TeleSUR, Resumen Latinoamericano, 23 de junio de 2025.
El Ministerio Público critica la evasiva respuesta de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, que negó su solicitud de intervención en favor de 252 ciudadanos venezolanos detenidos ilegalmente.
El Fiscal General de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Saab, expresó su rechazo a la respuesta emitida por la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador. Este organismo judicial declaró «improcedente» la solicitud presentada por el Ministerio Público venezolano para intervenir en favor de 252 ciudadanos venezolanos detenidos en el país sin cargo alguno.
La comunicación, enviada el 30 de marzo, buscaba la intervención de la Corte salvadoreña para garantizar los derechos humanos de los ciudadanos venezolanos, quienes fueron trasladados desde Estados Unidos sin ningún fundamento legal. Sin embargo, la respuesta recibida después de más de 80 días argumentó que la solicitud no cumplía con los requisitos formales ni se realizó a través de los canales diplomáticos adecuados.
Saab calificó la respuesta de «cínica» y «evasiva», al considerar que la Corte se escuda en formalismos para eludir su responsabilidad constitucional de proteger la libertad e integridad de las personas detenidas. «No aceptaremos que se someta a ciudadanos a detenciones arbitrarias, sin juicio, sin defensa y sin debido proceso», declaró el Fiscal General.
Además, el Ministerio Público venezolano señaló que la Corte salvadoreña no solo ignoró los hechos notorios, sino que también omitió analizar el fondo del habeas corpus presentado por los abogados de las víctimas. «Exigir que probemos hechos ampliamente difundidos, como el traslado de los detenidos al CECOT en un espectáculo mediático, es un acto de complicidad con la aberración jurídica», agregó Saab.
El Fiscal General recordó que su oficina localizó y entrevistó a 116 familiares de 118 connacionales detenidos, información que está a disposición de los abogados y del sistema de justicia salvadoreño. «No descansarán hasta restablecer la dignidad y libertad de cada uno de nuestros ciudadanos», aseguró.
Esta situación refleja un claro incumplimiento de los principios del derecho internacional y de los derechos humanos por parte de El Salvador, lo cual ha sido denunciado ante organismos multilaterales.
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