La información se basa en registros de las fuerzas armadas hondureñas y en documentos judiciales a los que accedió la periodista Nina Lakhani, quien publicó un artículo en el diario inglés The Guardian el martes 28 de febrero.
Según estas fuentes, el mayor Mariano Díaz Chávez y el teniente retirado Douglas Giovanny Bustillo recibieron en 1997 entrenamiento en la tristemente célebre Escuela de las Américas, que formó durante décadas a las fuerzas militares latinoamericanas en la Zona del Canal de Panamá y desde 1984 fue localizada en Fort Benning, Georgia, bajo el nombre de Instituto del Hemisferio Occidental para la Cooperación en Seguridad.
Además, en 2005 Díaz fue entrenado en la Academia Interamericana de la Fuerza Aérea (IAAFA, por sus siglas en inglés). La IAAFA estuvo localizada en Panamá hasta 1989, luego en la Base Aérea Homestead (Florida) hasta que fue destruida por el Huracán Andrés, para finalmente recalar en la Base Aérea Lackland, en Texas, desde principios de 1993. Allí fue donde, en 2005, Mariano Díaz tomó un curso de “contraterrorismo”.
Acusados como organizadores del crimen, ambos militares fueron detenidos en mayo de 2016, junto a Sergio Ramón Rodríguez y Edilson Antonio Duarte. Este último es identificado como el autor de los disparos contra Berta Cáceres, en el atentado que le costó la vida el 2 de marzo de ese año.
Duarte, quien desde hacía tiempo se dedicaba a tareas de sicariato, declaró haber sido contratado por Sergio Rodríguez, ejecutivo del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, impulsado por la empresa Desarrollos Energéticos SA (DESA). Esta compañía es presidida a su vez por Roberto David Castillo Mejía, otro ex oficial de inteligencia de las Fuerzas Armadas.
Berta Cáceres, en su condición de lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), impulsaba la lucha contra Agua Zarca, denunciando el impacto que ocasionaría en el río Gualcarque y en las comunidades lenca de la zona.
El teniente Bustillo, retirado de las Fuerzas Armadas en 2008, era el jefe de seguridad de DESA y fue quien planificó el asesinato junto a Díaz. Desde su rol en la empresa, Bustillo había acosado reiteradamente a Berta Cáceres, quien en un reportaje en 2013 ya había denunciado los intentos de soborno y amenazas. “(Rodríguez) me ofreció soborno, a mí y al COPINH”, declaró. “Como no les funciona eso, vienen todas las acusaciones que ya se conocen y amenazas de muerte. Incluso tengo mensajes en mi teléfono del jefe de seguridad de la empresa (Bustillo), donde incluso hay acoso sexual”, había expresado Berta, entrevistada por el periodista Dick Emmanuelson.
Las “fuerzas especiales”
Además de Díaz y Bustillo, en la operación participó Henry Javier Hernández, un francotirador retirado que trabajó bajo el mando de Díaz en el 15º Batallón, una de las dos unidades de las fuerzas especiales del ejército hondureño, formadas y adiestradas por EEUU en la década de 1980, con el objetivo de desarrollar su estrategia contrainsurgente. Eran momentos en que desde Honduras se prestaba apoyo a la “contra” que combatía a la Revolución Sandinista en Nicaragua. También en El Salvador y en Guatemala se desarrollaban procesos de lucha armada contra gobiernos plenamente subordinados a EEUU. Tres décadas después, la estructura de fuerzas especiales adiestradas por el Comando Sur continúa en pie, ahora bajo el pretexto de las “amenazas difusas”, en particular la lucha contra el terrorismo y las drogas.
El 15º Batallón, al igual que el Centro de Entrenamiento de las fuerzas especiales, tiene su sede en el Bajo Aguan, una de las regiones socialmente más conflictivas, donde las comunidades campesinas denuncian la represión militar. Allí fueron asesinados la mayor parte de los 124 líderes y activistas sociales que luchan contra el monocultivo de la palma aceitera, en manos de compañías trasnacionales asociadas a empresarios locales, quienes en la práctica ejercen el poder de mando sobre los cuerpos militares, que aplican la doctrina “antiterrorista” contra la población que resiste a los proyectos que intentan quedarse con su territorio.
Luego de su retiro formal en 2013, Hernández se convirtió en informante de la inteligencia militar hasta ser detenido en enero de 2017.
Según lo publicado en The Guardian, registros telefónicos incluidos en la causa judicial ubican a Bustillo y Hernández en el pueblo de La Esperanza, donde vivía Berta Cáceres, desde varios días antes de ser asesinada.
La información también consigna que el mayor en actividad Mariano Díaz, al momento de su arresto, estaba siendo investigado por secuestros y tráfico de drogas. Pese a eso, estaba a punto de ser ascendido.
“En nuestro país hay una dictadura”
Olivia Zuñiga, la hija mayor de Berta Cáceres, considera que el Estado hondureño es gobernado por “una elite criminal, formada también por empresarios que trabajan para favorecer al capital transnacional y no a las grandes mayorías de nuestro pueblo”.
Consultada por Notas para una entrevista que se publicará en forma completa en las próximas horas, Olivia señaló que este es “un momento en que la dictadura se impone en nuestro país con políticas de terror”.
“El crimen de Berta Cáceres es lo que confirma todas las sospechas que había, de que muchas compañeras y compañeros fueron asesinados por escuadrones de la muerte por defender la vida. Nosotros siempre lo hemos denunciado, y como movimientos sociales hemos tenido certeza de ello: como en la década del ’80, un nuevo Plan Cóndor se ha impuesto a partir del golpe de Estado en Honduras. El golpe de Estado de 2009 fue crucial para reactivar nuevamente todos los grupos paramilitares, para reactivar los escuadrones de la muerte”.
“A pesar de ser una líder con un perfil internacional muy alto, de ser una lideresa reconocida mundialmente, nada de eso detuvo a las élites criminales, que la mandaron a asesinar con escuadrones de la muerte y con toda una guerra contra nuestros pueblos, con tropas de élite entrenadas por EEUU, por Colombia, por Israel”, remata Zuñiga.
http://www.lahaine.org/revelan-que-asesinos-de-berta
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