Teología política - Periódico Alternativo

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16 abril 2017

Teología política


Al día siguiente de la represión a los docentes Macrì anunció en su página oficial la adquisición de un blindado antipiquetes que hace cinco años ya le habían ofrecido a Scioli. Además lanzó como globo de ensayo un proyecto de ley sin firma que pena los piquetes con hasta diez años de cárcel. Crece la represión en Jujuy. Ley y orden como argumento proselitista que compense el letargo profundo de la economía donde pocas cosas crecen más que los precios.




A las dos de la tarde del martes 11 el sitio web gubernamental “Gestión Maurizio Macrì presidente-Pro” incluyó la foto que acompaña esta nota, del blindado sudafricano Maverick. Según el contexto, esa palabra inglesa puede traducirse como disidente, rebelde, inconformista, librepensador, heterodoxo, pero la página presidencial lo llama “blindado antipiquetes”. El post de Macrì remite a una publinota del portal Infobae del 22 de noviembre de 2012, cuando gobernaba CFK, y Macrì comenzaba su segundo mandato como intendente de la Capital. Esa página auspiciada por el fabricante y su socio argentino, brinda los detalles técnicos del ingenio, generosamente acompañados por nada menos que 18 fotografías y un video, que lo muestran por dentro y por fuera, de frente y de perfil, estacionado y en acción. La presentación corrió a cargo del CEO del Paramount Group de Sudáfrica, John Craig, y del presidente de la Corporación para la Defensa del Sur (Codesur), Mario Montoto, acompañados por José Scioli, hermano del entonces gobernador de la provincia de Buenos Aires quien, según informaron había analizado con los vendedores la posibilidad de adquirir algunas unidades y luego fabricarlas en el país para exportar a la región. “Desarrollamos nuestros productos donde se encuentren nuestros clientes. Vemos un gran potencial en la región y hemos demostrado nuestra intención de estar en este lugar del mundo”, explicó sin asomo de humor John Craig. Agregó que se trata de un vehículo de seguridad interior, desarrollado para tareas de control de multitudes y piquetes, orden público y operaciones especiales; tiene capacidad para un conductor, comandante y un escuadrón de 10 a 12 policías antimotines; cuenta con vidrios blindados, cámara de circuito cerrado y es apto para la instalación de sistemas de armamento, dependiendo del tipo de misión. También hay una versión hidrante con un cañón de agua y otros sistemas no letales. Para su comercialización en la Argentina, el nombre original fue suplantado por otro más afín al ser nacional-policial: Halcón. Aquel desembarco no tuvo consecuencias. Scioli apenas podía llegar a fin de mes con ayuda del gobierno nacional, de modo que no estaba para la incorporación de juguetes tan costosos como inaplicables dentro de aquel contexto político.





Esta vez no se trata de un reclame de la empresa interesada en el negocio sino de una publicación en el sitio web del jefe supremo de la Nación. Como dato complementario, el día anterior la Policía Federal había golpeado en la Plaza de los Dos Congresos a los docentes que querían instalar la Escuela Itinerante, para exponer su posición respecto de la paritaria nacional. Según el gobierno el salario mínimo ya había sido garantizado por decreto, de modo que no era necesario convocar a la paritaria nacional dispuesta por el artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075/06 y su Decreto Reglamentario 457/07. No es así: el artículo 4 del acta firmada en el ministerio de Trabajo el 25 de febrero, luego de una reunión en la que los sindicalistas docentes discutieron con los ministros Esteban Bullrich y Jorge Triacca, dice que el salario docente deberá estar al menos un 20 por ciento por encima del salario mínimo, vital y móvil. Pero agrega: “Sin perjuicio de lo que se acuerde en la paritaria salarial docente; si esto ocurriere, automáticamente deberá actualizarse”. Esto desmiente que no sea necesario convocar a la paritaria nacional que ordena la ley.





En los días siguientes la página presidencial se ocupó de denigrar a los maestros y su posición. Con la misma solemnidad que John Craig, “Gestión Maurizio Macrì presidente-Pro” recrimina a los docentes por una remera que se ofrece en venta en la Escuela Itinerante y en la que se lee: “En el país de los globos, el forro es rey”. El domingo pasado, La Nación informó que Macrì “evalúa comprar nueva tecnología contra los piquetes. Resolvió profundizar su batalla para enfrentar los cortes de rutas y calles; se analizan inversiones en grúas, equipos para dispersión y reducción de activistas”. Está claro que el contexto ha cambiado.
Orden presidencial

Antes de que se desatara la represión frente al Congreso, los docentes que intentaron montar la Escuela Itinerante dialogaron largamente con los jefes del operativo policial dispuesto para impedirlo. Uno de ellos les confesó su conflicto personal, porque tenía una hija maestra que compartía la reivindicación colectiva, por la convocatoria de la paritaria nacional. “Nosotros no deberíamos estar aquí”, les dijo. Uno de los responsables se apartaba para efectuar consultas telefónicas, un estilo de negociación que se viene practicando en forma regular desde la crisis de fin de siglo con resultados moderadores. Luego de uno de esos contactos, los efectivos de la Policía Federal bajaron la visera de sus cascos de Robocop y con escudos y garrotes en ristre embistieron contra los trabajadores de la educación. “La orden viene directamente de presidencia”, se disculpó uno de los oficiales que mantenía el contacto con los maestros. Con rostros cubiertos, sin placa de identificación y a palos, la fuerza policial lastimó y tomó detenidos. La posterior fundamentación oficial fue que no se habían cumplido los requisitos burocráticos para la solicitud del permiso que, según ellos, debe tener precedencia sobre instrumentos superiores, como la Constitución Nacional y los tratados internacionales de Derechos Humanos, que garantizan la protesta social y ponen límites a su represión, según las necesidades de una sociedad democrática.

Ya el jueves 6, día del imponente paro general, el presidente Maurizio Macrì había felicitado a sus dos ministros Bullrich por la violencia ejercida contra quienes piqueteaban los accesos a la Capital. Aunque hubo una coincidencia política en desviar la atención de la unanimidad en el repudio al modelo económico-social y restar protagonismo a las centrales sindicales, la izquierda trotskista ejercía un derecho mientras el gobierno nacional lo reprimía, una diferencia no menor, sin equivalencia moral ni jurídica posible. Una digresión, marginal pero significativa. Los roles que hoy asumen Patricia Bullrich y Mario Montoto en el negocio de la parafernalia represiva, muestran la heterogeneidad de quienes participaron en las organizaciones revolucionarias del último tercio del siglo pasado. Hubo quienes se comprometieron en la defensa de los derechos y el bienestar del pueblo, pese a que ello implicara entonces ciertos niveles de violencia, pero también aquellos que sólo cedieron a su fascinación por las armas. Hoy no es difícil distinguir a unos de otros.
Marche preso

Además de las vías del hecho, el gobierno intenta modificar la legislación para convertir derechos constitucionales en delitos penados por la ley, con un titulado Proyecto de ley de reforma al Código Penal contra agresiones en piquetes e intimidación pública. Sus considerandos repasan los artículos de la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, los fallos de la Corte Suprema de Justicia argentina y estadounidense, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y del correspondiente Tribunal Europeo que consagran el derecho de reunión, a manifestarse pacíficamente y a peticionar a las autoridades, que constituyen “la columna vertebral del estado de derecho y la vida democrática”. Pero luego de esta enumeración, aduce que esos derechos requieren de una revisión profunda “a la luz de los hechos violentos que a diario se cometen y que poco a poco internalizamos como normales o inevitables, cuando no son más que la negación del ejercicio de otros derechos constitucionales de la mayoría del cuerpo social o lisa y llanamente delitos (intimidaciones, amenazas y privación de libertad a ciudadanos que no participan en manifestaciones, extorsiones a las autoridades de la Constitución y ataques a las fuerzas de seguridad). Cabe entonces definir y reglamentar, desde la legislación, el alcance del derecho a manifestarse públicamente, no como una norma legislativa original, sino procurando interpretar y aplicar las normas de la CN, las leyes vigentes, los tratados internacionales, la jurisprudencia y el sentido común”. Luego de recordar el Protocolo de Actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas, difundido por el Ministerio de Seguridad a poco del cambio de gobierno, los considerandos afirman que las decisiones finales no pueden dejarse “en manos de autoridades inermes, fiscales temerosos y jueces politizados. Elementos contundentes diseñados y empuñados para causar lesiones y capuchas y máscaras para ocultar la identidad y permanecer impunes no deben ser materia de interpretación, objeto de analogías impropias del Derecho Penal, o sujetas al relativismo moral o a la hipocresía descarada. Frente al debate de legos y de expertos, que parece no encontrar consenso en calificar a esos palos amenazantes y las caras cubiertas en los piquetes como armas de intimidación, amenaza, extorsión, vemos necesario introducir la tipificación específica y el agravamiento de las penas en los delitos así perpetrados, dando a las autoridades policiales y a los jueces y fiscales intervinientes la facultad indubitable de disuadir, impedir, detener, reprimir y arrestar y procesar penalmente a las personas implicadas en tales ilícitos”. El articulado modifica cinco artículos del Código Penal (104, 149 bis y ter, 184 y 194) y agrava penas o establece nuevas, de hasta diez años de prisión. De mayor a menor:
De 5 a 10 años de prisión o reclusión por amenazas tendientes a obtener “alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos” (149 ter);
De 2 a 6 años para quien impida, estorbe o entorpezca el normal funcionamiento de cualquier transporte o servicio público en ocasión de una manifestación pública con el uso o exhibición de elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir su identificación (194).
De 3 meses a 2 años si el mismo entorpecimiento no incluye los indefinidos elementos contundentes (194).
De 3 meses a 4 años de prisión por destruir, inutilizar, hacer desaparecer o dañar una cosa mueble, o inmueble o un animal ajeno, si fuere para impedir el libre ejercicio de la autoridad o en venganza de sus determinaciones o durante “una manifestación pública mediante el uso o exhibición de elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir la identificación del agresor” (184).
De 1 a 3 años a quien en una manifestación pública utilice en contra de una persona elementos contundentes, proyectiles, elementos inflamables y objetos capaces de dañar la integridad de personas o bienes, o con la cara cubierta de modo de impedir su identificación (104).

Acaso con conciencia de la dificultad política de conseguir mayoría para un acto de prestidigitación jurídica tan aberrante y advertido de su segura declaración de inconstitucionalidad en distintos lugares del país por jueces de todos los niveles, el proyecto de ley con los propósitos oficiales no tiene firma ni fue presentado con las formalidades del caso, pero circuló ampliamente en la Cámara de Diputados, distribuido por personal de la Alianza Cambiemos. En cualquier caso, contribuye al clima de intimidación con que el gobierno fantasea en superar la prueba electoral.
De ayer a hoy

Con ayuda de encuestas y focus groups, el gobierno entendió que la movilización del 1º de abril fue tan importante que constituyó no sólo un respaldo sino también un mandato y que una porción significativa de la sociedad estaba ahíta de paros, manifestaciones y piquetes, que Macrì dice no entender justo ahora que la economía empieza a encarrilarse. La desmentida a estas dos pretensiones no provino de los opositores sino del núcleo más próximo al propio Macrì. Fue la Policía de la Ciudad la que estimó que quienes el 1º de abril no llegaron a la Plaza de Mayo en colectivo ni impregnados por el humo y la grasa del choripán no pasaron de 25.000, cantidad respetable pero mínima en contraste con la que salió a la calle en las seis movilizaciones de marzo adversas al gobierno. Y la Dirección General de Estadística y Censos de la CABA informó que la inflación en el mes de marzo fue del 2,9 por ciento, medio punto más que el dibujo que el INDEC realiza con impunidad, dado que la gestión de Cantinflas agotó toda capacidad de asombro (ver “Costos”). Esto implica un aumento de los precios del 7,1 por ciento en el primer trimestre del año, y del 35 por ciento interanual de marzo a marzo. Esto ratifica que la pauta inflacionaria fijada por el Banco Central quedará tan lejos de la realidad como el año pasado. No hay forma de impedir que esto se refleje en el clima social.

“Es cierto que mucha gente de las clases medias clama por orden. Pero lo mismo ocurría en 2002. [El senador a cargo del Poder Ejecutivo Eduardo] Duhalde era un obsesivo de las encuestas y todas le decían eso. Pero cuando la policía bonaerense asesinó en la estación Avellaneda a [Maximiliano] Kosteki y [Darío] Santillán, ese clima de opinión se revirtió en forma instantánea y los mismos que pedían represión repudiaron sus consecuencias, con tanta intensidad que Duhalde debió acortar el mandato que le había conferido el Congreso”, recuerda Oscar Laborde, quien en aquel momento era intendente de Avellaneda.

Desde entonces la mecánica de contacto entre organizaciones políticas, movimientos sociales y fuerzas de seguridad ha permitido sortear ese riesgo, con pocas pero trágicas excepciones, como el asesinato de Mariano Ferreyra en 2010, por acción de una patota sindical que desequilibró aquel diálogo nunca fácil entre manifestantes y policías, o las refriegas en la Panamericana cuando un médico que se creía militar y un militar que se disfrazaba de civil sublimaron sus conflictos de identidad en una lluvia de balas de goma sobre manifestantes políticos y sindicales. La novedad es un gobierno que privilegia el orden público sobre la seguridad ciudadana y que tiende a ver la protesta en las calles como un acto criminal. Peor aún, que considera que la represión es un buen argumento proselitista, con miras a la decisiva elección legislativa de medio término. La idea de que una política de ley y orden puede prevalecer en el cuarto oscuro sobre las consecuencias de una estrategia económica que no consigue domar la inflación ni siquiera con tasas de interés que inhiben la inversión productiva, hace prever un semestre turbulento. Esto remite a los procesos electorales de fin de siglo, cuando candidatos de distintos partidos hicieron campaña con sirenas de patrulleros y ráfagas de metralla como sonido ambiental. Este curso de colisión fue revertido entonces por una decisión del gobierno que asumió el 25 de mayo de 2003 y que tres días después fue descripta así por el diario La Nación: “El presidente Néstor Kirchner se puso ayer al frente de la solución del problema educativo y viajó sorpresivamente a Entre Ríos para firmar un acuerdo con los gremios docentes que permitirá reanudar y normalizar las clases desde hoy en todas las escuelas de la provincia, muchas de las cuales no las habían comenzado desde el principio del año lectivo”. Pudo hacerlo porque también decidió basar su gestión en el crecimiento de la demanda agregada, con un estímulo incesante al consumo. Ese es el motor principal, que Macrì apagó en forma deliberada, desencadenando un círculo vicioso de achicamiento del que sólo se exceptúan los precios y la tentación represiva.

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