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La Corte Suprema de EEUU rechazó la apelación de Argentina y autorizó a fondos de inversión ejecutar embargos por más de 300 millones de dólares. "Legitimar a Estados Unidos como juez imparcial es una triste costumbre de la política argentina", dijo a Sputnik el especialista Alejandro Olmos Gaona.
Los tribunales de Washington volvieron a asestar un duro revés a Argentina. La Corte Suprema estadounidense rechazó una apelación del país austral en el juicio por la deuda soberana que entró en default tras la megacrisis del 2001 y, de ese modo, autorizó a embargar activos soberanos por un monto de aproximadamente 310 millones de dólares.
Los activos, depositados en una cuenta del Banco Central argentino en la Reserva Federal de Nueva York, están asociados a los denominados "bonos Brady", emitidos en la década de 1990, a instancias del entonces secretario del Tesoro Nicholas Brady, y vencidos en marzo de 2023.
Se trata de la deuda que entró en cesación de pagos durante el cataclismo social y político que sufrió el país austral en 2001. La deuda no fue reestructurada en los canjes del 2005 ni del 2010: además, los tenedores rechazaron el acuerdo de 2016 impulsado por Mauricio Macri (2015-2019) y el canje de 2020 bajo la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023).
En 1989, Nicholas Brady lanzó una iniciativa para rescatar a los países emergentes del default de la década de 1980, cuyos acreedores eran los bancos comerciales y pasaron a ser cientos de miles de bonistas en todo el mundo. La Argentina se sumó a este plan en 1992 y, al año siguiente, se realizó el canje de la deuda bancaria por los nuevos títulos de deuda pública.
El máximo tribunal norteamericano rechazó la apelación de la defensa argentina, que sostiene que estos activos son propiedad del Banco Central y no del Estado nacional, lo cual los eximiría de ser utilizados para el pago de deudas, según la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. Además, Buenos Aires plantea que los títulos en cuestión no pueden ser considerados como parte de una actividad comercial, lo que garantizaría su inmunidad frente a medidas de este tipo.
Sin embargo, la Corte Suprema de EEUU consideró inválidos dichos argumentos, y terminó ratificando tanto el fallo de primera instancia —en manos de la jueza Loretta Preska, de la Corte del Distrito Sur de Nueva York— como el de la Corte de Apelaciones, firmado por la jueza Debra Ann Livingston. El revés para Buenos Aires se conoció horas después del despido del Procurador del Tesoro argentino, Rodolfo Barra, despedido por el Gobierno de Milei por haber cometido "graves irregularidades" al frente del organismo encargado de defender los intereses nacionales en el exterior.
Los acreedores —conocidos coloquialmente como "fondos buitre"— son White Hawthorne, Trinity Investments, Attestor Master Value, Bybrook Capital Master y Bison Bee LLC, que adquirieron la titularidad de la deuda argentina en default desde 2001 comprándosela a tenedores que nunca ingresaron a ninguno de los canjes que emitió el país.
Dado que Argentina no afrontó los pagos comprometidos, los holdouts poseen ahora 450 millones de dólares entre demandas y sentencias firmes. Expertos consignan que se trata de aproximadamente el 3% del total de los tenedores originales que mantuvieron la deuda en default e iniciaron juicio al Estado argentino, resistiéndose a ingresar a los canjes organizados por el país austral.
Tras el fallo favorable del máximo tribunal estadounidense, los fondos deberán enviar un pedido formal de embargo a la citada jueza Preska para la autorización, que se presentará en las sucursales de la Reserva Federal en Nueva York, Alemania y Suiza.
El pecado original
"El monto es irrelevante para un país cuya deuda supera los 470.000 millones de dólares: la cifra no llega ni al 1% de la deuda, pero reviste un rol simbólico muy importante. Argentina se ha sometido a la justicia de Washington y, por ende, está obligada a aceptar sus fallos", dijo a Sputnik Alejandro Olmos Gaona, historiador argentino especializado en la deuda externa.
Según el experto, aceptar la legitimidad de la justicia norteamericana constituye el "error original", dado que "Argentina es un país soberano y, como tal, no puede ser juzgada en otra jurisdicción".
Para el investigador, al país austral "nunca le ha ido bien en los tribunales de Washington o Nueva York, y haber persistido en ese error es una de las razones centrales de este problema".
"Legitimar a Estados Unidos como juez es una triste costumbre de la política argentina", remarcó Olmos Gaona.
Las dificultades marcadas por el especialista se verifican en el testimonio de los equipos técnicos que debieron afrontar el problema de la deuda en distintas instancias. Entre 2019 y 2022, Ramiro Tosi fue subsecretario de Financiamiento de la Nación, durante el Gobierno de Alberto Fernández (2019-2023). En diálogo con Sputnik, el economista consideró que "este fallo refleja uno de los casos más dificultosos que tiene el país, porque los holdouts son un tema recurrente en Argentina".
"Las negociaciones de la deuda externa siempre son complejas, y la actitud de los holdouts hace más dificultoso el escenario. No es una novedad, sino que responde a un problema más estructural de la economía", apuntó el consultor.
¿Cancha inclinada?
De acuerdo a Olmos Gaona, la instancia de resolución del litigio entre Argentina y los holdouts reviste un rol central. "La Justicia es independiente del Gobierno estadounidense, pero eso no significa que sea imparcial: los fondos buitre, junto a los grandes grupos financieros, terminan imponiendo sus condiciones", apuntó.
"Todos los Gobiernos han terminado plegándose a la justicia extranjera, que termina cediendo a presiones internacionales", resaltó el investigador.
Consultado al respecto, Tosi matizó el peso de Washington, pero remarcó que "es innegable que la legislación de Estados Unidos (la que rige para estos casos) es más beneficiosa para el acreedor que para el deudor: esta jurisdicción suele favorecer a los fondos".
En este punto, el experto citó la "cruzada" que encabezó durante su gestión el entonces ministro de Economía Martín Guzmán (2019-2022): la reestructuración de la arquitectura financiera global para atender casos de países sobreendeudados como la Argentina. "Hay una clara relación asimétrica entre los actores, y por eso es necesario adecuar las condiciones de negociación", remarcó Tosi.
https://noticiaslatam.lat/20250128/argentina-se-sometio-a-la-justicia-de-washington-eeuu-dispone-el-embargo-de-activos-soberanos-1160800205.html
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