Las protestas propalestinas en los campus universitarios de EE. UU. enfrentaron una brutal respuesta administrativa y policial. La creciente resistencia estudiantil en un contexto de autoritarismo y neoliberalismo puede removilizar una sociedad amenazada por la extrema derecha.
En memoria de Marilyn Young (1937-2017)
Y van a decir que estamos perturbando la paz. No hay paz. Lo que les molesta es que estemos interrumpiendo la guerra. (Howard Zinn, Boston Common, 1971)
Dos, tres, muchas universidades
Haciéndose eco de Benjamin Netanyahu, el presidente Biden acusó a las protestas en Colombia de antisemitas y a sus manifestantes (en lugar de a la policía antidisturbios) de causar «violencia», «destrucción» y «caos». Patrocinada por Ritchie Torres (demócrata de Nueva York) y Mike Lawler (republicano de Nueva York), la legislación propuesta, la Ley Columbia, que cuenta con apoyo bipartidista en la Cámara de Representantes, crearía una comisión federal en el Departamento de Educación para certificar a los «monitores de antisemitismo». Aquellos, contratados por las mismas universidades, emitirían informes trimestrales sobre el progreso de las universidades estadounidenses hacia los objetivos de «antisemitismo», que ahora incluirían cualquier crítica a Israel, de la cual dependería la financiación federal. La Cámara dictaminó que los eslóganes de protesta en apoyo de la liberación palestina son discursos de odio, antisemitas y, por lo tanto, criminales. En el Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), un firme representante de los intereses de Israel, los llamó «terroristas».
Cuando falla la autocensura en las universidades —lo cual, como observó Edward Said hace treinta años, es raro—, la censura abierta toma el relevo. Esa es la lección de las recientes audiencias y eventos en el Congreso en universidades estadounidenses desde el 7 de octubre. Entre los republicanos y muchos de sus colegas demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado, así como entre los donantes multimillonarios pro-Israel, las administraciones universitarias están ahora atrapadas en los cuernos de un dilema: temen y detestan a los estudiantes ( y, en algunos casos, a sus profesores), pero sin ellos no pueden dirigir el gran negocio de las universidades, es decir: el dinero y la política.
En la madrugada del 17 de abril, el mismo día en que el presidente de la universidad dio testimonio en la Cámara de Representantes, los estudiantes de Columbia montaron un campamento en solidaridad con Gaza frente a la Biblioteca Butler, al día siguiente el presidente envió a la policía de Nueva York a arrestar a los estudiantes. A los profesores del Senado Universitario que se oponían a la violación de la política universitaria por parte de Columbia el 18 de abril, cuando la administración llamó por primera vez al Departamento de Policía de Nueva York, se les dijo que debido a que Columbia se encuentra en estado de emergencia, las políticas de la universidad fueron suspendidas y reemplazadas por nuevas políticas ad hoc, que incluían la circulación de panfletos escritos para amenazar, hostigar e intimidar con suspensión, arresto y expulsión a los manifestantes estudiantiles que acamparon en el césped frente a la Butler el 29 de abril. Al caer la noche, desesperados, un pequeño grupo de manifestantes «autónomos», tal vez varias docenas de ellos, se apoderaron de Hamilton Hall (como ya habían hecho los estudiantes en 1968, y luego en 1985, contra la Sudáfrica del Apartheid), lo rebautizaron como Hind’s Hall (en honor a Hind Rajab, una niña palestina de seis años a la que las FDI mataron a finales de enero) y desde la ventana del segundo piso izaron una pancarta con la inscripción «Liberación, educación».
Por supuesto, no podía durar, pero nadie estaba preparado para la rapidez, la exageración o el rigor de la respuesta político-policial-administrativa. En la noche del 30 de abril, en una conferencia de prensa, el alcalde de Nueva York, Adams, que había visitado a Netanyahu en Tel Aviv en agosto, destacó el papel decisivo y la amenaza de los «agitadores externos», así como la importancia del trabajo antiterrorista y de inteligencia –en coordinación con la administración de la Universidad de Columbia, que también había llamado al FBI y contratado a investigadores privados– para identificar que los supuestos «agitadores profesionales» no eran estudiantes. Las emisoras locales de todo el país repitieron el guión, como si estuvieran en la pista, tal como lo hicieron después del 11 de septiembre y la «guerra global contra el terrorismo». Esto es una reminiscencia de las cruzadas anticomunistas de J. Edgar Hoover durante la Guerra Fría, así como de las supuestas armas de destrucción masiva de Irak.
El caso ilustra cómo el juego entre la extrema derecha y los liberales centristas conduce al autoritarismo de corte fascista, y no solo en Estados Unidos. Adams encontró ecos en medios de comunicación «liberales» como CNN y MSNBC, así como en Fox News –y, sobre todo, en el Capitolio– sugiriendo que Hezbolá y Hamás tienen agentes encubiertos en los campamentos universitarios. Netanyahu y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel están de acuerdo. A una profesora sustituta de Columbia, Rebecca Weiner, consejera adjunta de la unidad antiterrorista del Departamento de Policía de Nueva York, fundada con la ayuda de la CIA y que cuenta con una oficina en Tel Aviv donde se entrena con las FDI y adopta sus tecnologías como oficial de control de multitudes, Adams le dio crédito. Y dijo que la policía encontró folletos anti-americanos en los acampamentos – una muestra clara de la presencia de ideologías radicales. Pero la muestra despierta sospechas.
Con campamentos por todas partes, se llevaron a cabo redadas policiales casi simultáneas en varios campus de Estados Unidos entre el 30 de abril y el 3 de mayo. En NYU, Columbia, CUNY-CCNY, así como como en UT-Austin, UT-Dallas, Emory, USC, UCLA, UCSD, Emerson, Darthmouth College, Northeastern, University of New Hampshire, UMass-Amherst, George Washington University, University of Chicago, Washington, Arizona State University, University of Arizona, University of Wisconsin-Madison, Ohio State University e Indiana University (en ambos había francotiradores en los techos), University of Virginia, Virginia Tech, Portland State University, State University of New York-Stony Brook y Cal Poly-Humboldt, como mínimo, la policía actuó violentamente contra personas pacíficas y desarmadas. Hasta el 3 de mayo se produjeron 2,400 detenciones. En la Universidad de Washington, un profesor de historia del sur de Illinois, Steve Tamari, fue golpeado hasta quedar inconsciente y luego hospitalizado, por el pecado de filmar a los policías mientras atacaban. En la misma protesta, Jill Stein, candidata presidencial por el Partido Verde, fue agredida, arrestada y acusada de agredir a un oficial de policía. Tiene setenta y cuatro años. En el Dartmouth College, la policía antidisturbios derribó dos veces a Annelise Orleck, historiadora del trabajo y jefa del departamento de Estudios Judíos, le obstruyeron las vías respiratorias, la arrestaron y llevaron a la cárcel. La Rectoría le prohibió la entrada al campus. Orleck, de sesenta y cinco años, trabaja allí desde hace treinta. La universidad se niega a retirar los cargos. A juzgar por lo que el gobernador de New Hampshire relató con respecto a las medidas represivas en la UNH, así como en Dartmouth, donde noventa personas fueron arrestadas, agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional han estado coordinando con la policía de la ciudad, el estado, el condado, las carreteras y el campus contra lo que el gobernador Sununu, republicano e hijo de un ex gobernador republicano, llamó «antisemitismo puro». El gerente del municipio de Durham, donde está la UNH, dice haber encontrado folletos como evidencia de «agitadores foráneos».
En cuanto a los derechos de los palestinos en Gaza, la defensa de la primera enmienda de la Constitución se ha convertido en un crimen bajo sospecha de «terrorismo», pero hay impunidad para los manifestantes pro-Israel. En la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA, por sus siglas en inglés), un grupo de manifestantes proisraelíes atacó violentamente el campamento de solidaridad con Gaza el 30 de abril. La policía tardó en responder y luego los dejó ir. Poco después, atacaron a periodistas del periódico universitario. En una operación durante las primeras horas del 2 de mayo, por el contrario, cientos de policías antidisturbios y de carreteras del Departamento de Policía de Los Ángeles dispararon balas de goma, gases lacrimógenos y granadas aturdidoras que hirieron en la cabeza a varios manifestantes; disolvieron el campamento y arrestaron a más de doscientas personas, entre ellas unos veinte maestros, por cargos desconocidos. Dos docenas de personas fueron hospitalizadas. El gobernador demócrata Gavin Newsome es el responsable. Los profesores se expresaron con cartas de repudio a la administración de la UCLA y a la Junta de Regentes de la Universidad de California, comprometiéndose a proteger a los estudiantes de la violencia de la policía y de los sionistas fuera de la comunidad universitaria, es decir, ¡los verdaderos «agitadores foráneos»!
El 25 de abril, en CCNY, la principal universidad pública de Nueva York, los estudiantes parcialmente protegidos por el profesorado expulsaron a los principales agentes de policía de Nueva York que supervisaban las redadas en su campus en la isla del Alto Manhattan. CCNY y CUNY, que sirven a la clase trabajadora y a los jóvenes inmigrantes de la ciudad, han estado durante mucho tiempo a la vanguardia de la lucha por la educación pública. El 30 de abril, sin embargo, el NYPD ocupó el CCNY como un ejército, derribó los campamentos y detuvo a los manifestantes; el 23 de abril, irrumpió en el campamento de la Universidad de Nueva York en Gould Plaza en el bajo Manhattan, arrestando violentamente a más de 120 personas por «allanamiento de morada», incluidos algunos maestros que intentaban ingresar a la oficina. Al igual que el ataque del 18 de abril a Columbia, el pretexto utilizado el 23 de abril en la Universidad de Nueva York fue que eran «agitadores externos». Los acampamentos fueron construidos de nuevo en NYU y la New School y en la madrugada del 2 de mayo, el NYPD los destruyó utilizando el mismo pretexto, lo que resultó en más de cuarenta arrestos. Dicen haber encontrado folletos.
Con docenas de vehículos cuasi militares y cuadras enteras cerradas, cientos de policías moviéndose en formación se apoderaron de CUNY y Columbia, brutalizando a todos los que se interponían en su camino, más en CUNY y menos en Columbia. Dicen haber encontrado folletos. Columbia permanecerá ocupada bajo bloqueo policial hasta el 17 de mayo, y la ceremonia de graduación cancelada. Entre Columbia y CCNY, el Departamento de Policía de Nueva York arrestó a 282 manifestantes el 30 de abril. Algunos en Columbia enfrentarán cargos penales. El Departamento de Policía de Nueva York dice que alrededor del 30 por ciento de los detenidos en la Universidad de Nueva York no son estudiantes sino «actores externos», mientras que en CCNY, la tasa sería del 60 por ciento. También esperan que creamos que algunos de ellos son yihadistas. Stanford envió una fotografía de un presunto «terrorista» al FBI. Pero todavía no tiene ninguno con nombre propio, solo fantasmas.
La Universidad de Nueva York, Columbia, Stanford y otras están administrando actualmente una especie de estado carcelario y policial de carácter público-privada en lugar de una universidad, cobrando a los clientes (es decir, a los estudiantes) por el privilegio de estar allí. En Columbia, los estudiantes pagan 90.000 dólares al año, además de los gastos de viaje. Su dotación es de 13.600 millones de dólares. En la Universidad de Nueva York (82.000 dólares al año, más viajes, 5.900 millones de dólares de dotación). Un estudiante postdoctoral ha sido suspendido por retirar un cartel pro-Israel, mientras que los estudiantes y profesores están bajo vigilancia constante y sujetos a un acoso administrativo implacable, con amenazas de despido o explosión. Uno de los de la junta directiva recomienda llamar al FBI. La orden es de autocensura y de silencio a gritos. Los cambios de política y las medidas disciplinarias se hacen por correo electrónico y, en Columbia, a través de panfletos amenazantes, a menudo anunciados ex post facto. Las decisiones se toman en secreto, sin transparencia ni rendición de cuentas.
En CCNY y Columbia, los profesores se mantuvieron firmes para proteger a los estudiantes y los derechos de la Primera Enmienda, y el senado universitario votó a favor de investigar al presidente obteniendo la promesa de que el gobierno no volvería a enviar al Departamento de Policía de Nueva York, lo que fue violado de inmediato. En la Universidad de Nueva York, el presidente esquivó el tema en el Senado y luego recibió el apoyo unánime del Concejo. Las cartas de condena de la Facultad de Derecho y el Centro de Juegos, cinco departamentos de Artes y Ciencias, así como el capítulo local de la Asociación Estadounidense de Profesores Universitarios, se tomarán en consideración junto con las cartas de apoyo a la represión, según el portavoz de la universidad. Desde el 4 de mayo, con su sindicato, UAW 2110, los estudiantes de posgrado se han declarado en huelga. Unos 110 profesores los siguieron.
El 11-S y la «guerra global contra el terrorismo»
Durante gran parte del siglo XXI, la libertad de expresión no ha sido tolerada en las universidades estadounidenses, y mucho menos en Columbia y la Universidad de Nueva York, ambas ultra-neoliberales, o en las cada vez más neoliberal en CCNY-CUNY, ni siquiera el autogobierno de la facultad. La educación superior pública gratuita era la norma en 1968, pero eso cambió en la década de 1980. Bernie Sanders intentó traerlo de vuelta en 2016 y 2020, sin éxito. No debe subestimarse el impacto de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y la guerra global contra el terrorismo que le siguió. Llevaron a la universidad neoliberal y corporativa a abrazar el estado de seguridad nacional iniciado durante la Guerra Fría. Para sus directivos, la universidad debe estar alerta ante la amenaza del terrorismo islámico, colaborar y contratar lucrativamente con el gobierno, la industria de la guerra y la tecnología de la vigilancia. Cualquiera que pensara lo contrario era un traidor en potencia. El patriotismo marcial, cuasi judeocristiano e islamófobo era casi obligatorio.
Inmediatamente después del 11 de septiembre, los movimientos antiimperialistas populares en Estados Unidos, como Al-Awda, coalición en apoyo de los derechos del pueblo palestino en Nueva York, colapsaron temporalmente bajo la presión de Donald Rumsfeld, Dick Cheney y la pandilla de Bush. Era una guerra permanente contra un enemigo indefinido, porque indefinible (léase: musulmán), que se enunciaba explícitamente como el horizonte estratégico del nuevo siglo. El ambiente era de mucho miedo y, en las universidades, de silencio. Netanyahu ayudó a formular el plan original antes y después del 11 de septiembre, reafirmando su centralidad para el imperio estadounidense. Desde esta perspectiva, ahora es Israel el que lucha contra el «terrorismo de Hamás» o el «terrorismo islámico». Esto había quedado claro desde el mismo 7 de octubre.
En el período previo a la segunda invasión estadounidense de Irak en marzo de 2003, sin embargo, la oposición dentro y fuera de las universidades estadounidenses creció y contó con las manifestaciones contra la guerra más grandes en la historia de Estados Unidos, especialmente en Nueva York. Estudiantes y profesores se manifestaron y organizaron. Con «Historiadores contra la guerra», reconocidos líderes de la oposición a Vietnam, como Howard Zinn y Staughton Lynd, regresaron a la escena pública.
Al igual que en las universidades estadounidenses donde los donantes demócratas se encuentran con los votantes demócratas, esta fue la guerra de Bush –la de Cheney y Rumsfeld, en realidad– después de las campañas de choque iniciales y de la declaración de la misión de Bush, cumplida el 1 de mayo de 2003. Casi todos los que estaban relacionados con las universidades –excepto los cristianos evangélicos, los miembros de la junta directiva y algunos donantes– despreciaban y se burlaban de Bush. Sin embargo, como demostró Trump, todo esto podría ser contraproducente para las propias universidades, a favor de los republicanos.
El movimiento «Boicot, Desfinanciación y Sanciones» se fundó en 2005 y se afianzó al final del segundo mandato de Bush. Sin embargo, durante los años de Bush, algunos académicos palestinos, iraníes, árabes, norteafricanos e incluso del sur de Asia han sido objeto de escrutinio y, en algunos casos, de sospechas y vigilancia. El profesor Norman Finkelstein expuso públicamente al profesor de Derecho de Harvard Alan Dershowitz (amigo y abogado del difunto Jeffrey Epstein) como plagiario y apologista de los crímenes de Israel en 2004. Dershowitz consiguió negar la titularidad de Finkelstein en la DePaul University (Chicago) varios años después. Finkelstein nunca volvió a encontrar un empleo académico: fue incluido en la lista negra y rechazado. Esto no fue casual, independientemente de los méritos de su enseñanza o de sus publicaciones. Escribió un libro sobre Gaza y otro sobre la libertad de expresión en el campus, en el que predijo que los estudiantes proisraelíes utilizarían el lenguaje de la seguridad y el daño para reprimir la libertad de expresión.
Pocos años después de que se le negara la titularidad al profesor Finkelstein, el profesor Aijaz Ahmad, de origen pakistaní con una posición en Delhi, fue destituido de su cargo como profesor visitante en York University (Toronto), luego de una década, por el simple pecado de haber escrito sobre la cuestión palestina. El presidente de la universidad le dijo en ese momento que la presión no venía de dentro de la universidad, sino de afuera. Tal vez de la familia Bronfman.
El caso más dramático, y tal vez emblemático, involucra a la Ley Patriota, el entonces Fiscal General de los Estados Unidos, John Ashcroft, y Sami al-Arian, profesor de ciencias de la computación en la Universidad del Sur de la Florida, que apoyó a Bill Clinton y trabajó en la Casa Blanca de Clinton, y que, debido a su trabajo caritativo y defensa de los derechos de los palestinos, estuvo bajo vigilancia federal después de 1993. Al igual que al menos otros quince líderes musulmanes de los esfuerzos caritativos y de socorro en los territorios ocupados, en 2003 al-Arian fue acusado falsamente de proporcionar «apoyo material» a los «terroristas» de la Yihad Islámica, despedido de su trabajo, recluido en régimen de aislamiento durante tres años y perseguido por los tribunales. Sin embargo, los fiscales federales no lograron condenarlo por un solo cargo. Las únicas pruebas presentadas consistieron en declaraciones públicas y escritos sobre la causa de la liberación palestina. En 2014, el gobierno retiró todos los cargos y al-Arian fue deportado a Turquía al año siguiente. (Hasta la fecha, su esposa, que visitó el acampamento en Columbia con sus hijas, es la única persona nombrada por Mayor Adams en conexión con supuestos «agitadores foráneos» y «terroristas».)
Tan pronto como Obama ganó las elecciones de 2008, las consecuencias de la crisis financiera se afianzaron, y con la austeridad a la orden del día para todos (excepto banqueros, inversores, alta tecnología y universidades privadas), la mayoría de las publicaciones y el activismo antiimperialista se atenuaron, incluso cuando Obama, con el apoyo de su secretaria de Estado, Hillary Clinton, intensificó los ataques con aviones no tripulados hasta el 1.000 por ciento, en lo que los estrategas de contrainsurgencia del Pentágono llamaron «Af-Pak», abriendo nuevos frentes en Libia, Siria, Yemen y Somalia. El Departamento de Justicia de Obama, por su parte, continuó torturando y encarcelando al profesor al-Arian, para luego deportarlo. Sin embargo, el BDS se extendió por los campus de Estados Unidos, y Estudiantes por la Justicia en Palestina ganó una voz y una presencia hasta entonces desconocidas a partir de 2009, tras la Operación Plomo Fundido de Israel en Gaza –cuando la SJP obtuvo una clara victoria de desfinanciación en el Hampshire College–, más concretamente después de la Operación Borde Protector en 2014. Los partidarios de la causa de la libertad palestina se han convertido en un gran enemigo de las administraciones universitarias, y han sido objeto de vigilancia e incluso persecución durante las administraciones de Obama y Trump.
Las protestas del Black Lives Matter estallaron en todo el país en 2014-15. Sus partidarios eran voces activas en apoyo de los derechos de los palestinos. Pero BLM nunca representó una amenaza real para la continuación de las políticas neoliberales de Bill Clinton bajo Obama, y mucho menos para la clase donante del Partido Demócrata. La tasa de desempleo de los negros aumentó durante la presidencia de Obama, pero aún así disfrutó del apoyo mayoritario de los afroamericanos. El 1% más rico se llevó el 121% de las ganancias reales después de 2009. Es decir, los ricos ganaron bien y los pobres perdieron, abandonados por el gobierno. Constituyen aproximadamente la mitad de la población. BLM tampoco representaba una amenaza para los negocios habituales en las universidades. En cambio, ayudó a transformar la ideología de diversidad, equidad e inclusión tan central para el neoliberalismo «realmente existente» en políticas más estrictas y restrictivas para mantener a las personas en línea con las pautas del Partido Demócrata. En estas universidades privadas casi no hay estudiantes pobres, ya sean blancos, negros, latinoamericanos o de otros países, a pesar de que son la población más numerosa del país. Estos becarios pueden sumar entre el 3% y el 5% de los estudiantes de la Ivy League. A diferencia de la liberación palestina, los administradores universitarios (los departamentos de recursos humanos, en particular) abrazaron BLM con un fervor casi evangélico, al igual que las fiebres religiosas que proliferan periódicamente en los EE. UU. Esto se duplicó o triplicó después de las protestas asociadas al caso de George Floyd.
Los disturbios relacionado con el caso de George Floyd en 2020 fueron impulsados por el «liberalismo militante» estadounidense basado en el reduccionismo racial. Por lo tanto, no desafiaron los principios básicos del neoliberalismo autoritario y corporativo del Partido Demócrata, razón por la cual personas como Jeff Bezos, CEO de Amazon, le dieron 100 millones de dólares al “activista” y comentarista negro de CNN Van Jones. Nadie hablaba de las guerras en Irak, Siria o Afganistán, de la desigualdad en términos de propiedad y riqueza, y del aumento de personas sin función económica productiva, por mencionar tres factores estrechamente relacionados con la brutalidad policial y el sistema penitenciario en general. Para los demócratas, las protestas de BLM y George Floyd, sin crítica sistémica ni horizonte estratégico, pero con espíritu emprendedor, ganaron votos de los más jóvenes en las elecciones de 2016 y 2020.
¿Idiocracia o democracia?
Nada de esto va a volver a suceder. El semestre de EE. UU. termina entre finales de abril y mediados de mayo y los estudiantes abandonan el campus a fines de agosto. ¿Por qué no esperar a que se vayan los campamentos? ¿Por qué no negociar y ofrecer concesiones simbólicas, al estilo Brown y Northwestern, para ganar tiempo? En su lugar, los altos directivos inventan nuevas reglas, a través de nuevos comités ad hoc que carecen de toda legitimidad. ¿Por qué tanta falsedad, brutalidad, autoritarismo e incompetencia? Lastimar a los estudiantes e incluso a los maestros, y en el caso de Steve Tamari, casi matarlos en nombre del estado de derecho, mientras otros se mantienen a salvo de amenazas fantasmas inexistentes, es retrógrado y criminal. Es demencial tratar a los estudiantes que practican la libertad de expresión y los derechos de reunión amparados en la Primera Enmienda como criminales, de hecho, como «terroristas», mientras que al mismo tiempo, con la complacencia de la policía, se permiten ataques físicos contra ellos por parte de grupos sionistas externos a la universidad, que recurren a métodos violentos que terminan quedando impunes.
¿Por qué nos mantenemos al día con algo tan orwelliano? Es como si estas universidades se hubieran convertido en máquinas demoníacas programadas para autodestruirse. Especialmente cuando censuran en nombre de la libertad de expresión y luego desencadenan la aplicación de la fuerza policial antidisturbios altamente militarizada en nombre de la protección de los estudiantes y la comunidad universitaria. Al igual que la política exterior de Estados Unidos, en la cúspide, sólo hay un escenario que es irracional y destructivo. La democracia es un anatema para el poder ejecutivo, legislativo, judicial y los funcionarios designados y no electos. Esto también es cierto para los administradores universitarios y sus donantes multimillonarios. Se espera que los maestros guarden silencio. Y por lo general lo hacen. Es «the cost of doing academic business» en los EE. UU.
Al igual que un esquema Ponzi, si los nuevos registros no aparecen cada septiembre con las tarifas proyectadas, las cosas se desmoronan. Al igual que con los puestos administrativos y los salarios como porcentaje de los gastos generales totales, la matrícula y las tarifas han aumentado drásticamente desde la década de 1980. Los salarios de los profesores se han mantenido constantes en términos porcentuales totales, pero hay muchos menos profesores titulares en comparación con los administradores actuales y/o en comparación con la década de 1970, cuando era exactamente lo contrario. Lo mismo ocurre con el número de profesores titulares en comparación con los no titulares. La educación, al igual que la atención médica, se volvió cada vez más corporativa y empresarial en estructura, gobernanza y ética durante la década de 1990.
Hay dos piezas clave en este rompecabezas. Tres cuartas partes de la facultad no son permanentes y, por definición, carecen de libertad académica. La pequeña, privilegiada y menguante minoría de profesores titulares no ha hecho nada para combatir esta tendencia. Como la mayoría de los sindicatos en los EE.UU., bajo Ronald Reagan, la AAUP ni siquiera podía defender los intereses de sus propios miembros. Tampoco el profesorado permanente participó en los esfuerzos de los sustitutos de la sindicalización. Por lo general, se beneficiaban de este sistema siempre que estaban de licencia por investigación o años sabáticos. Como resultado del egoísmo y la posición de estatus y de clase, junto con la erosión de la libertad académica, es poco probable que sobreviva la permanencia en el cargo, durante mucho tiempo, bajo ataques por parte de los republicanos y las administraciones universitarias.
Los últimos años, especialmente 2023, han sido testigos de una ola de activismo laboral y formación de sindicatos entre estudiantes de posgrado y profesores ocasionales. Dicha organización, dirigida por el Sindicato Internacional de Empleados de Servicios (SEIU), y de Trabajadores Automotrices Unidos (UAW), y en California, la Federación Estadounidense de Maestros, han estado en funcionamiento durante más de una década. Muchas universidades en los EE. UU. tienen sindicatos de estudiantes de posgrado y profesores ocasionales, así como negociaciones colectivas. Esta es una condición de posibilidad para redemocratizarlos y ganar derechos de libertad de expresión para segmentos clave (explotados) de la comunidad académica, que tienden a tener las perspectivas más radicales y cuyas voces han sido silenciadas durante décadas. Sus sindicatos locales han sido activos y, en algunos casos (como UAW 2710 en Columbia y 2110 en NYU), fundamentales para el éxito de las protestas universitarias.
La segunda pieza del rompecabezas es política, con una dimensión económica. En las cárceles estadounidenses, los mismos «patrones» dirigen las cosas y deciden quién vive y quién muere, tanto en la cárcel como en la calle. La clase de donantes formada por multimillonarios sionistas son los «patrones» de la política y la sociedad estadounidenses en general, incluyendo ahora a las universidades. Trabajando a través de políticos o miembros de la junta, así como por su cuenta, pueden despedir a la gente, incluso a los presidentes de las universidades, con amenazas de retener donaciones masivas libres de impuestos. Esto sucedió en Universidad de Pennsylvania y Harvard, dos de las universidades más antiguas y ricas del país, con dotaciones de 21.000 y 50.000 millones de dólares, respectivamente. Las administraciones universitarias responden a la clase donante y a sus representantes políticos, no a los estudiantes ni al profesorado. Las universidades se manejan como corporaciones cuyo deber es con los accionistas, es decir, la junta directiva y los grandes donantes de ex alumnos. Esta es la razón por la que los presidentes pueden verse obligados a dimitir, incluso cuando tienen un fuerte apoyo interno, como en Harvard, o, alternativamente, ignorar una oposición interna significativa porque tienen partidarios externos, como en Columbia.
En Columbia, el «patrón» es el demócrata Robert Kraft, dueño de los Patriots, equipo de fútbol americano de Nueva Inglaterra, quien tiene un centro que lleva su nombre en el campus, pero recientemente revocó una donación y retiró anuncios de primera plana contra el «odio antisemita», exigiendo «protección» para los estudiantes judíos, pero no para los estudiantes judíos que lideran las protestas, por supuesto. Pero a través del senado universitario, la facultad, en lugar de Kraft, puede destituir a la presidenta porque violó las reglas, procedimientos y protocolos de la universidad. En Harvard, el donante demócrata Bill Ackman tomó las decisiones que derribaron a la presidenta Claudine Gay por plagio, a pesar de que Penny Pritzker, ex directora de campaña de Obama que ocupó cargos de alto nivel en su administración, es la «patrona» en la junta directiva de la Corporación Harvard. Después de haber nominado a Gay, Pritzker la apoyó contra Ackman (quien, por cierto, está casado con una plagiadora israelí, profesora del MIT). Por lo tanto, vemos no solo una guerra partidista, sino también una guerra civil de bajo nivel entre los principales donantes demócratas, lo cual no le conviene al presidente Biden.
Desplazamientos tectónicos
Con donaciones masivas y libres de impuestos que ascienden a miles de millones e incluso decenas de miles de millones de dólares, estas instituciones se han convertido en universidades solo de nombre. Como decía el cartel de un estudiante de Chicago, «Northwestern = Hedge Fund» (14.100 millones de dólares de donación). La corrupción sistémica de la educación superior privada y la privatización de las universidades públicas, donde la matrícula y las cuotas son prohibitivas para la mayoría de los futuros estudiantes, han sido catastróficas para el ejercicio de los valores democráticos, llevando al colapso de la clase media. Al igual que la sociedad de la que forman parte, las universidades se han convertido en cascarones huecos de lo que eran en la década de 1990. Esta fue una estrategia deliberada: a mediados de la década de 1970, los republicanos nombraron a las universidades públicas y a la educación como fuentes de valores y actitudes antiautoritarios, dirigiéndolas hacia la destrucción. Ronald Reagan fue decisivo en esta transición.
Estados Unidos tiene todo lo contrario a un sistema democrático de educación superior pública. Esto sucedió mucho antes del 7 de octubre, de manera que cuando los presidentes de las universidades del MIT, Harvard, U Penn y Columbia fueron llevados ante el Congreso para rebajarse ante representantes escandalosamente ignorantes y beligerantes, no todos ellos republicanos, en audiencias que no se veían desde el macartismo en la década de 1950. Ya habían cortado la rama en la que debían pararse. Al igual que gran parte de la facultad, estas personas no tienen idea de lo que es la libertad de expresión, vital para una comunidad universitaria (o incluso para lo que es) y, por extensión, para una polis democrática; mucho menos contemplan un plan para defenderla de los bárbaros que, por primera vez, rompieron los muros de la base de donantes del Partido Demócrata, que es en lo que se han convertido las universidades privadas y las universidades públicas privatizadas como Berkeley o U-Michigan. Como dijo E.P. Thompson de sus colegas en la lucha contra el estado de seguridad de la Guerra Fría y la asociación universidad-empresa en Gran Bretaña, estas son las últimas personas a las que se debe confiar la libertad académica y de expresión.
Para confirmar esto, debemos mirar a los principales contribuyentes a la campaña de Obama en 2012: el profesorado, el personal, los estudiantes, los exalumnos y los administradores de UC Berkeley. Después de Microsoft, Google y el gobierno de los Estados Unidos vino la gente de Harvard, luego Kaiser Permanente (un conglomerado de atención médica) y luego la gente de Stanford. Las mejores universidades son, como afirman los republicanos, fábricas donde la ideología política del Partido Demócrata de diversidad, equidad e inclusión se produce en masa y luego se aplica, a través de los medios de comunicación, a las esferas cultural, artística, científica y académica, con el celo puritano del moralismo protestante. Los años de Obama fueron cruciales en este sentido. A través de las guerras culturales y el sionismo cristiano evangélico, los republicanos traducen esto en un número indeterminado de votos «anti-elitistas» de rabia. Todo esto ayudó a Trump a ganar en 2016.
En Capitol Hill, los presidentes de las universidades intentaron recientemente el tipo de colaboración bipartidista con los republicanos que ayudó a paralizar las presidencias de Clinton y Obama, cediendo en cada paso clave. Como señaló Trotsky, jugar bien con los fascistas rara vez funciona. Por otro lado, es difícil ver lo que los republicanos pierden al tomar la ofensiva. Al dividir a la base del Partido Demócrata contra el liderazgo y la clase de donantes sionistas a los que responde, los republicanos pueden estar apostando a que si Trump logra mantenerse fuera de la cárcel, se hará cargo de la Casa Blanca, siguiendo los pasos de Richard Nixon.
En 1968, un Partido Demócrata dividido le dio la victoria a Nixon, mientras que la mayoría de los ciudadanos estadounidenses apoyaron la guerra de Vietnam y se opusieron a los manifestantes. Ahora, la mayoría de los votantes de Biden quieren que termine el genocidio en Gaza y la mayoría de la gente en Estados Unidos apoya las protestas estudiantiles. No se repetirá lo de 2020. En todas las divisiones de edad, raza y género, la gente dice que las políticas de Trump son menos perjudiciales. Si los independientes, que suman el cuarenta y tres por ciento, y los progresistas, que representan quizás entre el treinta y cinco por ciento y siempre votan por los demócratas, se quedan en casa o votan por otro candidato, Biden estará en problemas con su base y, particularmente, con los votantes indecisos. El diez por ciento de los votantes de Biden en 2020 planean votar por Trump.
Según las últimas encuestas, si Biden gana, será porque la defensa del derecho al aborto movilizará a suficientes mujeres de los suburbios (en su mayoría blancas). La fallida estrategia demócrata de 2016 –en la formulación del senador Shumer (D-NY), el mismo que señala como «terroristas» a los estudiantes, «por cada demócrata de clase trabajadora que perdamos en el oeste de Pensilvania, tendremos dos republicanos moderados en los suburbios de Filadelfia, y eso se puede repetir en Ohio, Illinois y Wisconsin»– por la que los Clinton, Obama y la clase donante del Partido Demócrata aún no han aceptado su responsabilidad, es lo único que existe.
Entre el creciente bloque de delegados anti-Biden no comprometidos, la posibilidad de disturbios masivos durante el verano y los manifestantes que planean converger en Chicago para la Convención Demócrata en agosto, parece que se pueden repetir algunos aspectos de 1968, aunque es como si un LBJ apenas disminuido decidiera postularse para la reelección. El joven alcalde afroamericano progresista de Chicago, Brandon Johnson, tratará de evitar que el CPD se rebele contra los manifestantes pacíficos prohibiendo marchas y manifestaciones, o negándoles el permiso para manifestarse. Esto contrasta con el notorio racista Richard M. Daley, quien alentó, cubrió y defendió el motín policial –el veredicto oficial de la comisión federal que lo investigó– en agosto de 1968. Sin embargo, es posible que las decisiones sobre la vigilancia policial no estén completamente en manos de Johnson, ni siquiera del gobernador de Illinois, J.B. Pritzker, hermano de Penny Pritzker y vástago de una de las familias de donantes demócratas más importantes en lo que ha sido uno de los estados más corruptos de la Unión. No sería sorprendente que el Departamento de Seguridad Nacional, junto con el FBI y todas las fuerzas del orden disponibles, estén a cargo.
El factor humano: ¿la «revolución Intifada»?
Võ Nyugên Giáp, artífice de la Ofensiva del Tet a finales de enero de 1968, dijo que Estados Unidos nunca podría haber ganado en Vietnam, independientemente de su superioridad numérica, su tecnología o su potencia bélica: «Al final, el factor humano determinó la victoria». Los vietnamitas siempre estarían dispuestos a luchar y morir para defender a su país contra los invasores, y contarían con la la solidaridad del movimiento estudiantil en los Estados Unidos. El objetivo de la insurgencia del FLN indígena en el sur de Vietnam y del gobierno del norte en Hanoi era romper con la voluntad de continuar la guerra por parte del gobierno de EE. UU. La ocupación estudiantil del Hamilton Hall de Columbia en abril de 1968, en protesta por los contratos de defensa e investigación de la universidad con respecto a Vietnam; el racismo y la rapacidad hacia los residentes, en su mayoría negros pobres del vecino Harlem, así como el autoritarismo contra los estudiantes y la brutal retoma del edificio, cuyo saldo fue de 700 detenciones, fueron hechos captados en video. La protesta se extendió a escuelas secundarias y universidades de todo el país, terminando con la huelga nacional y la masacre de estudiantes por parte de la Guardia Nacional en Kent State, Ohio, en 1970, en protesta por la guerra en Camboya y Laos.
1968-70 fueron años de plomo, cuando la marea de la historia cambió. El axioma histórico del general Giáp no mutó en los años siguientes a las guerras de contrainsurgencia, dictaduras y apartheid: ni en Brasil, Bolivia, Chile, Angola, Mozambique, Nicaragua, El Salvador, Guatemala, Líbano, Sudáfrica, Colombia, Afganistán, Irak, Siria, Somalia, Cisjordania o Gaza, triunfaron a largo plazo los contrainsurgentes. El factor humano ha sido decisivo en las guerras, cuyas principales víctimas son las mujeres y los niños. Es por eso que los manifestantes corean: «solo hay una solución, la Revolución de la Intifada». Es por eso que un portavoz de Columbia declaró: «Enfatizamos que cuando se trata de genocidio, las cosas no pueden seguir como de costumbre».
Las redadas de la policía militarizada que traen la contrainsurgencia a casa no vencerán a los fantasmas del 68. Gracias a las organizaciones de estudiantes de pregrado (especialmente SJP) y a los sindicatos de estudiantes de posgrado y a los profesores ocasionales, ahora una minoría crítica de profesores, intelectuales, científicos, médicos, abogados, trabajadores técnicos y productores culturales de todo Estados Unidos se están movilizando, protestando y educando en defensa de los derechos de la Primera Enmienda sobre la libertad de expresión y reunión, y, por supuesto, en oposición a la financiación y complicidad en el genocidio del estado de Israel contra los habitantes de Gaza. Eso es lo que significa hacer historia, lo que significa ser más plenamente humano. Los estudiantes lo saben. Están educando a los educadores. ¿Podemos ver, después de unos cuarenta años de eclipse, el renacimiento de lo que Edward Said llamó humanismo y crítica democrática, o incluso el proyecto socialista revolucionario? La alternativa es el avance del fascismo estadounidense e israelí, independientemente de quién gane en noviembre.
Una versión resumida de este artículo, Ghosts of ’68, se publicó en Sidecar, blog de la New Left Review, y fue traducida por El Salto.
Forrest Hylton es profesor visitante de historia en el Programa de Pós-graduação em História, Universidade Federal da Bahia. Ha sido profesor visitante en Northwestern, catedrático y becario en Harvard, y profesor asociado en la Universidad de los Andes y la Universidad Nacional de Colombia-Medellín. Es autor de La horrible noche: El conflicto armado colombiano en perspectiva histórica (Universidad Nacional de Colombia, 2017) y con Sinclair Thomson, co-editor y co-autor de ‘Ya es otro tiempo el presente’: Cuatro momentos de insurgencia indígena (Muela del Diablo, 2003).
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