Unos días atrás se hacía pública la 5ª edición de la lista que elabora el Institute for Crime & Justice Policy Research1, sobre los datos a nivel mundial de mujeres y niñas encarceladas en 221 países. El dato que más llama la atención y que resulta alarmante es que mientras el incremento de la población masculina reclusa a nivel mundial crecía en un 22% desde el año 2000, la población femenina lo hacía en un 60%. Esto supone que en total hay más de 750.000 mujeres y niñas encarceladas en todo el mundo, que representan casi un 7% de la población penitenciaria mundial.
Dos países se llevan la palma en cuanto a números: Estados Unidos de Norteamérica y China, que, entre ambas potencias, implican casi el 50% de todas las encarceladas. Pero los países que más encarcelan, es decir, aquellos que tienen un mayor número de reclusas por cada 100.000 habitantes, son los EE.UU. (64), Tailandia (47), El Salvador (42), Turkmenistán (38), Brunei Darussalam (36), Macao China (32), Bielorrusia (30), Uruguay (29), Ruanda (28) y Rusia (28).
En los Estados Unidos, un 40% de las mujeres están presas por delitos relacionados con las drogas y un 34% por delitos no violentos como el robo, hurto o el fraude. Además, en este país, el racismo institucional encarcela más a mujeres afrodescendientes, ya que el 30% de todas las mujeres presas pertenecen a esta minoría mientras son sólo el 13% de la población general.
Tailandia, país donde se establecieron los estándares internacionales en derechos humanos para reclusas conocidas como Reglas de Bangkok, parece que hacen caso omiso a las mismas. Un 60% de las presas están en la cárcel por distribuir drogas en pequeña cantidad, una consecuencia devastadora de la llamada “guerra contra las drogas”.
En El Salvador, un 52% de las mujeres presas cometieron ofensas menores relacionadas con drogas y un 32% delitos menores contra la propiedad, como robo, hurto, fraude. Son jefas de familia, provenientes de sectores pobres y marginalizados, únicas proveedoras de su núcleo familiar, y encargadas de velar por el cuidado de sus hijos/as y otras personas bajo su responsabilidad. Cuando salgan de la cárcel lo harán más pobres de lo que entraron, perpetuando un círculo vicioso de pobreza y encarcelamiento.
En la mayoría de los países, además, es alto el porcentaje de mujeres que están presas a la espera de juicio y que aún no han sido declarada culpable de un delito. Su detención es un resultado de los múltiples niveles de discriminación, desigualdades y privaciones generadas por los sistemas de opresión capitalista, colonialista y patriarcal.
La “guerra contra las drogas” perjudica sobre todo a las mujeres empobrecidas y racializadas que ven cómo se convierten en un fácil objetivo de la persecución selectiva policial y consecuente encarcelamiento. Y, al contrario de lo que se alardea, es sabido que esta política tiene cero incidencia en la distribución y el consumo y unos costes económicos y sociales alarmantes2. Ese incremento desproporcionado de mujeres encarceladas por delitos relacionados con las drogas debería hacernos reflexionar sobre el fracaso de esta política punitivista y los costes que supone.
Las Reglas de Bangkok, que mencionamos anteriormente, se refieren a los estándares en derechos humanos que deben cumplirse respecto al encarcelamiento femenino, pero también a “medidas no privativas de libertad para las mujeres delincuentes”. Estándares mínimos que muchos países están aún lejos de alcanzar.
Según estas Reglas, los Estados deberían reforzar la capacidad administrativa y financiera para establecer un sistema nacional de medidas de no-custodia, creando estructuras y mecanismos para implementar alternativas al encarcelamiento, incluyendo la justicia restaurativa y la resolución alternativa de conflictos. Por su parte, las autoridades judiciales deberían tener en consideración el contexto y las atenuantes, como la ausencia de historial penal y la levedad relativa y el carácter de su comportamiento delictivo, teniendo en cuenta las responsabilidades de cuidado de otras personas de las interesadas y su situación particular.
Pareciera que este capítulo de las Reglas de Bangkok les ha pasado desapercibido a los poderes estatales y operadores jurídicos. Incrementar la aprehensión de mujeres por delitos no violentos no hace nuestras sociedades más seguras sino más inhumanas y desiguales.
Notas:
1 https://www.prisonstudies.org/research-publications?shs_term_node_tid_depth=27
2 https://desinformemonos.org/la-guerra-contra-las-drogas-es-una-guerra-contra-las-mujeres-pobres-y-racializadas/
Alicia Alonso Merino. Feminista y abogada de derechos humanos. Realiza acompañamiento socio-jurídico en cárceles de distintos países.
Fuente: https://desinformemonos.org/encarcelar-a-las-mujeres-no-hace-el-mundo-mas-seguro/
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