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El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó credenciales a los nuevos integrantes de las máximas cortes del país. Aún resta renovar siete puestos, lo cual podría tener lugar en agosto de 2025. ¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las flamantes autoridades?
El Tribunal Supremo Electoral (TSE) entregó credenciales a 19 nuevos magistrados y sus suplentes, quienes se desempeñarán en los máximos tribunales del país.
Dichos cargos fueron elegidos en los comicios judiciales del pasado 15 de diciembre, en los que se registró un 64,5% de votos válidos, una cifra récord en comparación con los resultados de las elecciones de 2011 y 2017. Estas autoridades llegan con una legitimidad política amplia, que les permitiría avanzar en las necesarias mejoras que requiere la justicia boliviana.
"Fue un proceso electoral en el cual resultaron electos 10 varones y nueve mujeres en calidad de magistrados titulares, mientras cinco de ellos se identifican con alguna nación o pueblo indígena originario campesino", afirmó el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, en el acto de entrega de credenciales, celebrado en el auditorio del Banco Central de Bolivia (BCB), en la ciudad de La Paz.
Las 19 nuevas autoridades trabajarán en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el Tribunal Agroambiental (TA), el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Consejo de la Magistratura (CM), lo mismo que sus suplentes.
"A esos flamantes magistrados y consejeros me dirijo ahora para expresarles la felicitación del TSE por haber merecido la confianza del pueblo boliviano. Pero, también, para pedirles que administren la justicia con equidad, en el marco estricto de la ley dando a cada uno lo suyo, sin aceptar presiones políticas, económicas o de otra índole", indicó Hassenteufel.
Queda por resolver la situación de siete jueces que no renovaron sus bancas por recursos judiciales que interpusieron algunos candidatos, cuyas postulaciones no pasaron el filtro de la Asamblea Legislativa. Para los demandantes, los legisladores no pudieron sustentar correctamente sus dictámenes de rechazo.
"Un proceso tortuoso"
En diálogo con Sputnik, el analista político Carlos Saavedra compartió sus impresiones sobre las recientes elecciones judiciales.
"Fue un proceso tortuoso en términos políticos. En el medio ha habido una disputa política por el control de la justicia, que incluyó a todas las fuerzas políticas", aseguró.
Son las mismas fuerzas políticas que en la Asamblea no pudieron acordar la realización de las elecciones judiciales en 2023, como correspondía ante la finalización de los mandatos.
Para Saavedra, en los próximos años se debatirá una nueva manera de seleccionar a los máximos jueces del país. "Este sistema de elección judicial no ha resuelto la crisis en la justicia de Bolivia", consideró. Sin embargo, el experto destacó que el esquema para acreditar jueces "implica modificar la Constitución, lo cual no es fácil. Pero creo que este sistema, en estas condiciones, está herido de muerte".
Elecciones parciales
El pasado 15 de diciembre, las elecciones se realizaron completas solo en los departamentos de La Paz, Oruro, Potosí y Chuquisaca. Pero en Beni, Pando, Cochabamba, Tarija y Santa Cruz no se votó por candidatos al TCP, mientras en Beni y en Pando tampoco eligieron magistrados para el TSJ.
Los magistrados para los puestos que faltan podrían determinarse en las elecciones generales, previstas para el 10 de agosto de 2025. Algunos de los jueces recién asumidos sostuvieron que podrían encargarse de resolver la situación de los siete llamados "autoprorrogados". Una posibilidad que barajan es designar en sus lugares a los suplentes.
Según el analista, "se espera que la elección de magistrados para estos cargos pase por la vía constitucional. Para realizar la parte de las elecciones que faltan es necesario que sancione una ley la Asamblea", advirtió.
"Creo que la única salida para evitar problemas a futuro pasa por una salida constitucional, Cualquier otra opción, como hacer que asuman los suplentes, va a generar un quiebre constitucional. La única salida viable es completar las elecciones", consideró.
Fuerzas políticas "estuvieron obligadas a llegar a consensos"
El TSE resaltó el alto nivel de participación, en comparación con las elecciones judiciales de 2011 y 2017, cuando solamente el 35% del electorado emitió votos válidos. Para el tribunal, el hecho de que en las elecciones de 2024 haya votado correctamente más de 64% demuestra un mayor grado de compromiso de la población con esta decisión.
Tanto en las elecciones de 2011 y 2017, el MAS contaba con dos tercios de bancas en la Asamblea. Por ello la totalidad de los candidatos fueron elegidos por "el rodillo", como se llamaba en ese momento a las votaciones unánimes del oficialismo a favor de los proyectos impulsados por el entonces presidente Evo Morales (2006-2019).
En 2024, con un MAS fragmentado en la Asamblea, con una oposición en franca reconstitución, fue necesario el consenso de todas las fuerzas políticas para seleccionar a los candidatos. Entonces, partidos políticos como Comunidad Ciudadana y Creemos apoyaron ciertas candidaturas y convocaron a sus bases a manifestarse en las urnas.
"Es la primera vez que todas las fuerzas políticas participan de la preselección de los candidatos. En esta oportunidad estuvieron obligadas a llegar a consensos, mientras antes había una hegemonía parlamentaria del MAS, por lo cual las listas salían con o sin consensos", explicó Saavedra.
Y agregó: "Ahora han tenido que llegar a consensos mínimos para la habilitación de candidatos, a pesar de que ha sido un proceso plagado de denuncias de irregularidades de todos lados".
No obstante, "es la primera vez que tenemos una variedad de autoridades judiciales, que al parecer responden a una pluralidad de vertientes ideológicas. Entonces, creo que ninguno va a responder obsecuentemente a ninguna línea política. Asumen sus cargos con cierto nivel de autonomía", reflexionó Saavedra.
Los nombres
Este 30 de diciembre recibieron sus credenciales 19 de las 26 autoridades judiciales por rotar. Son cuatro magistrados del TCP: Ángel Edson Dávalos Rojas, Boris Wilson Arias López, Paola Verónica Prudencio Candia y Amalia Laura Villca; siete magistrados del TSJ: Rosmery Ruiz Martínez, Norma Velasco Mosquera, Carlos Eduardo Ortega Sivila, Primo Martínez Fuentes, German Saul Pardo Uribe, Fanny Coaquira Rodríguez y Romer Saucedo Gómez.
También cinco magistrados del TA: Rocío Vásquez Noza, Roxana Chávez Rodas, Víctor Hugo Claure Hinojoza, Richard Cristhian Méndez Rosales y María Soledad Peñafiel Bravo; así como tres integrantes para el Consejo de la Magistratura: Manuel Baptista Espinoza, Carlos Spencer Arancibia y Gabriela Paula Araoz López.
Falta elegir dos miembros para el TSJ en Pando y Beni, así como cinco para el TCP con los votos que no se emitieron en Santa Cruz, Pando, Beni, Tarija y Cochabamba.
El Gobierno nacional dejó en claro su postura a través del ministro de Justicia, César Siles: "La posición del Ejecutivo con relación a la prórroga de mandatos, si van a seguir o no, es que la decisión la deben tomar las autoridades electas. Les corresponde a ellos asumir la decisión, con toda legitimidad, con toda legalidad. Seguramente en su momento lo comunicarán", dijo a la prensa.
Pendientes
Para Saavedra, "la justicia tiene muchísimos temas pendientes. Un tema recurrente es la retardación de la justicia en los procesos. Hay un hacinamiento penitenciario muy grande, debido a muchísimas causas con detenciones preventivas", dijo.
Y continuó: "Un segundo punto pasa por afianzar la independencia de poderes. El tercer desafío pasa por asegurar la transparencia de sus decisiones. Son los grandes desafíos que enfrenta la justicia en Bolivia".
https://noticiaslatam.lat/20241231/tras-un-proceso-tortuoso-en-terminos-politicos-los-maximos-tribunales-de-bolivia-se-renuevan-1160155318.html
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