Persecución contra la procuradora general, Alejandra Gils Carbó
Página/12
La acusaron por haber alquilado un edificio que no se usó. El inmueble estaba destinado a expandir la Procuración para adaptarse al nuevo Código. Cuando asumió Macri, anuló la reforma procesal y por eso el Ministerio Público suspendió el alquiler.
El grupo Clarín lanzó ayer una nueva y feroz ofensiva contra la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, a quien pretende desplazar como sea. Esta vez, la acusación fue por el alquiler de un edificio en la avenida Corrientes al 1600. Se imputa a la funcionaria por concretar una operación supuestamente sin ningún sentido, en la que se gastaron seis millones de pesos y nunca se utilizó lo alquilado. Como aclaró la Procuración horas más tarde, el edificio estaba destinado a la estructura operativa del Ministerio Público, cuyas funciones iban a tener un gigantesco crecimiento en 2016 al ponerse en marcha el nuevo Código Procesal Penal (CPP) votado por el Congreso de la Nación. A partir de la nueva normativa, los fiscales iban a tener a su cargo toda la instrucción penal de los delitos en la ciudad de Buenos Aires, un sistema que existe en muchas partes del mundo: el fiscal investiga y el magistrado avala o supervisa y garantiza ese trabajo. En diciembre de 2015, ni bien asumió Mauricio Macri, el presidente emitió un decreto de necesidad y urgencia para suspender el nuevo Código. Por esa razón, el edificio se devolvió a su dueño, ya que no se concretaría el crecimiento en las funciones de los fiscales. La ofensiva de Clarín buscó crear el clima contra Gils Carbó a raíz de una reunión que se realiza hoy en la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público. La Procuradora ya ofreció hacerse presente en la Comisión en la semana del 15 al 19 de mayo.
La alianza mediática–política–judicial intenta desplazar a Gils Carbó desde la asunción de Macri, pero no le encuentra por ahora ningún flanco de cuestionamiento. El objetivo es poner en su lugar a fiscales adictos, como Guillermo Marijuán o José María Campagnoli. Marijúan, por ejemplo, no apeló el sobreseimiento dictado a la vicepresidenta Gabriela Michetti, algo a lo que se pudo dedicar después de su arduo peregrinaje, con excavadoras, buscando sin éxito bóvedas y dinero enterrado en Santa Cruz. Campagnoli fue punta de lanza contra el gobierno anterior y hoy se bate junto a Elisa Carrió en la interna de Cambiemos. La furia de Clarín contra Gils Carbó no es sólo parte de estas batallas coyunturales, sino que viene de la época en que la funcionaria se opuso –contrariando en ese momento la postura de Néstor Kirchner– a la fusión de Cablevisión y Multicanal ya que, según argumentó, de esa manera se creaba un conglomerado monopólico.
El nuevo conejo que el grupo Clarín sacó de la galera, como principal título de tapa de su edición de ayer, es que la Procuración alquiló en junio de 2015 un edificio sobre la avenida Corrientes y esa estructura nunca se utilizó. En enero de 2016 fue devuelto a su dueño, el presidente de Racing, Víctor Blanco, sin haber sido usado.
La realidad es que el Congreso Nacional votó el nuevo Código en 2014 y luego se aprobó la Ley de Implementación en 2015, por lo que se dispuso poner en marcha la nueva estructura en marzo de 2016. La Procuración consideró que debía inaugurarse el sistema acusatorio en algún distrito pequeño, pero el gobierno optó en aquel momento por tomar el toro por las astas y empezar directamente por la Ciudad de Buenos Aires.
El sistema acusatorio existe en muchos lugares del mundo y en varias provincias argentinas. El fiscal es el que investiga –ya no lo hace el juez como ahora–, las defensas responden a las acusaciones y el juez está ubicado en el medio, autorizando allanamientos, detenciones y resolviendo en el momento oportuno. Hoy en día, en la mayoría de los casos, el juez investiga, allana, detiene, y decide procesamientos, faltas de mérito y sobreseimientos. El fiscal ofrece pruebas, acusa, pero no es el que instruye la causa.
Teniendo en cuenta lo que sería la nueva carga de los fiscales, mucho mayor que la actual, la Procuración alquiló el edificio de la avenida Corrientes. Allí comenzaron las reformas para instalar la atención a las víctimas, las cámaras Gesell, las salas de audiencia, algunas fiscalías especiales como las de Violencia de Género y ciertas áreas técnicas de investigación criminal. La idea era también ubicar allí fiscalías dispersas en distintos edificios porteños. No sólo trabajaron arquitectos, sino que se avanzó hasta en la señalización del edificio. En forma paralela, la Procuración utilizó todo el segundo semestre de 2015 para los cursos de formación del personal y de los fiscales que iban a trabajar en el nuevo sistema acusatorio. Todo debía estar listo para arrancar en marzo de 2016.
Sin embargo, el 29 de diciembre de 2015, el presidente Macri suspendió por decreto la implementación del nuevo Código, una medida que tomó porque –en su mirada– significaba darle más poder a Gils Carbó. En forma paralela, el Ejecutivo le quitó la autarquía económica a la Procuración. Antes, esa estructura recibía un porcentaje fijo del presupuesto nacional. Ahora la Procuración tiene que pelear por fondos cada trimestre.
Suspendida la puesta en marcha del nuevo Código y perdida la autonomía económica, Gils Carbó devolvió el edificio a su dueño, siguiendo los dictámenes de la Secretaría de Administración y la Secretaría de Jurídicos de la Procuración.
Todas estas explicaciones fueron minimizadas para sostener una acusación que tiene un objetivo a corto plazo: influir en la reunión de hoy de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público, que preside Graciela Caamaño. En el Congreso dicen que los diputados y senadores del oficialismo ni siquiera se muestran tan interesados en hostigar a Gils Carbó, la iniciativa es más bien de Clarín.
La procuradora ya envió al Congreso la documentación relacionada con la acusación anterior, por la compra del edificio de la calle Perón. La titular del Ministerio Público señaló que no hubo perjuicio para el estado por el pago de la comisión por la compra del inmueble, pero sí pudo existir una actuación infiel del subgerente administrativo, Guillermo Bellingi, quien le habría pasado información a su medio hermano, que fue quien cobró la comisión de la empresa inmobiliaria y la empresa vendedora. Bellingi fue suspendido de su cargo ante la sospecha.
Hoy, la Bicameral decidirá si cita a Gils Carbó por ese caso, aunque la procuradora se ofreció a concurrir al Congreso en la semana del 15 al 19 de mayo para dar explicaciones sobre esa compra, no sobre su actuación en general, porque esto último equivale a un cuestionamiento de otra dimensión. La funcionaria acepta responder sobre un tema puntual, pero no convalida el clima de persecución.
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