A más de un mes de la violenta represión de una protesta en Juliaca, que dejó al menos 17 muertos, los familiares de las víctimas exigen justicia.
Para las familias de la ciudad de Juliaca, en la región peruana de Puno, el pasado 9 de enero fue un día para no olvidar. Se trató de una jornada en la que perdieron a padres, hermanos e hijos, en una brutal represión policial que buscaba impedir que el aeropuerto de la urbe fuera tomado por los manifestantes que demandaban la salida de la presidenta Dina Boluarte.
Julia Pacci lo vivió en carne propia. La víctima cuenta que estaba lavando ropa en su casa, cerca del aeropuerto, cuando salió de su hogar para atender a los manifestantes que pedían agua. Fue entonces cuando una bala perdida le alcanzó el cuello.
Raúl Samillán perdió a su hermano Marco Antonio, un estudiante de Medicina, que ayudaba a los heridos de la represión, cuando fue alcanzado por las balas. Raúl llegó junto con otros familiares a Lima para pedir justicia.
El uso de la fuerza por parte de los agentes fue desproporcionado. Para comprobarlo, el sacerdote Lucho Rojas recolectó solo una parte del material bélico usado en la represión de la protesta del pasado 9 de enero.
La masacre de Juliaca ha sido uno de los más trágicos incidentes desde que las protestas iniciaron en Perú, el pasado mes de diciembre. La Amnistía Internacional (AI) acusa a los agentes de Estado de utilizar balas reales de forma indiscriminada y en algunas ocasiones hacia objetivos concretos, matando o lesionando a transeúntes, manifestantes y quienes prestaban primeros auxilios a personas heridas. Y lamenta el lento proceso de investigación para esclarecer los hechos.
mrg
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