El ex primer ministro británico, Rishi Sunak, no se sumó a la demanda ante La Haya contra el líder israelí Benjamín Netanyahu por presuntos crímenes de guerra en Gaza. Ahora, la nueva administración laborista de Keir Starmer puede cambiar esa decisión 'vergonzosa', dice Geoffrey Robertson, experimentado jurista internacional.
El 20 de mayo, el fiscal general de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan,
solicitó arrestar al primer ministro de Israel,
Benjamín Netanyahu; al ministro de Defensa israelí,
Yoav Gallant, y al líder de Hamás en la Franja de Gaza,
Yahya Sinwar, por presuntos crímenes de guerra en la
Franja de Gaza.
No obstante, el Gobierno de Sunak, en nombre del Reino Unido, argumentó que Israel goza de impunidad en el enclave palestino y tiene licencia para cometer allí cualquier crimen de guerra que desee, recordó el expresidente del tribunal de crímenes de guerra de la ONU en Sierra Leona, Geoffrey Robertson, en un artículo para el diario británico The Guardian.
"Se trata de una iniciativa vergonzosa, pero la CPI ha dado ahora al Gobierno de Starmer la oportunidad de decidir si desea o no continuar con esta intervención. Si lo hace, será su primer gran error moral", aseveró Robertson.
De acuerdo con el experto, la semana pasada, el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido se percató de que las elecciones británicas podrían implicar que la solicitud no sea bien recibida por el nuevo Gobierno. Por esa razón, solicitó una prórroga para presentar sus argumentos y la Corte se la concedió hasta finales de julio.
"Para entonces, el nuevo primer ministro británico [Keir Starmer] debe decidir si sigue adelante con lo que equivale a una afirmación de que Israel tiene derecho a la impunidad en Gaza", señala Robertson.
¿Cuál es el argumento del Reino Unido?
Propuesto por primera vez por Tel Aviv, recuerda el experto, el alegato sostiene que los acuerdos de Oslo entre Yasser Arafat y Ehud Barak impiden que Palestina pueda procesar israelíes.
Sin embargo, ya en 2021, añade, la CPI decidió que esto no era pertinente para su derecho a castigar los crímenes de guerra en Gaza, toda vez que Palestina es un Estado miembro, por lo que cualquier crimen de guerra cometido en su territorio es competencia del tribunal de La Haya.
Y si bien la cuestión podría ser planteada por el propio Netanyahu durante el proceso, en caso de que este se lleve a cabo, Geoffrey Robertson sostiene que Gran Bretaña presentó el caso a instancias de la Casa Blanca.
"Estados Unidos no es miembro de la CPI y espera que el Reino Unido vele por sus intereses allí. Joe Biden denunció a su fiscal por presentar el caso contra Netanyahu, aunque, por supuesto, se deshizo en elogios cuando pidió una orden de arresto contra Vladímir Putin", rememora.
Con todo, para Robertson, el ministro de Asuntos Exteriores británico debería abandonar la iniciativa porque "se trata de un disparate jurídico".
"Los acuerdos de Oslo son letra muerta. Fueron un intento temprano de lograr una solución de dos Estados que terminó unos años después con el fracaso de Bill Clinton en Camp David", dice.
Además, a decir de Robertson, ambas partes han transgredido los acuerdos, especialmente Israel, al alentar los asentamientos ilegales. Mientras que la CPI ni siquiera existía en 1995, pues se creó hasta 2002, "y la idea de que una cláusula provisional en una negociación moribunda hace 30 años pueda impedirle actuar ahora por violaciones del derecho penal internacional es absurda".
La solicitud de Khan se basa en la situación en la Franja de Gaza, en donde, desde el 7 de octubre, Israel ha asesinado a
más de 37.800 palestinos y herido a más de 86.800 en represalia por el ataque que Hamás emprendió en octubre pasado, causando unos 1.200 muertos y cerca de 5.500 heridos.
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