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Campesinos vs. terratenientes y empresarios agroindustriales


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Ha iniciado lo que se llama la socialización del proyecto de ley “por la cual se adoptan disposiciones de ordenamiento social de la propiedad y tierras rurales y se dictan otras disposiciones”. Y como es propio de nuestra cultura Santanderista, nos aprestamos a debatir y debatir leyes sin que podamos solucionar el hecho de que, pese a que aquellas cuesten muertes, no se cumplan.

Hay que recordar la importancia del proyecto, dado el consenso que existe en lo vital para superar el conflicto armado y “construir una paz estable y duradera” que tiene que superar la enorme concentración de la tierra (con un GINI promedio de 0.88 en el año 2009) y el no acceso a ella por los campesinos colombianos.

Los hallazgos del Censo Rural del año 2014 ilustran a profundidad el “estado de cosas inconstitucional del campo colombiano”: refiere que el 0.4% de los propietarios concentran el 46% de la tierra, y plantea el tema de la formalización de la tierra, hasta el de la concentración y el uso, y la situación paupérrima de 12 millones de colombianos. También hay que sumar a eso el fracaso de la restitución de tierras prometida en la Ley 1448 de 2011 .

Hay razón en la lluvia de observaciones críticas al proyecto de ley, que van desde una que realiza un recorrido por los seis capítulos y los 166 artículos [1]; también una carta enviada el 18 de abril por cinco congresistas colombianos a la Comisión de Seguimiento Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (CSIVI) [2] y una columna del profesor Alejandro Reyes [3].

La crítica más profunda tiene que ver con la derogación de la Ley 160 de 1994, por medio de la cual se creaba el Sistema Nacional de Reforma Agraria y Desarrollo Rural Campesino, se establecía un subsidio para la adquisición de tierras, se reformaba el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria y se dictaban otras disposiciones

Y eso es grave (pese a que es una Ley que no ha tenido aplicación) porque en últimas se renuncia a entregar los baldíos de la nación a los campesinos sin tierra o tierra insuficiente, que es uno de los aspectos plantados en el Acuerdo con las FARC-EP, y le abre con ello las puertas a legalizar la usurpación de baldíos que se hizo mediante la violencia y la ilegalidad por parte de grandes propietarios del campo colombiano.

Así, este proyecto de ley de ordenamiento social de la propiedad rural puede convertirse ahora en otra versión de las Zonas de Interés de Desarrollo Rural Económico y Social (ZIDRES) y sellar el ordenamiento empresarial y rentista del campo colombiano. Para muchos no es coincidencia que en el acuerdo firmado en el Teatro Colón se hable de la formalización de 7 millones de hectáreas y en las ZIDRES también.

También anotan los congresistas que se están violando las consultas previas sobre uso del suelo y se soslaya la obligatoria consulta de usos a las comunidades étnicas. Alrededor de la disputa por los baldíos, y sobre si estos son para los campesinos o para las empresas, han girado múltiples propuestas desde el periodo presidencial de Uribe. Recordemos el “Modelo Carimagua” y el de Agroingreso Seguro. Es concebir la construcción del territorio como centros de explotación de las grandes concesiones mineras y de hidrocarburos, con todo el apoyo del Estado. Y si se mira desde el punto de vista de la institucionalidad rural, la poca que ha existido es para promover dicho modelo.

Este modelo de entregar los territorios a las grandes empresas ha ignorado el potencial campesino para la producción de alimentos que, según el Censo 2014, ha sido del 43% de los alimentos, sin políticas de fomento y sin cuotas de participación en la institucionalidad distinto a los gremios agropecuarios. El discurso para el público es el de la aspiración a que los campesinos sean ciudadanos [4]. Hoy, en la propuesta de Ley, a las Unidades Agrícolas Familiares (UAF) se les oponen las Unidades de producción Rural (UPR).

Con la creación del Registro de Sujetos de Ordenamiento (RESO ) y la derogación de la Ley 160 ya no se habla de los sujetos de la reforma rural integral, es decir los campesinos, y como bien lo anota el profesor Reyes en su columna: “Es una lástima que el ministro de Agricultura haya introducido la mano peluda de un mico de última hora al proyecto de ley, al autorizar la entrega del usufructo de tierras baldías a empresas o personas no beneficiarias de reforma agraria a título oneroso, que desvirtúa el propósito fundamental de dar acceso a tierras a los campesinos sin ella o con muy poca (…)”.

Todo ello se sigue constituyendo en evidencia de la falta de voluntad de la dirigencia nacional de asumir una reforma a fondo del campo colombiano; una reforma que le dé un lugar, un estatus, una dignidad a los campesinos colombianos.

Lo que se ha llamado la socialización del proyecto de ley, según la programación inicial, no invita a la enorme tarea de movilización que requiere una reforma de verdad y por el contrario casi que aspira a que un tema tan fundamental pase de agache para el país. Lo más seguro es que el país viva, como en el año 2013, una creciente movilización del campesinado por sus derechos que ya cumplen un siglo sin satisfacción.

Siguen siendo claves las Zonas de Reserva Campesina, el Fondo de Tierras, la formalización y entrega de baldíos a campesinos sin tierra o con tierra insuficiente y para los campesinos que no lograron la restitución.

La realidad de hoy es que muchos campesinos sin tierras y reclamantes de tierras sienten que, después de cumplirse 20 años de haber sido despojados y de la Ley de Reforma Agraria, no van a ver sus sueños cumplirse.

*Las ideas aquí expresadas son responsabilidad exclusiva de la autora y no comprometen al Instituto Popular de Capacitación (IPC).

Notas:

[1] Documento de trabajo: “Análisis del proyecto de ley de tierras presentado por el Gobierno Nacional en el marco de la implementación del Acuerdo final para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera”.

[2] Iván Cepeda, Ángela Robledo, Alberto Castilla, Víctor Correa y Alirio Uribe.


[4] Figura bastante usada por el gobernador de Antioquia Luis Pérez Gutiérrez.Martha Peña Duque, investigadora del Instituto Popular de Capacitación (IPC)



https://www.rebelion.org/noticia.php?id=226024


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