Los representantes de los Gobiernos de Argentina y de EE.UU., así como el embajador estadounidense, Marc Stanley (izda.), en la firma del acuerdo.
La Argentina de Javier Milei da luz verde al despliegue de militares de EE.UU. para que controlen la ruta fluvial más importante del país austral.
La Administración General de Puertos del Estado de Argentina (AGP) y el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos firmaron un acuerdo recientemente, según el cual, tropas norteamericanas estarán estacionadas en la Vía Navegable Troncal, la vía fluvial más vital que conecta los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay.
El secretario de Empresas y Sociedades del Estado de la Jefatura de Gabinete de la Nación, Mauricio Gonzalez Botto; el embajador de EE.UU. en Argentina, Marc Stanley; el interventor de la AGP, Gastón Benvenuto; y el representante del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE.UU., Adriel McConnell, suscribieron el documento.
El embajador de EE.UU. elogió la decisión del Gobierno de Milei, afirmando que el acuerdo “es un ejemplo perfecto de cómo nuestros países pueden conectar a expertos técnicos para mejorar la gestión de su infraestructura crítica”.
En un comunicado de la embajada de Estados Unidos se apostilló que Argentina y Estados Unidos “comparten los objetivos de garantizar operaciones portuarias eficientes y transparentes de las vías navegables en medio de dinámicas ambientales cambiantes, incluidas las realidades del cambio climático”.
No obstante, es menester señalar que, a través de esa hidrovía, se ha incrementado el flujo del narcotráfico internacional, según denunció el extitular de la Federación Agraria Argentina, Pedro Peretti, citado por el mismo medio. “Es la vía principal por donde pasa la droga que llega a Europa”, dijo.
Esta ruta fluvial argentina es utilizada también para transportar más del 80 % de los productos exportables de la nación, como granos, harinas y aceites, entre otros, un mercado que es disputado principalmente por empresas de EE.UU. y China.
Tras conocerse la firma del acuerdo, la oposición argentina hizo sonar las alarmas y denunció que la iniciativa “atenta contra la soberanía nacional” y pidieron que el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, explique en el Congreso las implicancias del mismo.
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