“El agro hondureño enfrenta problemas que demandan soluciones estructurales; focalizar las intervenciones del Estado en los efectos o manifestaciones de estos problemas aleja las soluciones”
Pedro Marchetti, economista, padre jesuita y uno de los fundadores del Movimiento Campesino del Aguan (MCA).
Después de tres (3) intentos fallidos por el gobierno para solucionar la crisis agraria en la zona del Bajo Aguan, donde se denunció la invasión de tierras por narcotraficantes y robo de la producción de palma africana por grupos irregulares donde participan también “falsos” líderes campesinos según el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), la presidenta de la República, Xiomara Castro, creo la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra en el marco de una reunión del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS), lo cual ha sido cuestionado por organizaciones defensoras de derechos humanos, ya que las acciones pueden afectar derechos adquiridos por grupos campesinos y pueblos étnicos sobre la tierra y denunciados por los empresarios como invasores, al privilegiar el empleo de la fuerza policiaca.
En el comunicado la presidenta Castro destaca como justificación el fracaso de las políticas agrarias que han empobrecido el agro y generado inseguridad alimentaria frente a un grupo de “empresarios” que han gozado de privilegios y exoneraciones otorgados por el Estado; no obstante la importancia del sector agrícola para la economía del país, cuya tasa de crecimiento anual se ha estancado o retrocedido. Para la presidenta, la Reforma Agraria es un asunto pendiente, pero la promulgación de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola (LMDSA) no ha permitido al Instituto Nacional Agrario (INA) entregar y legalizar tierra “nueva” a favor de los campesinos y comunidades étnicas.
Para la academia, ello implica una revisión de marco jurídico-institucional, o sea de la LMDSA y demás leyes, decretos ejecutivos y acciones conexas, ya que se constituye en el principal freno para el desarrollo del agro. La LMDSA es el principal instrumento del programa de Ajuste Estructura Agrícola (PAEA) aprobado en el gobierno de Rafael Leonardo Callejas en marzo de 1992, o sea hace más de 30 años. No obstante, para organizaciones agrarias e incluso diputadas de la oposición política en el Congreso Nacional, el gobierno no ha dado señales por evaluar el impacto de esta Ley en el agro, como paso previo para una reforma profunda o derogación.
En el gobierno del presidente Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009), con un Congreso Nacional en contra, se optó por la vigencia de un decreto (18-2008) para eliminar la mora agraria, la cual creció después del golpe de Estado y que, de acuerdo al INA, es de 1,100 solicitudes de tierras, sumado a crecientes regularidades en el Instituto de la Propiedad (IP), donde existen varios dueños del mismo predio.
El mandato de la presidenta Castro para la Comisión de Seguridad Agraria y Acceso a la Tierra, es el siguiente:
- Elaborar decreto ejecutivo para ser discutido en el Consejo de Ministros, conteniendo las acciones y estrategias ordenadas en esta Resolución, y elaborar proyectos de Ley para ser sometido a discusión y aprobación del Congreso Nacional, para dar respuesta a la problemática de la mora agraria y las demás resoluciones y reformas de Ley que correspondan a ese Poder del Estado, para el logro de la seguridad agraria y el acceso a la tierra.
- Incluir en el proyecto de Ley, la conciliación de justiprecios pendientes de pagos del decreto 18-2008, y asegurar la titularidad de la tierra y los grupos ocupantes, de acuerdo con los procedimientos contenidos en los expedientes de Ley.
- Incluir en el Proyecto de Decreto a presentar al Congreso Nacional, una sección que castigue la ociosidad, fomente y proteja la función productiva y de los bosques; el artículo 51 para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, debe ser reformado.
- Ordenar al Instituto de la Propiedad para que junto al INA procedan a realizar una investigación exhaustiva de las propiedades que tiene carácter legal en sus antecedentes registrales, pero que en su tramitación y adquisición tienen el carácter de ilegitimidad, concediéndole prioridad a la revisión de tierras denunciadas por los campesinos antes el Instituto Nacional Agrario u otras personas afectadas por esta situación irregular. Asimismo, se ordena a la Procuraduría General de la República en los casos que proceda, como consecuencia de esta investigación, incoar las acciones judiciales ante los tribunales competentes.
Se ha cuestionado por organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos agrupadas en la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguan (COPA), la Federación de Tribus Xicaques De Yoro (Fetrixy), la Central Nacional de Trabajadores del Campo de la Región Norte de Honduras, el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justica y el Bufete Estudios para la Dignidad, que el decreto aprobado se diera en el seno del CNDS, sin la participación efectiva de dirigentes campesinos no “contaminados y corruptos” y organizaciones indígenas. Igual, asignar un rol más protagónico a la empresa privada en el proceso, lo cual implica mayor efectividad en las órdenes de desalojo avaladas por la Corte Suprema de Justicia, aun cuando parte del proceso en muchos casos está viciado de nulidad.
La Comisión creada tiene el apoyo de la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, vista como una iniciativa importante que “fortalecerá “el estado de derecho y los DDHH, manteniendo los derechos de propiedad y facilitando el acceso justo a la tierra generará empleos, promoverá la seguridad alimentaria y beneficiará a todos en Honduras” (proceso digital, 6 de junio de 2023). Igual, el Consejo Nacional de Inversión (CNI) a través de su Directora, Jackeline Foglia, considera que la Comisión es una esperanza para la inversión, garantizando la seguridad jurídica y cumplimiento de las leyes sobre tenencia de la tierra y del Instituto de la Propiedad (ww.tnh.gob.hn. 9 de junio de 2023).
Ni el sector privado agrupado en el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), ni la Embajada de Estados Unidos ni la Dra. Foglia, están pensando en derogación de leyes que “afectan” la inversión, caso de la LMDSA, por lo que el trabajo de la Comisión se centrará en tratar de revivir dos cadáveres (el INA y el decreto 18-2008) y ejecutar órdenes de desalojo de las tierras ocupadas que, según los empresarios y el gobierno, suman más de 36,000 manzanas con daños a la producción y propiedad privada, pero también centenar de muertos.
El 15 de junio fue asesinado Oquelí Domínguez Ramos, defensor de los bienes comunales y ríos Guapinol y San Pedro en la Zona de Tocoa en el Bajo Aguan, hiriendo de muerte a su madre Catalina Ramos, sin que existan culpables. Hay evidencia, en esta zona, de varios asesinatos de dirigentes ambientalistas y bienes públicos, pero todavía la justicia está muy lejos de alcanzar a los autores intelectuales y ejecutores. El conflicto es por la posesión de la tierra, el bosque y los ríos, donde empresas mineras y de agro negocios tóxicos ignoran los derechos adquiridos por grupos campesinos y comunidades, y el sentido de pertenencia y uso de los bienes públicos.
En consulta con dirigentes campesinos de la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC) y del Movimiento Unificado Campesino del Aguan (MUCA), lo rescatable del decreto aprobado por la presidenta de la Republica es la “posible” reforma del artículo N.51 de la LMDSA, para permitir que los predios rurales que no cumplen la función social sean objeto de expropiación y adjudicación a los campesinos ( mayormente a las campesinas de honduras que demandan tierra para producir alimentos y no morir de hambre), cuando existan sobre techos agrarios (arriba de los permito por la ley agraria), y los predios se encuentren ociosos o incultos. La reforma conlleva además que los predios adjudicados a grupos y empresas campesinas no explotados de acuerdo a la Ley agraria, serán adjudicados a otros beneficiaros.
Ello implica la derogación de otros decretos o leyes conexas, como la Ley de Inversiones Agrícolas aprobada en el gobierno de Carlos Flores Facusse (1998-2001), que protege el sobre techo agrario con otorgamiento de certificados de inafectabilidad, y el decreto aprobado en el gobierno Juan Orlando Hernández (JOH) que permite a empresarios, ganaderos e incluso narcotraficantes comprar tierras del Estado (nacionales y ejidales) a 100 lempiras la manzana.
La presidenta Xiomara Castro hubiera aprobada una investigación sobre la evaluación de los resultados e impactos obtenidos con la LMDSA, ya que, su larga vigencia, ha generado un aumento de la concentración de la propiedad agraria con más pobreza, inseguridad y dependencia alimentaria, además de un creciente desplazamiento y migración campesina y étnica. Se ha denunciado por organismos defensores de derechos humanos que los desalojos de campesinos de las tierras puede darse incluso sin respetar los procedimientos establecidos y sin una valorización de fondo de los documentos que los acreditan como dueños de los predios. Lo mimo se dice de las ocupaciones de tierras en poder de comunidades étnicas, donde los títulos ancestrales se consideran no “validos”, aunque tengan soporte legal.
Las áreas forestales en ningún caso se considerarán tierras incultas u ociosas y, por lo tanto, no será objeto de afectación según artículo N. 51 de la LMDSA, pero no se legisla sobre los daños de la ganadería extensiva y la expansión de la frontera agrícola a costa de la destrucción del recurso forestal.
Tal como se hizo en el pasado, el Instituto Nacional Agraria (INA) con apoyo de la cooperación internacional debe ejecutar medidas alternativas para que los campesinos (as) puedan tener tierra donde edificar su casa, producir, alimentarse y vivir con sus familias. Una de ellas es el fondo de tierras (donde el Estado compra y recupera tierras a favor de los campesinos) Inicialmente se habló de 25 millones de lempiras, después 90 millones y hoy se habla de 300 millones de lempiras para desarrollar el plan piloto de fondo de tierras, que puede aumentarse con apoyo de la cooperación internacional y para beneficio mayormente de la mujer campesina.
El problema agraria amerita una propuesta de solución más planificada e integral, donde se reconozca y demuestre que la concentración de la propiedad, ociosidad y mal uso de la tierra es una de las principales causas de tanta pobreza, desigualdad, hambre y migración. Hay tiempo todavía para que estas soluciones se den, la Academia puede ayudar tal como lo hizo en el pasado. La presidenta Castro debe acercarse más a la Academia en este y otros temas de interés nacional.
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