Presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso (centro), dirige reunión del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, Quito, 27 de abril de 2023 (Foto: AFP).
Ecuador declara “terroristas” a los miembros de grupos del crimen organizado, lo que les permitirá a las fuerzas del orden perseguirlos con “mayor libertad”.
El Consejo de Seguridad Pública y del Estado cursó la medida el jueves en una reunión encabezada por el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso.
El secretario de Seguridad, Wagner Bravo, justificó la decisión con el argumento de que Ecuador se percibe como Estado “débil”. “Actualmente, estamos viviendo un ataque indiscriminado del crimen organizado, que nos ha visto como un país débil”, dijo.
Según el Gobierno de Lasso, con la entrada en vigor de la iniciativa, las fuerzas de seguridad podrán enfrentar a las bandas del crimen organizado sin tener que esperar la declaración periódica de estados de emergencia que les otorgan poderes adicionales y limitan algunos derechos ciudadanos.
¿Lasso intenta combatir el crimen organizado o darse un baño de popularidad?
Los grupos criminales de Ecuador tendrían vínculos con el cartel de Sinaloa y el cartel de Jalisco Nueva Generación, ambos en México, y están librando una sangrienta guerra por el poder en las cárceles y en las calles del país suramericano.
Los enfrentamientos entre reclusos han dejado más de 420 presos muertos desde 2021, mientras que fuera de los centros penitenciarios, la tasa de homicidios se ha duplicado, muestran cifras oficiales.
Desde que asumió el cargo en mayo de 2021, Lasso ha decretado estados de emergencia para movilizar a los militares a las calles e implementar toques de queda ante los altos índices de criminalidad.
Según el ministro del Interior, Juan Zapata, hay más de 13 grupos del crimen organizado en Ecuador, algunos con varios miles de miembros.
Pero, el mandatario también tiene acusaciones de delitos. El 30 de marzo, la Corte Constitucional de la Nación falló a favor de permitir que la Asamblea Nacional procesara a Lasso por hacer la vista gorda ante la corrupción y le dio al organismo 45 días para completar el proceso.
Lasso niega las acusaciones y ha amenazado con tomar represalias con una cláusula constitucional aún no utilizada que disolvería el Congreso —muerte cruzada—, y abriría paso a elecciones tanto para el Poder Legislativo como el Ejecutivo, antes de las fechas previstas para 2025.
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