El pasado 25 de abril, en una conferencia de prensa en Nueva York, el canciller ruso Sergei Lavrov fue consultado sobre la relación entre el gobierno de Vladimir Putin y el Grupo Wagner. El entrevistado no sólo no rechazó esta vinculación, sino que además acusó a las potencias occidentales por no transparentar sus estrechas ligazones con distintos ejércitos privados, varios de los cuales actúan de manera secreta en las fronteras con Rusia e, incluso, dentro de Ucrania.
En este sentido, y más allá del Grupo Wagner, lo cierto es que Ucrania se ha convertido en un territorio de alta participación de organizaciones militares privadas que responden a los Estados Unidos y, en general, a las principales potencias de la OTAN.
Para los gobiernos, los beneficios de utilizar este tipo de empresas privadas son claros. Sin la normativa legal que fija límites precisos a la actuación de los ejércitos regulares, las compañías privadas gozan de amplias libertades y muchas menos restricciones. Y las formalidades se vuelven más tenues cuando los contratistas son grandes corporaciones armamentistas interesadas en trasladar y probar nuevos equipos directamente en el terreno en el conflicto.
De ahí la ambigüedad frente a empresas que pueden convertirse en un poder en si mismas, que son prácticamente incontrolables desde el Estado central y que disfrutan de una amplia libertad de acción. Fue el caso de Blackwater, reconocida como una “organización paramilitar” íntimamente ligada con el poder político de los Estados Unidos y que llegaría a contar con más de 20 mil empleados en todo el mundo.
Sin embargo, fue a partir de 2007, cuando trascendió su responsabilidad en el asesinato de 17 ciudadanos iraquíes, que el crédito de Blackwater comenzó a agotarse. A partir de entonces, los gobiernos occidentales procuraron situar bajo las sombras los contratos con organizaciones militares privadas. O a rechazar su vinculación si finalmente ésta tomaba carácter público.
Desde compañías militares privadas hasta batallones de voluntarios extranjeros, o unidades de combatientes integradas en brigadas internacionales, estas organizaciones se nutren de veteranos de guerra, de exsoldados, o de simples activistas muchas veces pertenecientes a una ultraderecha radical que tienen en común su odio hacia Rusia. Prefieren ser considerados como profesionales de la guerra y bajo ningún concepto aceptan ser calificados como simples “mercenarios”.
En todos los casos las empresas privadas que combaten contra Rusia no escapan a las leyes del mercado, ofreciendo contratos basura y salarios mínimos a sus combatientes, reclutados en ámbitos como cárceles y centros de acogida de inmigrantes a partir de avisos colocados, por ejemplo, en TikTok, en Facebook y hasta en populares sitios pornográficos.
Atravesados por una lógica ultracapitalista, estas organizaciones aceptan pagos ya sea a través de bitcoins o utilizando plataformas como PayPal. Sin embargo, y para no dejar rastros en operaciones que pueden ser poco claras, muchas veces el pago se efectúa en efectivo.
La principal empresa bélica estadounidense durante el conflicto en Ucrania fue conocida como el Grupo Mozart, una denominación que surgió como un guiño al Grupo Wagner. Fue conformada por un exintegrante de las Fuerzas Especiales y, aunque actuó desde marzo de 2022, el emprendimiento se disolvió a fines de enero de este año por una pelea entre sus fundadores.
Las acusaciones no pasaron desapercibidas, ya que fueron desde denuncias por difamación, alcoholismo y amenazas a robo, al incumplimiento de regulaciones estadounidenses contra el tráfico de armas y acoso sexual.
Sin embargo, la denuncia que más repercusión generó fue sobre la opacidad sobre su propio financiamiento. Para recibir donaciones y eludir leyes impositivas, este tipo de entidades suelen promocionarse como “organizaciones benéficas” a partir de la promoción de actividades de “apoyo humanitario”, desminado, entrega de equipos, atención a heridos, formación médica, etc.
De hecho, el Grupo Mozart llegó a publicitarse como una ONG, una “start up militar” y hasta como un “ejército privado inteligente”…
Si bien el Grupo Mozart fue el más conocido y el que alcanzó una mayor estructura en territorio ucraniano, existen otros agrupamientos militares que actualmente están tratando de ocupar el espacio que esa empresa mantuvo hasta hace unos pocos meses.
La Trident Initiative Defense, integrada por veteranos de guerra británicos, y el Equipe Berlioz, conformado por exlegionarios franceses, encubren sus acciones gracias a sus muy publicitadas actividades de capacitación militar a los soldados ucranianos y a la atención de heridos en el frente de batalla. Los cuestionamientos también han estado presentes desde el inicio de sus actividades.
El Back Yard Camp-Skills to Defense montó un centro de entrenamiento militar en las afueras de Kiev. Los cursos son impartidos por formadores estadounidenses, estonios, israelíes y franceses. El centro es frecuentado por las fuerzas especiales ucranianas, pero también por combatientes del “Batallón Azov”, uno de los principales cuerpos militares vinculados a la ultraderecha ucraniana.
El Defense Support Group es una empresa conformada en Ucrania, pero bajo la dirección de dos exmilitares estadounidenses con experiencia de combate en Afganistán, Irak, Bosnia, Kosovo y Congo. Según se promociona, esta organización se dedica a la capacitación de soldados ucranianos y a la población civil ucraniana.
Por supuesto, este listado no agota la gran cantidad de empresas militares privadas creadas para contrarrestar la presencia rusa en Ucrania. A las ya mencionadas, procedentes de Estados Unidos, Reino Unido y Francia, se deben agregar unidades militares alemanas, como Global.AG Security & Communication, y hasta estonias, como Iron Navy.
Y eso, sin olvidar la actuación de Academi, la empresa sucesora de Blackwater, que a partir de 2014 destinó una creciente cantidad de soldados contratados por el gobierno ucraniano para coordinar operaciones de guerrilla en contra de los separatistas prorrusos en la región de Donetsk.
Por lo visto, el conflicto en Ucrania también contempla a las organizaciones militares privadas que responden a los gobiernos y a los intereses de la OTAN.
En todo caso, las potencias occidentales deberían rendir cuentas por sus acuerdos, públicos pero también ocultos, con aquellos ejércitos privados que, desde hace varios años, se nutren de valores ultranacionalistas y que intentan encubrir sus actividades, mayormente ilegales, bajo la sorprendente fachada construida por sus presuntas labores formativas y humanitarias.
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