Algunas consideraciones sobre la Ley de Prensa en Cuba - Periódico Alternativo

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30 mayo 2017

Algunas consideraciones sobre la Ley de Prensa en Cuba


El parche y el descosido

Cuba Posible


Recientemente Cuba Posible publicó un dossier sobre la prensa cubana, conformado por un grupo de entrevistas realizadas por Jesús Arencibia a reconocidos periodistas e investigadores. En todas, de manera tangencial o directa, aparecía la cuestión de la Ley de Prensa como una necesidad para el ejercicio del “buen periodismo”. Sin embargo, en todos los casos, la honestidad en las respuestas de los entrevistados dejaba ver claramente la falta de participación y el desconocimiento que existe en el sector de los medios –por no hablar de la sociedad en general- respecto a la mencionada Ley de Prensa, lo cual es, sin dudas, un mal síntoma y un motivo de preocupación.

Los últimos sucesos, revuelos y debates relacionados con el mundo del periodismo en Cuba han vuelto a poner sobre la mesa una de las grandes problemáticas que en materia comunicativa, ética y democrática enfrenta Cuba hoy: la inexistencia de una regulación legal que ampare y paute el ejercicio del periodismo ya sea por profesionales de los medios o por ciudadanos que, haciendo uso de su libertad de expresión (reconocida en los artículos 9, 53 y 54 de la Constitución), decidan consumir, generar y difundir información u opiniones socialmente relevantes sobre su realidad.

Desde hace más de cinco años se dice que un grupo de profesionales de la prensa, del Ministerio de Justicia y funcionarios del Partido están trabajando en la elaboración de la tan anhelada “Ley de Prensa” o como quiera que termine llamándose. Sin embargo, la información que sobre este trabajo se comunica a los miembros del gremio (y corríjanme si me equivoco) es muy poca o casi inexistente (como puede corroborarse en las entrevistas publicadas por Cuba Posible), por no hablar de la información que se brinda al resto de la sociedad o la participación real en la elaboración de dicha ley de la gran mayoría de los colegas y ciudadanos que no forman parte de estos grupos de expertos.

Cinco años pudieran parecer pocos en materia de ordenamiento jurídico, pero lo cierto es que la realidad apremia y mientras se sigue “cocinando” dicha ley, los periodistas no tenemos herramientas legales que nos faciliten el acceso a la información (incluso la de carácter público), algunos colegas han sido despedidos en situaciones poco claras, otros han sido detenidos temporalmente bajo cargos inexistentes, ambiguos y hasta risibles, impedidos de realizar su trabajo y todos estos hechos se juzgan desde posicionamientos éticos e ideológicos, pero no desde marcos legales, porque estos NO EXISTEN. Y es necesario que existan YA, y que estén acordes no solo con los derechos elementales de cada individuo y los principios de un proceso social humanista y libertario, sino también con las condiciones tecnológicas del siglo XXI, puestas en función de los derechos democráticos de los ciudadanos y de la transparencia que debe caracterizar a la gestión de los recursos públicos.

Cuando resta poco tiempo para la realización del X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), buena parte de los miembros del gremio desconocen el alcance que pueda tener la nueva ley. Ni siquiera sabemos a estas alturas si será una regulación sometida a discusión popular antes de su aprobación, si solamente se debatirá y refrendará por la Asamblea Nacional del Poder Popular o si se le dará salida bajo la forma de Decreto-Ley firmado por el Consejo de Estado en la figura de su presidente; y cada una de estas alternativas hablará a las claras del alcance de la tan anhelada “Ley”, ya que una regulación que ataña directamente al gremio de los periodistas lo más probable es que no llegue a instancias del máximo órgano legislativo del país y, mucho menos, a consulta popular; a pesar de que sus efectos van a tener repercusión tanto en quienes hacen el periodismo, como en quienes lo consumen.

Y la gran pregunta que nos sigue martillando a todos los interesados en el tema es: después de tanta espera, ¿cuál será el resultado y el alcance? ¿Una resolución que paute la conformación de una institución que se encargue del manejo de los recursos materiales destinados a la prensa? ¿Una traslación del Código de Ética de la UPEC a términos legales? ¿Una legislación limitada solamente a regular el ejercicio del periodismo y el acceso a la información por profesionales de la prensa o, incluso, por profesionales de la prensa oficial? ¿Una ley que, además, incluya el derecho de acceso, producción y consumo de información de todo ciudadano, la obligación de la transparencia en el manejo de los recursos públicos por parte de las instituciones y funcionarios, y que tenga en cuenta las relaciones comunicativas que deben primar entre las distintas instancias de la sociedad en un modelo socialista?

Cualquiera que sea el resultado creo que vendrá lastrado por una especie de pecado original: no se ha creado un ambiente previo de discusión AMPLIA Y COLECTIVA, de diálogo, disenso, cruce de ideas, confrontación de propuestas, que permita comprender dentro del gremio y en la sociedad en general, la necesidad, implicaciones, retos y también peligros que acompañan a una legislación en esta área, sea cual sea su alcance.

Resulta difícil confiar en la eficacia de una Ley de Prensa construida con cero prensa, de una Ley de Información sobre la cual estamos desinformados la mayoría de los interesados o de una Ley de Comunicación que, al parecer, está siendo redactada bajo el principio medieval de arcana imperii, el cual dictaba que las decisiones de los gobernantes debían permanecer ocultas al igual que las decisiones divinas. Una paradoja lamentable, pero real.

¿Qué ley queremos? ¿Qué ley necesitamos? ¿Qué ley seremos capaces de implementar de manera efectiva? ¿Cómo lo haremos? ¿Para qué? Estas son preguntas que, a mi juicio, no tenemos del todo claras y que van a pasar factura desde el momento (y sobre todo luego) en que se publique en la Gaceta Oficial el documento definitivo.

Si tuviera que responder a la pregunta formulada por Arencibia a sus entrevistados sobre la Ley de Prensa, diría que desearía que la futura ley tuviera en cuenta un par de principios básicos:
La Ley, además de Prensa, debe ser ley de Información, para que incluya lo relacionado con el acceso a la información de carácter público, así como la producción y difusión de contenidos no solo por los periodistas, sino por todos los ciudadanos. Debe ser también una Ley de Comunicación, para que paute las relaciones comunicativas y los deberes al respecto de las distintas instancias del gobierno, el sector empresarial y la sociedad.
El objetivo de la Ley debe ser garantizar a todos los sectores de la sociedad la máxima libertad de expresión y difusión posibles, sin descuidar la protección de la integridad de individuos e instituciones ante abusos y usos poco éticos de dicha libertad.

Y en materia de regulación esperaría que tocara, de manera clara y acorde con las condiciones actuales, los siguientes temas:
Estructura de propiedad de los medios de comunicación en Cuba y vías legítimas para su financiamiento.
Relación de los medios de comunicación respecto al gobierno y el Partido.
Diseño de políticas informativas y nombramiento y democión de los directivos de los medios.
Derecho de acceso y difusión de la información de carácter público por parte de periodistas y ciudadanos.
Habeas data, protección de fuentes y derecho a réplica.
Restricciones y excepciones a la libertad de expresión
Transparencia de la gestión y administración públicas.
Deberes y derechos de las partes implicadas en el ejercicio del periodismo y la producción y circulación de información socialmente relevante.
Concreción de los instrumentos legales que garanticen el cumplimiento de los principios, deberes y derechos antes planteados, así como las penalidades para quienes los violenten.

¿Existen en Cuba hoy las condiciones subjetivas y objetivas óptimas para el funcionamiento de una ley de prensa, información y comunicación con este alcance? La respuesta es no. Es imposible desconocer los efectos de décadas de secretismo, autoritarismo, hostigamiento internacional, intolerancia ante el disenso y de todos los “síndromes” que caracterizan a la prensa del patio y su relación con los sectores político y empresarial. A esto habría que sumar la necesidad de desarrollar toda una rama dentro del Derecho (poco trabajada en nuestro país), de una cultura cívica en ciudadanos y profesionales que posibilite la exigencia por el cumplimiento de la ley, en un contexto donde es poco común el uso de las leyes por los individuos para defenderse de las instituciones, excepto en los ámbitos laborales.

¿Debemos, entonces, esperar a que estén creadas todas las condiciones y adoptar mientras una regulación de un alcance más limitado? La respuesta también es NO, pero en este caso mucho más rotundo y enfático. De hecho, la adopción de una legislación avanzada y la creación de los mecanismos que permitan su cumplimiento y control sistemático, son los principales instrumentos que harán que poco a poco se vayan desarrollando la conciencia y las prácticas necesarias para un uso más democrático y socialmente productivo de la información y la comunicación.

Que habrá tropiezos; es seguro. Incumplimientos; también. Que será necesario ir realizando ajustes sobre la marcha a partir de la crítica oportuna realizada por periodistas, ciudadanos, funcionarios; es lógico. De hecho, es un proceso normal por el que atraviesan todas las regulaciones, incluso, las más acabadas. Pero lo cierto es que la cultura de la transparencia, el ejercicio sistemático del periodismo crítico, profundo, plural, y el restablecimiento del equilibrio de las cuotas de poder entre ciudadanía y gobierno, no van a surgir por “generación espontánea”, sino que necesitan de mecanismos legales que concreten la voluntad política de llevarlas a cabo.

Teniendo en cuenta la importancia de esta ley, así como el secretismo y dilación que han caracterizado su proceso de elaboración, considero que sería imprudente cruzarnos de brazos y esperar a que dicha regulación “venga de arriba” (o de “al lado”, o de donde venga), ya que en “buena ley” esta debe reflejar las aspiraciones, preocupaciones, deberes y derechos de todos aquellos implicados con el ejercicio del periodismo y la generación, difusión y consumo de información socialmente relevante: o sea, todos nosotros.

Por tanto, sería un buen ejercicio la elaboración de un borrador colaborativo de cómo quisiéramos que fuera y qué desearíamos que contuviera dicha ley de prensa, lo cual puede ayudar tanto a ese equipo de trabajo que ya labora en ella, como a nosotros mismos para no estar “en cero” cuando dicha regulación aparezca y sea presentada (o al menos espero que así sea) al gremio y la sociedad para su discusión.

En realidad la idea no es ni tan alocada, ni tan ingenua como pudiera parecer en primera instancia. En el mundo ya hay experiencias de leyes que han sido construidas con participación directa de la ciudadanía (y no solo de representantes electos o designados) haciendo uso, sobre todo, de las plataformas digitales.

Y en el caso concreto de Cuba tampoco partiríamos de cero. Existen varias tesis de licenciatura en Periodismo que trabajan el tema de las leyes de Prensa y Comunicación, tanto en América Latina, como en la Isla. La Facultad de Comunicación de la Universidad de la Habana posee toda una línea de investigación relacionada con estos temas, que ha producido incluso análisis y propuestas que pueden ser útiles como puntos de partida. También, desde diferentes facultades de Derecho del país, se han realizado trabajos similares. El equipo de Cuba Posible ha publicado artículos que desde una perspectiva jurídica identifican lo que existe actualmente en materia jurídica relacionado con la prensa y el ejercicio de la libertad de expresión, y algunas de las dificultades que estos mecanismos presentan. Y estoy seguro de que hay mucho más por ahí, disperso y engavetado.

O sea, que tenemos puntos de partida, de comparación y contamos con un amplio capital intelectual en todo el país y fuera de él, que puede contribuir a esbozar una regulación que sea funcional y beneficiosa tanto para los ciudadanos y periodistas, como para el propio gobierno, que necesita de una prensa y una ciudanía activas, que le funcione como apoyo y también como contraparte cuando sea necesario.

Qué nos falta: hacerlo. Ser capaces de sentarnos a pensar, de manera individual y también juntos, periodistas, comunicadores sociales, informáticos, sociólogos, politólogos, juristas, informáticos y todas aquellas personas que sientan que deben y tienen algo que decir al respecto. Empecemos a elaborar propuestas, sencillas, que abarquen los principios que debería contener dicha ley, los temas que debería regular, y así ir nutriendo un cuerpo que puede ubicarse en alguna plataforma colaborativa en línea, circularse a través de correos electrónicos, de manera que se vaya conformando un paquete inicial que dé paso a debates más centrados en análisis de propuestas concretas.

Por supuesto que la elaboración de una legislación es mucho más complejo que la libre formulación de ideas, ya que posee metodologías específicas y requiere de conocimientos especializados, pero ello no excluye que el basamento de la ley deba contener, o al menos tener en cuenta, las aspiraciones de aquellos a quienes dicha ley afectará. Y, en este caso, somos nosotros los más interesados en que se concrete dicha ley y que cuando se haga, tenga más de “sendero”, que de “cerrojo”. Si no queremos, una vez más, ser los receptores de un documento ya elaborado y con pocas posibilidades de modificación y debate real, será mejor que empecemos desde ahora a colaborar con nuestras propuestas. El interés es nuestro, ya que la ley nos beneficiará o perjudicará a nosotros. Sabemos y podemos hacerlo, solo nos falta quererlo.





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