Conviene recordar a los que tienen menos de setenta años que en la mañana del 17 de enero de 1966, un bombardero B-52 de la USAF que portaba cuatro bombas termonucleares colisionó con un avión cisterna durante la maniobra de repostaje en vuelo. Tras el choque, las cuatro bombas cayeron sobre la pedanía de Palomares (Almería) dos de ellas reventaron al impactar contra el suelo y liberaron la carga radiactiva que contenían que el viento se encargó de esparcir por los municipios de Cuevas del Almanzora y Vera.
Franco dio instrucciones de que se hiciese lo que ordenasen los americanos para “que se quedasen contentos” y lo que decidieron los americanos en connivencia con las autoridades españolas fue hacer un simulacro de limpieza y dejar esparcida la práctica totalidad del óxido de plutonio para poder investigar las consecuencias de la radiactividad en la salud de las personas, la fauna silvestre y doméstica y el medio ambiente en general. En aquella época la radiactividad era todavía un misterio.Para llevar a cabo sus planes, ambos gobiernos firmaron el Proyecto Índalo que ha estado vigente hasta fechas recientes.
Ambos gobiernos se pusieron de acuerdo en guardar el secreto, engañaron a la población y a la opinión pública y afirmaron con rotundidad que los terrenos habían quedado totalmente limpios de radiactividad y entregaron certificados falsos a los propietarios diciendo que sus fincas eran aptas para el cultivo con objeto de que, sin saberlo, realizasen labores agrícolas en un ambiente radiactivo para poder experimentar las consecuencias de la radiactividad sobre su salud. Esta pobre gente iba a Madrid una vez al año a la Junta de Energía Nuclear y luego al CIEMAT para ser estudiados, pero no les entregaban los resultados de los análisis.
Para poner en marcha este enorme laboratorio con seres vivos se desplazó a España el famoso Dr. Wright Langham, al que varios autores le han atribuido haber inyectado plutonio a dieciocho ciudadanos de EEUU sin su consentimiento. De este modo, la Junta de Energía Nuclear y posteriormente el organismo que la sustituyó, el actual CIEMAT, en colaboración con los EEUU, dispusieron durante muchos lustros de un laboratorio de cobayas humanas sin ellas saberlo. Dos magistrados de la Audiencia Nacional, en sentencia de la Sección Séptima de fecha 22 de junio de 2021, han calificado esta actividad ilícita como “laboratorio a cielo abierto”.
Entre las autoridades que contribuyeron al engaño figura el entonces ministro Manuel Fraga Iribarne que el 13 de febrero de 1966 declaró al periódico Arriba: “Puedo asegurar rotundamente que no hay en la tierra ni en el mar ningún tipo de contaminación”.
Los experimentos sobre la población perduraron durante muchos años con gobiernos de derechas y de izquierdas, hasta que surgió la burbuja inmobiliaria. La presión urbanística de principios de este siglo provocó que los intereses inmobiliarios prevaleciesen sobre los científicos y el Gobierno de Aznar decidió limpiar las tierras para poder urbanizarlas porque nadie compra un adosado con plutonio en el garaje.
Para iniciar las labores de limpieza el Gobierno publicó el artículo 130 en la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado del año 2003, facultando al CIEMAT para expropiar provisionalmente los terrenos radiactivos hasta que se procediera a su limpieza. Los planes para llevar a cabo la limpieza fueron declarados secretos para no alarmar a la opinión pública pues en esas fechas las autoridades seguían engañando a la población diciendo que no había radiactividad. Fue a partir del inicio de los expedientes de expropiación cuando ya no tuvieron más remedio que reconocer la existencia de la radiactividad.
A fecha de hoy ya están terminados todos los planes de limpieza, pero el Gobierno se niega a ponerlos en práctica bajo la disculpa de que en España no hay un almacén nuclear apto para guardar ese tipo de material radiactivo y que los EEUU deben llevarse el plutonio.
La propuesta de Ecologistas en Acción es que se construya un almacén temporal en Palomares y se guarden allí los residuos radiactivos a la espera de encontrarles un almacén definitivo que no tiene por qué estar necesariamente en EEUU, pero el Gobierno no acepta esta solución provisional que libraría de respirar plutonio a los habitantes de Palomares y a quienes transitan por la zona. Las fincas contaminadas están ahora valladas pero las partículas radiactivas no permanecen estacionarias dentro del perímetro, el viento, el agua y la fauna silvestre y doméstica las esparcen por todo el territorio.
Ecologistas en Acción ha presentado un Recurso de Casación ante el Tribunal Supremo pidiendo que se obligue al Consejo de Seguridad Nuclear a fijar un plazo para iniciar la limpieza de Palomares. El Tribunal Supremo acordó en abril dar por ultimado el procedimiento y dejarlo pendiente de señalamiento para dictar sentencia.
El Gobierno, temeroso de que el Tribunal Supremo ordene al CSN la limpieza sin que EEUU haya aceptado llevarse los residuos nucleares, ha recurrido a una estratagema acorde con el nivel de desarrollo democrático del país. Si leen la Disposición Final Primera del Real Decreto-Ley 6/2022 que modifica la Ley 25/1964, de 29 de abril, sobre energía nuclear, verán que de forma sibilina se retiran las competencias al CSN y al CIEMAT para limpiar Palomares y se las trasladan al Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO) aprovechando que hay otras cinco zonas radiactivas que no tienen regulación.
El MITECO no ha participado en absoluto en el asunto de Palomares en sus 56 años de existencia por lo que tendrá que partir de cero y cumplir todos los requisitos expuestos en la citada Disposición Final, lo que supone retrasar sine die la limpieza de Palomares con la imposibilidad de obligar judicialmente a este Ministerio para que señale plazo para la limpieza porque ya ha dicho que antes tienen que cumplirse todos esos laboriosos trámites. Con esta argucia el Gobierno ha garantizado que Palomares seguirá radiactivo muchos años más.
Al ir dirigido el Recurso de Casación contra el CSN, el Abogado del Estado ya ha alegado que se archive la causa porque el organismo competente para ordenar la limpieza ya no es el CSN sino el MITECO. Ha sido una maniobra maestra que se pondrá en conocimiento del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, si el Tribunal Supremo y el Constitucional aceptan esta artimaña del Gobierno para hacer perder el pleito a Ecologistas en Acción fuera de los cauces jurisdiccionales.
Durante la fase de convalidación del citado Real Decreto-Ley, la Federación de Ecologistas en Acción-Almería se ha dirigido por carta a todos y cada uno de los parlamentarios exponiéndoles la jugada gubernamental y explicando que: “No hace falta modificar el texto puesto que en las otras cinco áreas contaminadas no se ha hecho nada para limpiarlas y se pueden regir por esta modificación de la Ley de Energía Nuclear para iniciar las labores de limpieza, pero Palomares ya tiene todo ultimado para descontaminar y el cambio de competencias supone que el MITECO debe de empezar de cero. Se puede mantener el texto actual de la Disposición Final Primera, pero añadiendo un párrafo que puede tener una redacción similar a esta: Respecto al área contaminada por radiactividad de Palomares, el CIEMAT y el Consejo de Seguridad Nuclear seguirán manteniendo sus atribuciones actuales, correspondiendo al Consejo de Seguridad Nuclear el señalamiento de plazo para iniciar la limpieza”.
Sus señorías no se han dignado ni siquiera a contestar a la carta y la tropelía ha sido convalidada por el Parlamento. El único parlamentario que ha tenido la educación de responder ha sido un diputado de Ciudadanos por Jaén.
Los constructores permanecen a la espera de poder echar cemento a la costa desde los inicios de la burbuja inmobiliaria. A la vista de que los EEUU no se va a llevar el plutonio y el Gobierno va a ganar el pleito en el Tribunal Supremo han decidido no seguir esperando y van a construir 3.500 viviendas en la playa de Quitapellejos, donde se bañó Fraga en 1966.
Esa zona no está vallada, pero eso no significa que no haya radiactividad, no sólo porque las partículas radiactivas salen de la zona cercada sino porque en esa playa estuvo instalado el Campamento Wilson en 1966 donde diariamente se limpiaban con agua los vehículos contaminados de los EEUU. Lógicamente el agua arrastraba las partículas radiactivas al subsuelo donde permanecen desde entonces. Les va a ser difícil a los constructores “colocar” 3.500 viviendas en esa zona máxime cuando no todos los suelos radiactivos están vallados.
La Federación de Ecologistas en Acción-Almería ha presentado una queja en el Parlamento europeo enumerando las zonas contaminadas existentes fuera del vallado. La más peligrosa es la ubicada en la acera de los números impares de la Calle Diseminado la Punta donde hay una contaminación brutal de americio 241.
José Ignacio Domínguez, Foro Milicia y Democracia.
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