considerando que tales personas habrían, como mínimo, ordenado tácitamente o consentido la comisión reiterada de violaciones de derechos humanos", agregó Bustos.
"En esta materia, los estándares internacionales de Derechos Humanos han sido tajantes en exigir que el uso de la fuerza por parte de las policías en el control de las manifestaciones sea asumido como un último recurso, y que en cualquier caso se tienen que guiar por los principios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y responsabilidad", señaló la delegación chilena de AI en un comunicado.
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