Por Zoe Alexandra, Peoples Dispatch / Resumen Latinoamericano, 26 de enero de 2025.
Cientos de efectivos más del Ejército colombiano han sido desplegados en el Catatumbo en la última semana. Foto: Ministerio de Defensa de Colombia
Movimientos sociales y organizaciones comunitarias exigen paz ante estallido de violencia en el noreste de Colombia.
En la última semana, al menos 80 personas han muerto y más de 32.000 han sido desplazadas en uno de los episodios de violencia más letales de los últimos años en Colombia. Los combates en el Catatumbo, una región al noreste de Colombia, estallaron entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y un grupo disidente de las FARC, el Frente 33. La violencia en una de las regiones históricamente más golpeadas plantea una grave amenaza a la promesa del presidente Gustavo Petro de una paz total en el país.
En una medida muy criticada, Petro suspendió las conversaciones de paz en curso con el ELN el 17 de enero, a la luz de los combates actuales.
La situación en el Catatumbo también tiene implicaciones regionales por estar ubicado en la frontera con Venezuela y, como ha sucedido a lo largo de las más de seis décadas de conflicto armado en Colombia, miles de colombianos han buscado refugio en el país vecino.
La delicada situación que vive Colombia representa una amenaza al bienestar y la seguridad de las comunidades del Catatumbo, que durante décadas han sufrido los impactos del conflicto armado interno, y amenaza con trastocar por completo un proceso de paz que lleva décadas gestándose.
Dado que la situación se está desarrollando activamente y las armas siguen calientes, hay muchos elementos que son difíciles de verificar o conocer con certeza. Esto es parte de lo que sabemos hasta ahora.
Estalla la violencia tras el asesinato de una familia
El 15 de enero, un joven y propietario de una funeraria, Miguel Ángel López, junto a su esposa Zulay Durán Pacheco y su bebé de seis meses, fueron asesinados mientras se desplazaban en automóvil desde la ciudad fronteriza de Cúcuta hacia Tibú, un municipio más al norte.
El crimen fue ampliamente denunciado por las organizaciones locales y el gobierno nacional, y las autoridades gubernamentales dijeron que realizarían investigaciones para determinar a los responsables. Sin embargo, las narrativas ya estaban tomando forma en el discurso público. Los principales medios de comunicación colombianos, así como algunas autoridades colombianas, se apresuraron a culpar al ELN. El 17 de enero, el Frente Nororiental del grupo emitió un comunicado rechazando las acusaciones y aclarando que “el ELN no tiene responsabilidad”, y agregó: “Denunciamos a los habitantes de la región que el hecho fue perpetrado por los miembros del llamado Frente 33 de las extintas FARC, y al mismo tiempo nos comprometemos a encontrar a los responsables del crimen”.
Aunque la autoría del hecho sigue siendo controvertida, lo que es seguro es que este crimen fue el detonante de la violencia en un momento de elevada tensión entre los grupos armados en la región.
Al día siguiente del asesinato de la familia, comenzaron los enfrentamientos armados entre el ELN y el Frente 33. Los detalles de estos enfrentamientos armados y días de intensificación de la violencia siguen siendo controvertidos, pero han surgido informes de asesinatos de civiles y desmovilizados, junto con amenazas y órdenes de desplazamiento a comunidades y miembros de organizaciones sociales.
¿Cómo ha respondido el gobierno colombiano?
Una de las primeras medidas que tomó el gobierno colombiano en respuesta al estallido de combates en el Catatumbo fue la suspensión de los diálogos de paz con el ELN . Esta medida fue anunciada por Gustavo Petro en su cuenta X el 17 de enero, donde acusó al grupo de crímenes de guerra y dijo que “el ELN no tiene ninguna voluntad de paz”.
Desde entonces, el Gobierno Nacional ha brindado apoyo material y logístico a los esfuerzos humanitarios en los municipios que reciben a personas desplazadas.
Entretanto, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, anunció que el Estado realizará una serie de operaciones militares en respuesta a los enfrentamientos armados, incluida la evacuación de personas que presuntamente han sido amenazadas por el ELN, así como el despliegue de 400 militares para ayudar a “fortalecer el control territorial y garantizar la seguridad de las comunidades afectadas”.
En los últimos días, Petro ha intensificado sus ataques contra el ELN, lo que ha llevado a algunos a acusarlo a él y a otros funcionarios del gobierno de adoptar una retórica que Petro, un ex guerrillero, habría considerado aborrecible en el pasado. Además, muchos lo han acusado de atacar selectivamente al ELN, que ha mantenido que sus operaciones son contra grupos paramilitares que Petro no ha logrado desarmar ni desmantelar.
El 23 de enero, Petro escribió en X : “Buscan el control para convertirse en moneda de cambio internacional y enriquecerse con la cocaína. Por la soberanía nacional hay que derrotar al ELN y a todas las fuerzas que tengan los mismos objetivos. La toma militar colombiana en el Catatumbo y Arauca y venezolana en la frontera, debe ir acompañada de lo fundamental: el triunfo no está solo en el fusil, está en la verdadera justicia social, en abrir las oportunidades de progreso en las regiones excluidas del país”.
Los habitantes del Catatumbo exigen paz
La abrupta explosión de violencia y las decenas de muertos, han creado un clima generalizado de terror en la región, provocando que decenas de miles de personas huyan de sus hogares en las regiones más rurales.
La mayoría de los desplazados se han dirigido hacia los centros de los municipios de Cúcuta, Ocaña y Tibú, donde las autoridades locales y organizaciones de derechos humanos han organizado albergues temporales, alimentos y enseres necesarios para las familias. Al menos un millar de desplazados han cruzado hacia Venezuela hasta el municipio fronterizo Jesús María Semprún. El gobierno de Nicolás Maduro ha dado instrucciones a las autoridades locales de las regiones fronterizas para que reciban a los desplazados y les proporcionen un refugio seguro.
“Insistimos en la necesidad de garantizar la vida, el Derecho Internacional Humanitario y la paz en el Catatumbo”, escribió un grupo de 100 movimientos sociales, organizaciones campesinas, asociaciones de derechos humanos y otros grupos de la sociedad civil del Catatumbo, entre ellos la Asociación Campesina del Catatumbo (ASCAMCAT) y el Comité de Integración Social del Catatumbo (CISCA), en un comunicado público difundido el 19 de enero dirigido al ELN y al Frente 33.
“La población civil no debe estar en medio de las hostilidades y pedimos protección y respeto para quienes no somos parte del conflicto armado”, se lee en el comunicado.
Pronunciamiento de Las organizaciones sociales del Catatumbo Ascamcat , Cisca , MCP y Asuncat respaldada por más del 120 organizaciones con acompañamiento de Defensoría del Pueblo de Colombia del país dirigimos carta pública al @delegado y EMB 33 frente Farc del catatumbo al… pic.twitter.com /ISDqWMZO8k
— AscamcatOficial (@AscamcatOficia) 19 de enero de 2025
“Nosotros, las organizaciones de la sociedad civil del Catatumbo, le solicitamos abiertamente que se pronuncie claramente sobre lo siguiente: ¿Existen o no las garantías y condiciones necesarias para el ejercicio del trabajo social y humanitario de los dirigentes y organizaciones de base en la subregión del Catatumbo?”
Muchos de esos grupos salieron a las calles el 20 de enero en la localidad de La Gabarra, del municipio Tibú, en una marcha por la paz.
#SOSCatatumbo Cientos de personas salen a manifestarse a las calles en el corregimiento La Gabarra, municipio de Tibú, Norte de Santander. Las exigencias de las personas es que cesen las balas, la violencia y hacen un llamado a la paz. pic.twitter.com/jG9BiiMYZB
— Colombia Informa (@Col_Informa) 20 de enero de 2025
Entendiendo el Catatumbo: una región en conflicto
Catatumbo es una región situada en la parte noreste del departamento de Norte de Santander de Colombia y abarca los municipios de Ocaña, El Carmen, Convención, Teorama, San Calixto, Hacarí, La Playa, El Tarra, Tibú y Sardinata, todos vecinos de la gran Río Catatumbo. La región del Catatumbo es hogar del pueblo indígena barí y dos de sus resguardos.
El río, y por ende la propia región del Catatumbo, se desborda hacia la vecina Venezuela.
La región se caracteriza por su rica biodiversidad, depósitos de carbón y petróleo, exuberantes bosques verdes, montañas y suelo fértil.
Durante las últimas décadas, debido a la naturaleza lucrativa de la coca, la crisis de la producción agrícola a pequeña escala provocada por las políticas de libre comercio y la presión de los grupos del narcotráfico, el suelo fértil ha sido utilizado por su numerosa población de pequeños agricultores para sembrar coca. El Catatumbo ha sido durante años el hogar de la mayor concentración de cultivos de coca en Colombia, que hoy lidera la producción a nivel mundial . Según un informe de 2023 de las Naciones Unidas, el municipio de Tibú tiene la mayor concentración de cultivos de coca en el mundo con 22.000 hectáreas.
Una tierra en disputa
Como muchas regiones de Colombia “bendecidas” con recursos, el Catatumbo ha estado plagado de violencia. Como lo expresó el Centro de Memoria Histórica de Colombia , “el Catatumbo es un territorio en disputa. Sus habitantes narran cómo diferentes actores han buscado el control económico, armado y político, en conflictos que datan de principios del siglo XX”.
La región también ha sido históricamente abandonada por el Estado. A pesar de su riqueza natural, permanece desconectada de las principales rutas de transporte y fuera del centro económico y geográfico del país. Ante el abandono estatal, a lo largo de décadas se han forjado diversos movimientos comunitarios y organizaciones sociales para reclamar derechos y recursos.
El descuido del Estado hacia la gente y la tierra también la convirtió en un lugar privilegiado para que los grupos guerrilleros de izquierda obtuvieran el control territorial. La presencia temprana de esos grupos creó una imagen estigmatizada de la región como una “dominada por las guerrillas” en la conciencia nacional, que se manifestó en una brutal “guerra sucia” y un asedio paramilitar.
Desde la década de 1990, la región ha sido objeto de diferentes oleadas de violencia paramilitar y militarización estatal, en nombre de la lucha contrainsurgente. Por ejemplo, en 1999, una caravana de cientos de paramilitares llegó a la región, con el visto bueno del Ejército Nacional, y procedió a ocupar el área y a llevar a cabo una serie de masacres para sembrar el terror. Una de esas masacres tuvo lugar en el corregimiento de La Gabarra en agosto de 1999, donde los paramilitares cortaron la electricidad y luego asesinaron a 21 personas en centros de recreación. En este período, 100.000 personas fueron desplazadas.
Colombia Informa reflexiona que “esta estrategia se llevó a cabo con el fin de imponer proyectos económicos: la instalación de monocultivos y la explotación de carbón fueron los objetivos principales. Se buscó eliminar las organizaciones sociales y populares, destruyendo así los planes de vida comunitarios”.
En el Catatumbo también se produjeron varias masacres de “falsos positivos” protagonizadas por el Ejército Nacional. Tal es el caso de los muchachos de Soacha, Bogotá, que fueron secuestrados por oficiales del Ejército con el pretexto de una oportunidad laboral. Luego fueron trasladados a Ocaña, donde fueron asesinados y vestidos con ropa de guerrillero para ser contados falsamente como combatientes muertos.
Reaparición de grupos armados y escalada de violencia en el Catatumbo
Aunque los grupos paramilitares que estuvieron activos en las décadas de 1990 y 2000 se desmovilizaron formalmente, rápidamente reaparecieron nuevos grupos, con un mayor enfoque en el tráfico de drogas, que a menudo reclutaban a miembros de otros grupos desmovilizados. Entre ellos se encuentra Los Gaitanistas (Clan del Golfo), que tiene presencia a nivel nacional y ha estado en combate con el ELN en varias regiones del país, incluido el Catatumbo, en un intento por controlar la región e imponer un nuevo régimen de terror. Los Gaitanistas son uno de los grupos clave acusados de perpetrar la ola de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos , más de 1.700 hasta la fecha, que tuvo lugar tras la firma de los acuerdos de paz en 2016.
De manera similar, tras la desmovilización de las FARC a través del proceso de paz de La Habana, surgieron varios “grupos disidentes”, formados por miembros desilusionados con los acuerdos de paz. Varios de ellos se organizaron en el Estado Mayor Central (EMC), y su Frente 33 ahora también compite por el control del Catatumbo.
El creciente conflicto entre los grupos ha puesto nuevamente a los habitantes del Catatumbo en la mira de la confrontación armada.
“Las más afectadas han sido las comunidades campesinas, quienes enfrentan dificultades para realizar sus actividades agrícolas y su trabajo organizativo y comunitario”, dijo a Colombia Informa en 2021 Juan Carlos Quintero, de ASCAMCAT , en medio de la incursión de los Gaitanistas en comunidades del Catatumbo. “Las estructuras paramilitares no se han desmantelado, más bien ha habido una expansión en este momento. Pero también, las instituciones capaces de tomar medidas para mitigar una situación de derechos humanos han tenido una posición de negacionismo frente a la crisis que se sufre en el Catatumbo y en el área rural y metropolitana de Cúcuta”, agregó.
La amenaza no resuelta del paramilitarismo
El desmantelamiento del paramilitarismo ha seguido siendo una de las demandas clave de las comunidades en toda Colombia y ha sido uno de los desafíos clave de la administración de Petro , que asumió el cargo en agosto de 2022. Con la promesa de lograr la paz total, Petro reinició las conversaciones con el ELN y se acercó a los gaitanistas y las disidencias de las FARC para iniciar procesos de paz y desmovilización.
Sin embargo, las conversaciones con los Gaitanistas no han avanzado y, según Insight Crime , los Gaitanistas han utilizado los esfuerzos de paz para su propia ventaja estratégica, al haber “expandido su control territorial a áreas donde otros grupos como el ELN y el EMC están presentes. Los diálogos activos de estos grupos con el gobierno han limitado su capacidad para llevar a cabo ofensivas armadas, lo que en ocasiones les ha dado una ventaja a las AGC [Gaitanistas]”.
El 21 de noviembre de 2024, ASCAMCAT publicó un comunicado denunciando que los Gaitanistas habían lanzado amenazas de muerte y órdenes de desplazamiento forzado a defensores de derechos humanos y organizaciones sociales. En él, condenaron la persistente presencia paramilitar que el Estado colombiano aún no ha frenado. “Esta amenaza masiva no es un hecho aislado, sino parte de una estrategia de intimidación en medio de una escalada del paramilitarismo en el norte del país y refleja la forma sistemática con la que estos grupos armados buscan anular cualquier esfuerzo por la paz, los derechos humanos y la justicia social”.
El comunicado agrega: “Denunciamos públicamente la inacción del Estado colombiano, la falta de voluntad política, la negligencia y complicidad de las autoridades. Durante años hemos alzado nuestra voz exigiendo garantías y protección, pero el Estado ha fallado”.
El Pacto Territorial: ¿una esperanza de cambio?
Organizaciones de la sociedad civil como ASCAMCAT y CISCA también han reiterado su demanda de larga data para que el Gobierno Nacional implemente el “Pacto Territorial”, un plan de desarrollo elaborado con las comunidades marginadas de la región. El pacto tiene como objetivo abordar el impacto de décadas de conflicto armado en la región, la explotación de los recursos naturales y el subdesarrollo.
“Hoy más que nunca es crucial avanzar en la concreción y firma del Pacto Territorial para la Transformación del Catatumbo. Hacemos un llamado al señor presidente de la República y al gobierno nacional para que firmen con urgencia este instrumento que es fundamental para impulsar inversiones que promuevan la paz, el desarrollo y el bienestar de la región, respondiendo a las demandas históricas del campesinado y del pueblo Bari”, afirmaron organizaciones campesinas del Catatumbo, asociaciones de derechos humanos, entre otras.
El 20 de enero, la plataforma regional de movimientos sociales Alba Movimientos escribió un comunicado en el que hace un llamado a la paz en el Catatumbo: “Exhortamos al Gobierno nacional a cumplir con los acuerdos adquiridos con las comunidades, como el Pacto Territorial para la Transformación del Catatumbo, así como el cumplimiento e implementación plena de los Acuerdos de Paz de 2016. Asimismo, hacemos un llamado al Gobierno a consolidar de manera urgente las acciones que garanticen el desmantelamiento del paramilitarismo, y continuar en la ruta de una solución política al conflicto que continúa vigente en diversos territorios del país, evitando soluciones bélicas que aumenten la violencia y la militarización de la región”.
La situación crítica continúa en el Catatumbo, pero como han insistido las comunidades, la paz y el diálogo son el único camino a seguir.
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