El pasado mes de diciembre se celebró el 75 aniversario de la Declaración universal de los derechos humanos, aprobada en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y que han suscrito ya más de 150 países.
La declaración fue redactada después de la devastación de la II Guerra Mundial para impedir en el futuro crímenes contra la humanidad como los que sucedieron durante esa guerra. Consta de 30 artículos, redactados por una pequeña comisión, que intentó reflejar en ella puntos de vista capaces de representar a la humanidad más allá de sus propias culturas.
En la página web de las NU se recoge el testimonio de uno de aquellos comisionados después de su aprobación: “se había alcanzado un consenso con respecto al valor supremo de la persona humana, un valor que no se originó en la decisión de un poder temporal, sino en el hecho mismo de existir.”
Una declaración muy ambiciosa pero que no contaba con los poderes establecidos, o reales como decía el comisionado, para impulsar su cumplimiento.
Y efectivamente, a día de hoy, la aplicación de estos derechos es muy escasa. El informe de Amnistía Internacional de 2022 advierte incluso del “deterioro” en el respeto de los derechos humanos en los últimos diez años y destaca algunas de las situaciones más relevantes de su vulneración.
Entre otras, se señala la invasión de Ucrania que ha sembrado la devastación militar en el país causando miles de víctimas mortales, heridos, infraestructuras arrasadas y una crisis alimentaria y energética que afecta especialmente a las naciones más pobres y colectivos más desfavorecidos ; la guerra de Etiopía que se cobró cientos de miles de vidas ; la crisis climática, que ha causado inundaciones, sequías, olas de calor e incendios que provocaron muertes, pérdida de viviendas y medios de subsistencia y una creciente a inseguridad alimentaria, sin los dirigentes mundiales tomen las medidas necesarias para detener su causa principal, la producción y el uso de combustibles fósiles, atentando contra los derechos de toda la humanidad actual y de las generaciones futuras ; el acaparamiento de vacunas para el COVID de los paises mas ricos, que contribuyó a intensificar la desigualdad ; el doble rasero de Occidente por el clamoroso silencio ante las violaciones de derechos humanos cometidas en Arabia Saudí y Egipto ; el sistema de apartheid en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados y la expulsión de personas palestinas de sus hogares para ampliar los asentamientos ilegales.
A ello hay que agregar el nulo respeto a los derechos de las personas LGTBIQ en muchos lugares, en 11 países del mundo la homosexualidad se castiga con pena de muerte y hay hasta 67 estados que la declaran ilegal. O, cómo no, que la mitad de la población mundial, todas las mujeres, estén en situación manifiesta de desigualdad con respecto a los hombres.
Por último AI advierte de que es prioritario contar con un orden internacional basado en unas normas que se apliquen de manera efectiva y coherente en todos los lugares y no solo donde les interese a las grandes potencias.
En lo que se refiere a España, el informe de AI los hechos sucedidos en la frontera de Melilla, en la que las autoridades españolas y marroquíes emplearon fuerza ilegítima y cometieron actos que podrían ser constitutivos de tortura y otros malos tratos para reprimir el intento de un numeroso grupo de personas de entrar. Al menos 37 personas murieron y más de 470 fueron expulsadas ilegalmente ; las muertes de 49 mujeres a manos de su pareja o expareja; la insuficiencia de recursos para proteger el derecho a la salud, especialmente en la atención primaria; la falta de una investigación adecuada de las muertes de personas mayores en residencias durante la pandemia del COVID; la negación a miles de familias del derecho a una vivienda adecuada en los 29.285 desahucios entre enero y septiembre ; y la pobreza energética que afectó al 14,3% de la población que no podía permitirse mantener su casa a una temperatura adecuada. En el barrio de la Cañada Real, en Madrid, 4.500 personas, entre las que había1.800 menores de edad, seguían viviendo sin acceso a electricidad tras ser desconectadas de la red en 2020 a pesar de la recomendación del defensor del Pueblo de que se restableciera la conexión. Por último, el informe subraya que 5.829 muertes se atribuyeron a las altas temperaturas, los incendios destruyeron 259.491,42 hectáreas, 3 veces más que en el mismo periodo de 2021, pero las emisiones de dióxido de carbono en 2021 se incrementaron un 5,1% respecto al año anterior.
Por otro lado, señala el informe, que se ha mejorado la situación de los derechos humanos en España por:
- El reconocimiento del derecho a la autodeterminación de género
- La Ley de garantía integral de la libertad sexual, que ha reformado el Código Penal redefiniendo el delito de violencia sexual basándose en la falta de consentimiento.
- La nueva Estrategia de Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2022-2026, aprobada en diciembre de 2021 tras una larga interrupción de 15 años.
La denuncia del doble rasero con los derechos humanos que hace AI merece profundizarse. ¿Cómo es que la invasión de Ucrania movilizó de inmediato una respuesta militar y económica de Occidente,y de la Corte Penal Internacional, mientras que otras invasiones y guerras con miles de víctimas no han suscitado ninguna reacción?
¿Será que las intervenciones y las fuertes reacciones de las potencias coinciden con puntos donde se juegan sus intereses económicos o geopolíticos? Obviamente sí.
La distorsión que ha supuesto la utilización del concepto de los derechos humanos nos ha hecho sospechar cuando en algún país en conflicto se pide la intervención externa por motivos de «derechos humanos». En su nombre se han producido intervenciones militares que han bombardeado países, invadido territorios, causado daños irreversibles para la población civil… ¿para proteger los derechos humanos? Nadie lo cree.
Incluso las Naciones Unidas han enviado contingentes militares a países en conflicto que “supuestamente” necesitan una intervención para que se les “ayude” a su pacificación. Habría que preguntar a las poblaciones si perciben a esas tropas como ayuda o como invasión de su soberanía. Nosotros creemos que es más bien lo segundo. Mejor que se envíen médicos, medicinas, educadores, maquinaria, medios de transporte, semillas, tecnología para desarrollar los recursos productivos, etc. Esas intervenciones, aunque sean humanitarias, crean peligrosos precedentes y refuerzan un rol militar de las NNUU que va contra su propio fundamento. En las últimas décadas hemos visto demasiados ejemplos de cómo se ha utilizado el concepto de paz y solidaridad internacional para comprometer la soberanía y la autodeterminación de los pueblos.
Otro punto en el que deberíamos detenernos es en el cumplimiento de los conocidos como derechos sociales: el derecho a la asistencia médica, a la seguridad social, a la vivienda, a la alimentación, etc. Los artículos 23 y 35 de la Declaración. Son derechos que necesitan para ser efectivos, recursos de todo tipo. Seguramente, y así lo reconoce la Declaración, no contarán con las mismas posibilidades todos los Estados. Pero resulta de la lectura del informe que no se cumplen tampoco en los países más desarrollados y con más medios.
¿Cómo es que en España, que en los años 80 creó un sistema de salud capaz de atender con garantías a toda la población y hoy día, con un país más desarrollado, más tecnología, mejores infraestructuras, la atención médica pública es cada vez más escasa y deficitaria el personal médico se retira de ella? ¿Por qué el país más rico del mundo, Estados Unidos, no es capaz de garantizar a sus ciudadanos un acceso gratuito a la atención médica? Si sólo con una pequeña fracción de su gasto militar podría dar cobertura a medio planeta… no es por falta de medios, eso seguro. El asunto es que la guerra es un gran negocio, pero asegurar la cobertura médica a toda la población no. No da beneficios a las “companys” aunque toda la sociedad se beneficie de ella.
Se entiende esta paradoja enmarcando toda la situación en un sistema de economía libre de mercado. Su dogma principal es que el Estado debía ser lo más pequeño posible, y debe retirarse de áreas como la sanidad o la educación para dar libre entrada a las empresas privadas. A éstas no les interesa la universalización de los derechos sino la rentabilidad de sus inversiones, y concentran su oferta en los estratos sociales más ricos. Así, solo el 20 por ciento de la población disfruta de los eficientes y caros servicios que ofrecen estas empresas. Si profundizamos y persistimos en la universalidad e igualdad de los derechos humanos encontramos que no es posible en este sistema de economía libre de mercado, porque va en contra de los intereses del capital, aunque sus efectos serían muy positivos para el conjunto de la sociedad.
Hay que repetir esto: No es la falta de recursos el problema principal, es este sistema el que atenta contra la concepción universal e igualitaria de los derechos humanos. Es imposible avanzar en su aplicación efectiva si no se cuestionan los dogmas del capitalismo
Y el tema de su universalidad nos lleva a otro punto de interés, que también aquel comisionado señaló. ¿Estamos hablando de derechos que para ser vigentes dependen del poder establecido, o se trata de derechos como aspiraciones a cumplir?
Porque es la situación real de poder la que instala una determinada ley que a su vez legaliza el poder. Cuando las revoluciones del siglo XVIII y XIX instalaron en las Constituciones liberales los derechos a la igualdad ante la ley, a la libertad de religión o a la libertad de empresa, estaban legalizando una situación de preeminencia y primacía social que ya la tenía de hecho. Y las leyes antiguas que mantenían el viejo estatus ya chocaban entonces con el “sentido común” o con lo “razonable”. Pero cualquier ley tiene sus raíces en el pasado, y a él invocan para justificarse, bien sea la moral, la costumbre, la religión o el consenso social.
En este caso, como en el de todas las leyes, es una parte la que impone una ley sobre el todo. Es, en el caso anterior, la burguesía mercantil e industrial la que impone la ley que les conviene, frente a los intereses del proletariado o los antiguos altos estamentos. Una parte se impone sobre el todo social.
¿Y qué poder actual está interesado en la vigencia de unos derechos humanos universales e igualitarios? ¿La casta de los brahmanes, los accionistas de Wall Street, las empresas del IBEX 35, la oligarquía rusa o china? Es claro que esos poderes no van a trabajar por los derechos humanos. La vigencia de los derechos humanos solo depende del poder universal del ser humano. Tampoco se justifican en el pasado, no pertenecen a él. Como ha dicho Silo, “son aspiraciones que tendrán que cumplirse y convertirse en derechos.Están en el futuro, succionando la intencionalidad, alimentando una lucha que se reaviva en cada violación al destino del hombre. Tiene sentido toda reclamación que se haga en su favor porque muestra a los poderes actuales que no son omnipotentes y que no tienen controlado el futuro”
Hoy estamos en condiciones de acabar con el hambre en el mundo. Una porción del gasto militar bastaría para garantizar la salud, la educación y la calidad de vida de todos los habitantes del planeta. La crisis climática podría ser frenada gracias a la tecnología. Nos encontramos en un momento histórico en el que por primera vez se pueden resolver estos problemas. Y, sin embargo, la mayoría de la población mundial mira con temor y desesperación a su futuro. Esta paradoja se comprende al enmarcar toda la situación en un sistema de economía libre de mercado. Un sistema en el que el ser humano no es el valor principal. Por lo tanto, si decimos defender y reclamar el cumplimiento de los derechos humanos, tendremos que reclamar con todas nuestras fuerzas el fin de este sistema cruel que tiñe todo.
Rebelémonos contra el dolor y el sufrimiento en la sociedad humana. Hagamos, para empezar, que se cumplan los derechos humanos ya.
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