Por Miguel Ángel Ortega Lucas | 16/07/2024 | Ecología social, España
Fuentes: Ctxt
La explotación desaforada del territorio, la inoperancia de la administración y unas dinámicas caciquiles son los principales responsables del ecocidio en la mayor laguna salada de Europa.
El Mar Menor no es un mar en el sentido estricto. Ubicado en el sureste de la Región de Murcia, la topografía lo cataloga como laguna; en este caso, la laguna salada más grande de Europa, debido a sus 135 km cuadrados de superficie y 540 hectómetros cúbicos de capacidad. Esas dimensiones, junto a su vecindad con el Mediterráneo, cuyas aguas lo alimentan, hicieron que los lugareños lo llamaran “mar menor”, por contraste con aquel. Es un territorio insólito. Una albufera cerrada, salvo en tres enclaves que renuevan las corrientes, por la larguísima lengua de arena de La Manga, que cuenta así con dos costas muy próximas entre sí: una en el Mar Menor; otra en el “mar mayor”, o Mare Nostrum para los romanos.
Coronado aquí y allá por islas de tamaño variable –La Perdiguera, la del Barón, la del Ciervo…–, su orografía singularísima propició, en un proceso milenario, el desarrollo de un riquísimo ecosistema en que los flamencos y los caballitos de mar convivían con caracolas de un palmo de longitud. La alta salinidad otorgaba a sus aguas propiedades benéficas para la salud y una transparencia de cristal. Su oleaje casi inexistente y la poca profundidad, con un máximo de 7 metros en las zonas más abisales, que permite al bañista adentrarse a bastante distancia haciendo pie, hizo de él un lugar idóneo para las vacaciones de gente mayor y con problemas de movilidad, y para familias con niños pequeños, que pueden chapotear en él sin los peligros de las playas habituales.
Es un lugar “que te acuna”, dice Julia Albaladejo, nacida a sus orillas, en la localidad de Lo Pagán. Siempre fue común oír a los visitantes europeos hablar del Mar Menor como de un “paraíso”, extasiados ante sus atardeceres sigilosos, interminables, en malvas, rosas y añiles. Es en momentos como ése cuando, quienes lo llevan contemplando toda la vida, perdido ya el asombro, vuelven a mirarlo como por primera vez –como niños de nuevo–, y reparan de nuevo en lo que tienen. Y en lo que van teniendo cada vez menos.
Las causas por las que este entorno paradisíaco ha degenerado de forma trágica en las últimas décadas también son singularísimas: las del medioambiente (político, económico y social) de la Región de Murcia. Distintas razones, muchas aristas, intereses confluyentes, yendo a dar a un mismo pozo.
Julia Albaladejo es bibliotecaria; conocida en muchos círculos como “Julia, la del Mar Menor”, porque poca gente ha estado más implicada en la defensa de la laguna desde el puro activismo cívico. Pasando por las organizaciones ecologistas, Albaladejo es miembro de la Alianza por el Mar Menor (Amarme). Se sabe al dedillo la cronología de esta historia, que se remonta a los años cincuenta del siglo pasado: “Lo primero fueron las minas”. La zona minera entre La Unión y Cartagena, cuyas balsas y pozos no se sellaron debidamente tras el declive de esa industria; de manera que, cuando llovía de manera torrencial, los metales pesados iban a dar al Mar Menor.
Los años siguientes verían la transformación absoluta del entorno. También tenía intereses en la explotación minera la familia del empresario Tomás Maestre, quien se haría con la propiedad íntegra de La Manga, auspiciando allí un plan de construcción amparado por la Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional (1963) del gobierno franquista. Maestre contrató al arquitecto catalán Antonio Bonet para urbanizar La Manga y convertirla en un referente del turismo de alto standing, como se decía entonces, respetando sin embargo grandes zonas de playa virgen con un proyecto habitacional mucho más moderado de lo que finalmente fue (de no pretender rebasar las 60.000, La Manga acoge hoy alrededor de 300.000 personas cada verano). A rebufo de la crisis petrolífera de 1973, y de la derogación en 1975 de esa ley que le beneficiaba, Maestre –que ya había multiplicado su capital– empezó a pagar a los contratistas de las obras con terrenos, desvirtuándose del todo el plan de Bonet, y creándose un lobby de propietarios consagrados a lo que pronto se daría en llamar “cultura del pelotazo”, construyendo en La Manga con las mismas limitaciones con que lo hicieran los colonos del salvaje Oeste. [Esta información de La Verdad de Murcia recorre de manera sumaria ese historial urbanístico hasta la fecha.]
La presión abusiva sobre el territorio, tanto desde La Manga como desde otros puntos del Mar Menor, aceleró la pérdida de terreno de la laguna, reduciéndose en un 27% en los últimos cien años; debido, según el Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor (CACMM), a “la instalación de infraestructuras portuarias y arreglo de playas”. En un detallado informe de 2021, la organización ecologista Greenpeace aseveraba que el ensanchamiento y dragado del Canal del Estacio –la conexión de la laguna con el Mediterráneo ubicada en el centro de La Manga–, llevados a cabo entre 1972 y 1973 a la par que los puertos deportivos, aumentaron la renovación de las aguas, “reduciéndose la salinidad y bajando las temperaturas extremas”, lo que propició la aparición de praderas marinas “menos tolerantes a las condiciones ambientales originales”.
Dicho informe de Greenpeace se titula Mar Menor, una víctima del trasvase Tajo-Segura: señala lo que, según todos los análisis científicos acreditados desde hace décadas, ha supuesto la principal causa de los desastres naturales padecidos allí. No por el trasvase en sí, sino por el destino de esas aguas: dedicadas fundamentalmente a transformar la agricultura de secano del vecino Campo de Cartagena en regadío, lo cual lleva provocando una afluencia continua de fertilizantes al Mar Menor –por modificarse los sistemas naturales de drenaje del agua– desde mediada la década de los noventa.
La primera consecuencia de ello fue una invasión de medusas, algunas peligrosas, otras no; llegando en el verano de 1997 a la cifra de 40 millones según Greenpeace. Las medusas han sido un problema o no según el año. Lo que nunca dejó de llegar son los nutrientes usados para multiplicar las cosechas en el campo próximo.
El informe de Greenpeace ilustra bien por qué un ecosistema es, por definición, un organismo de interdependencias en el cual cada elemento resulta vital, literalmente, para el buen desarrollo del conjunto. Incapaces las praderas marinas de absorber tal cantidad de nutrientes, con la subida de la temperatura del agua a partir de 2014 proliferó el fitoplancton: la causa de que el agua tomara un súbito color verdoso en la primavera de 2016, la denominada “sopa verde”. Ésta, a su vez, limitaba el paso de luz a las zonas más profundas, impidiendo la fotosíntesis de la vegetación, que acabó muriendo; las bacterias de esa materia orgánica muerta consumen más oxígeno, lo cual provoca la muerte de otros organismos; por ejemplo, los que alimentan a los peces… Etcétera.
Entre septiembre y octubre de ese año, el Instituto Oceanográfico Español constató que se había perdido nada menos que el 85% de la extensión inicial de las praderas marinas. El fenómeno de la eutrofización había dado lugar a lo que el Comité Científico denominó “colapso ambiental”. Los nitratos presentes en el agua se habían multiplicado por 6 entre los años ochenta y la primavera de 2017. El Instituto Geológico y Minero de España (IGME) estimó que entre 2014 y 2016, sólo por la Rambla del Albujón –de caudal permanente de un tiempo a esta parte, cuando antes sólo fluía con grandes lluvias–, entraron al Mar Menor 3.300 toneladas de nitratos al drenarse el acuífero Cuaternario. Todo, según los expertos, debido a las escorrentías y flujos subterráneos procedentes del Campo de Cartagena producidos por el regadío intensivo. Pero no sólo: del total de nitrógeno recibido por ese acuífero, se calcula que el 17% es producto del sector porcino, debido a las 8.300 toneladas anuales de purines (orines de animal en el estiércol) dispersos sobre la superficie del mismo territorio.
De la inoperancia a la connivencia
Ésos fueron los fundamentos de la querella presentada por el fiscal superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, en diciembre de 2017, acusando a 34 personas –del Gobierno regional, de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) y de empresas agrarias del Campo de Cartagena– de delitos contra el medioambiente y prevaricación. Entre ellos el exconsejero de Agricultura del PP Antonio Cerdá (16 años en el cargo, de 1999 a 2015), los expresidentes de la CHS José S. Fuentes Zorita y María Rosario Quesada, y su comisario de Aguas, Manuel Aldeguera (luego director general de Agua de la Generalitat Valenciana). El proceso, aún por resolverse, reconocía, entre otras, las malas prácticas agrícolas de quienes arrojaban el rechazo de las aguas desalobradas (salmueras) al terreno.
Decía el fiscal en su escrito: “Pese al amplísimo régimen jurídico de regulación y protección, sorprendentemente y de forma reiterada a lo largo de los, al menos, últimos 15 años, ni se ha protegido al Mar Menor en los términos exigidos, ni se ha cumplido la normativa descrita en muchos supuestos: ni por los que han ejercido la principal actividad agrícola contaminante, ni sobre todo por las máximas autoridades competentes en velar por su correcta aplicación”.
Es decir: empresarios y altos cargos públicos regionales –éstos sobre todo, según el fiscal– sabían perfectamente lo que venía sucediendo durante “al menos 15 años” –en realidad son muchos más–, y aun así no hicieron nada.
Cómo pudo darse tal cosa es aquí la pregunta.
“Tenemos una región muy pequeña, donde una serie de señores muy poderosos hacen lo que quieren”. Ésa es la respuesta de Ramón Pagan, químico jubilado y uno de los precursores de la plataforma Pacto por el Mar Menor. Una asociación a la que el gobierno regional ha llamado, como al resto de organizaciones ecologistas, “agoreros” y “antimurcianos” por sostener lo que los científicos llevan décadas sosteniendo: “El Mar Menor era un sistema oligotrófico, sin nutrientes. Por eso el agua era transparente, puro cristal, híper salina. Tiene millones de años y ha superado muchas crisis. El problema ahora lo han generado la agricultura y la ganadería intensiva. Pero si no reconoces el problema, jamás, nunca, le pondrás solución”.
Pero “reconocer el problema” toca fibras muy delicadas. “A poco que trabajas en el tema”, dice Pagán, “te das cuenta de que son media docena de señores los que mueven los hilos de la política aquí. Todo se tiene que supeditar a ellos. En la ganadería está Tomás Fuertes, de El Pozo, que entre su empresa y filiales controla absolutamente todo el sector; las granjas dependen de una forma u otra de ellos. La agricultura, que antes era tradicional, de fincas pequeñas, cambió con la llegada del trasvase, y en los últimos años multinacionales españolas y extranjeras –Proexport, Grupo G’s…– se han hecho los amos del 80% del campo de Cartagena. El pequeño agricultor ha desaparecido por no ser competitivo con la agricultura intensiva. La mayoría ha terminado arrendando o vendiendo sus tierras a esa industria, o trabajando para ellos. Ahora hay un señor que ha comprado una cantidad enorme de terreno, Luis del Rivero” (ingeniero y empresario, expresidente del grupo Sacyr, directivo del Real Madrid e imputado en los casos Bárcenasy Gürtel).
Mencionaba el fiscal en su escrito el “amplísimo régimen jurídico de regulación y protección” del Mar Menor. Pero una cosa es que haya leyes y otra muy distinta aplicarlas. El historial de regulaciones para la protección de la laguna es –desde las primeras del PSOE a finales de los ochenta, que también quedaron sólo en buenas intenciones– un reguero de papel mojado por distintas aguas: “Con cada cambio legal dan una patada hacia adelante a las medidas necesarias”, explica el biólogo, coordinador de Ecologistas en Acción en Murcia, Pedro Luego. “La estrategia es: ‘Cambio la ley para fiarlo a una futura normativa, un futuro plan… hasta que llegue el momento en que se agote ese debate y luego haya otra renovación’…”.
También se dio un hecho deslumbrante tras el desastre ambiental de septiembre de 2019 (cuando las lluvias de una DANA y los consiguientes arrastres a la laguna provocaron una mortandad pavorosa entre la fauna y la flora del Mar Menor). El propio gobierno regional aprobó otra ley de medidas “urgentes”… al tiempo que la Consejería de Agricultura publicaba un boletín consistente en “recomendaciones” para que los agricultores siguieran haciendo lo mismo que hasta la fecha: “Un boletín para incumplir la ley”, resume Luengo. “Ése es el marco en el que nos movemos”. El de “una verdadera mafia”, apostilla Ramón Pagán, “llamada Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. Porque 12.000 hectáreas de regadío ilegal no nacen por generación espontánea. Si, cuando aparecieron las primeras 500, se les expropia y se les pone una soberana multa, no hubiéramos llegado a esto”.
Desde que en 1995 ganara la presidencia de la Región de Murcia el popular Ramón Luis Valcárcel –sillón que ocupó durante 19 años– con el lema Agua para todos, la cuestión de los trasvases ha sido el comodín mágico de ese partido en Murcia. Para una parte notable de la población, aún hoy, el PP de la era Aznar fue el responsable de que “llegara el agua”, enfrentándose a los gobiernos, socialistas entonces, de Castilla La Mancha y Aragón, contrarios a los trasvases desde el Tajo y el Ebro. Resultando el popular lo que podría resumirse como “el partido del agua”, lo presida quien lo presida. De lo cual se infiere que todo aquel que cuestione en Murcia los trasvases es partidario del desierto. (Prueba de esto es que la oposición apenas se atreve a meterse en ese charco, a pesar de que tal postura no les ha ayudado a salir de la irrelevancia política en las últimas tres décadas.) Cómo va a cuestionar el trasvase Tajo-Segura el partido que llegó y se mantuvo en el poder prácticamente gracias a eso.
Si por un lado el gobierno del PP, hoy liderado por López Miras, depende del caladero de votos del sector primario, por otro, sostiene Pedro Luengo, “está secuestrado por la mafia agrícola y ganadera. Su actitud es no regular nada; hacer que todo sea un revoltijo en que no quede nada claro, y evitar medidas que condicionen el beneficio. El PP no quiere ponerle solución porque sería poner límites a sus amigos”… “Cada vez que veía al anterior consejero de Medio Ambiente”, corrobora Ramón Pagán, “y le preguntaba otra vez cuándo iban a poner orden en el campo, me decía: ‘Hombre, Ramón, es que esto es muy difícil; piensa que hay mucha gente que lleva más de treinta años ahí…’. Claro. Tanto tiempo en el poder, sea el partido que sea, crea muchísimo compadreo y voluntades compradas. A ver quién le pone el cascabel al gato”.
Sobre todo cuando es el mismo gato el que tendría que ponerse a sí mismo el cascabel: “A la agricultura intensivista”, dice Pagán –químico de profesión, recordemos, durante toda su vida–, “le interesa que el agua corra, lo cual provoca una erosión brutal del terreno. Si pretendes sacar tres, incluso cuatro cosechas al año, necesitas un crecimiento vegetativo muy fuerte. En el Campo de Cartagena la ventaja es que el clima permite cultivar incluso en invierno. Con un proceso natural puedes sacar perfectamente dos cosechas al año, sin exceso de fertilizante. El problema es que si tengo dos, quiero tres; y si tengo tres, quiero cuatro… Y aquí está la madre del cordero: el acuífero, que está ahora hasta arriba en muchos puntos, está cargado de nitratos en una proporción de 180 miligramos por litro. Cuando la normativa europea permite en aguas subterráneas un máximo de 50 mg/l., aquí tenemos 180: una barbaridad. Si haces el cálculo con los metros cúbicos del acuífero, te sale una proporción de unas ¡300.000 toneladas de nitrato! en el acuífero Cuaternario de Cartagena. Que tampoco son obra del Espíritu Santo”.
Luis Berraquero, ambientalista y Coordinador de Movilización de Greenpeace Andalucía, nos habla de otro análisis de la organización titulado La burbuja del regadío en España, donde se constata que, “a pesar de las sequías, el regadío no hace más que crecer: es una burbuja como la inmobiliaria, y el Campo de Cartagena es uno de esos casos. En el informe proponemos una reducción de la cantidad de hectáreas que debieran producirse para la recuperación de los acuíferos, pero esto es una verdad muy incómoda…”. La Ley de Aguas dice que éstas son un “bien de uso común”, universal, cuya gestión recae en las entidades públicas. Pero (y esto daría para otro reportaje) convendría preguntarse de quién es el agua factualmente; quién la controla. Algo, apunta Luis, “que también refleja las injusticias que pueden darse en un determinado lugar”.
‘Ingenios’, silencios y orfandades
Mientras tanto, en Murcia ha aflorado una suerte de línea paralela de investigación para atribuir la contaminación del Mar Menor a otra cosa: aguas fecales sin depurar de las localidades ribereñas. Lo cual sería irónico, sólo por la cantidad de millones que el Gobierno regional ha invertido en solucionar ese problema durante décadas. Una entidad de reciente cuño ubicada en Cartagena, llamada Fundación Ingenio, parece tener como principal objetivo convencer a la opinión pública de que son esas aguas residuales, y no las procedentes del Campo de Cartagena, el problema del Mar Menor. Una fundación financiada con millones de euros y diseñada, dice P. Luengo, “para hacer campaña mediática y desviar el foco, contradiciendo los informes científicos de hace décadas hechos por la Universidad, el CSIC, el IEO… Un paso más en la indecencia. Intentando confundir a la gente colocando información falsa, en los medios que se las publican, para que parezca que hay dos posturas científicas legítimas. No: la postura científica está clarísima por los que llevan pisando el Mar Menor desde hace cuarenta años”.
Pero la versión de las aguas fecales, matiza el coordinador de Ecologistas en Acción, “viene de Vox. Porque unos mienten para evitar responsabilidades (PP), pero otros lo hacen para hacer la competencia a éstos por la línea más dura”. Es Vox también el partido que pretende sacar a Fuente Álamo de la zona jurisdiccional de la cuenca vertiente del Mar Menor: “Por intereses de ganaderos a quienes se abrió expedientes por no tener balsas impermeabilizadas”, explica R. Pagán. “No sabemos si la pondrán en Wyoming, pero eso dicen”. El partido de extrema derecha es el que aprieta ahora para neutralizar lo poco que se pudo avanzar en la última ley de protección de la laguna, de 2020, forzando una enésima reformulación, prevista para el otoño, de cuyas negociaciones se ha excluido a los colectivos sociales.
“Aquí hay mucha gente con miedo a hablar”, dice Pagán. “Cuando hago una charla, explicando las cosas desde lo estrictamente científico, me dicen algunos: ‘Ramón, no me pongas en un compromiso’…”. Cierta periodista, de la sede en Murcia de una radio importante, se quedó sin trabajo por resultar demasiado incómoda con esta historia. Y el sector clave del turismo y los hoteles “tampoco habla porque pierden ayudas, subvenciones…”. A pesar de que lo ocurrido estos años es un reclamo pésimo para que lleguen visitantes, y en muchos pueblos del Mar Menor, como Los Nietos, los comercios cierran y los vecinos de siempre se van. “Una parte muy concienciada de la población va por un lado”, dice Pagán, “y los demás por otro”. Apostilla Pedro Luengo: “Si no consiguen comprar a la gente, se la quitan de en medio. Es el caciquismo que persigue al díscolo y que se cree por encima de la ley. Aquí no se mueve un hilo sin que intervengan ciertos personajes porque la administración está secuestrada por los poderes económicos”.
En los últimos tiempos se logró el hito internacional, gracias a las más de 600.000 firmas recogidas (se necesitaban al menos 500.000), del reconocimiento del Mar Menor como Personalidad Jurídica. Pero la confianza en los tribunales, cuando se trata de este tema, es igual de baja conforme pasan los años, se suceden los desastres ambientales –el último en 2021–, y las leyes parecen hacerse para no ser cumplidas. Queda por verse qué sucederá con lo presentado por la fiscalía en 2017, el llamado Caso Topillo, cuyos juicios se esperan para este año. Mientras tanto, cuando hay sanciones de la UE por delitos medioambientales, son las arcas públicas las que pagan. Las empresas agrarias imputadas, muchas de capital extranjero, consiguen eludir multas millonarias enterrando los procesos con alegaciones ingentes de bufetes igualmente millonarios. “La solución pasa por tener leyes y cumplirlas”, coinciden Luengo y Pagán. “Pero mientras sean papel mojado jamás vamos a recuperar el Mar Menor”.
Respecto a las posibilidades biológicas de la laguna, Luis Berraquero opina que, a pesar de la capacidad de regeneración que ha demostrado, “mucho, mucho” tendría que suceder para una recuperación que, en cualquier caso, nunca sería una restauración de su estado inicial. Para eso tendrían que pasar unos cuantos siglos –y quizá la extinción de nuestra especie–. Pero, para objetivos mucho más modestos, debiera empezarse por interrumpir de manera inmediata la llegada de nitratos al agua: “Si no se reducen las hectáreas de regadío, el problema no se resuelve. Claro que eso toca a la economía de muchas personas. Pero es que no estamos hablando de familias humildes de agricultores, que sería otro caso, sino de empresas multimillonarias” abusando del terreno. “Si cuentas el regadío, la desalación, la depuración de las aguas, la construcción… es todo presión y presión sobre un ecosistema que termina siendo un cubo de basura”. El cenagal en que confluyen muy variadas porquerías.
Todo esto es lo que hizo que personas como Julia Albaladejo, de Amarme, dijera “hasta aquí”. Con la sopa verde de 2016 concluyó que “ya estaba bien de quejarme y no hacer nada”, y comenzó su implicación activa en la defensa de la laguna. Para ella, la mortandad masiva de peces tras la DANA de octubre de 2019 fue “un grito de socorro”. De todo el ecosistema del Mar Menor, seres humanos incluidos: “Estuvimos sacando peces desde las 9 de la mañana hasta la noche, los que quedaban vivos, para ver si se podían salvar”.
“Dicen los de Vox que defendemos esto por motivos emocionales”, añade Julia. “Como si no fuéramos naturaleza nosotros también. Yo no entendía ni de niña por qué no tiene derecho a vivir un árbol o un animal. Fue por pura pasión por lo que nos volcamos muchos, con la profesora Teresa Vicente, en conseguir la Personalidad Jurídica del Mar Menor, buscando firmas por toda España. Nos hemos hermanado con Aguas Europeas, con la Laguna de Venecia…, con más gente de Europa que quiere saber cómo lo hicimos porque quieren defender también sus entornos naturales”.
Julia coincide con el cronista en que antes se respiraba distinto en el Mar Menor: “Era el olor a sal. Ya hace mucho que no huele así. Siempre fueron aguas medicinales. Aquí han venido ancianos toda la vida, y enfermos graves, por prescripción de médicos de media España. Había caballitos de mar, cangrejos…”. Y menciona una palabra bastante desconocida: solastalgia. El dolor por la pérdida del entorno en que uno consiste; algo muy parecido a la orfandad: “Yo soy muy alegre y me crezco con la adversidad, pero también soy una persona distinta después del ecocidio de 2019. Te entra una tristeza que no sabes de dónde viene, y es por la salud y la alegría que te proporcionaba el entorno en que creciste. Y una impotencia tremenda porque lo están destruyendo y no se hace nada por evitarlo”.
Las costas del Mar Menor fueron también, siglos atrás, punto de saqueo de piratas berberiscos. Gran ejemplo de cómo los depredadores cuentan asimismo con una capacidad de renovación prodigiosa.
Fuente: https://ctxt.es/es/20240701/Politica/46944/Miguel-Angel-Ortega-Lucas-explotacion-mar-menor-murcia-laguna-ecologismo-medioambiente.htm
https://rebelion.org/el-mar-menor-y-la-impunidad-de-un-crimen-ecologico/
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