Miles de brasileños han tomado este jueves las calles de su país para reclamar la renuncia del presidente Michel Temer y la celebración de nuevas elecciones.
Los ciudadanos se han movilizado en al menos diez ciudades del país, siendo las principales protestas las de Río de Janeiro, São Paulo y la capital, Brasilia, en medio de fuertes operativos de seguridad. "Fuera Temer", "ni un derecho menos" y "elecciones directas ya" han sido algunas de las consignas de los manifestantes.
Las protestas se intensificaron ayer miércoles tras revelar el diario local O Globo que Temer había sido grabado avalando la compra del silencio de Eduardo Cunha, expresidente de la Cámara de Diputados, para que no revelase datos sobre la corrupción de la petrolera estatal Petrobras.
La difusión hoy jueves del audio por el Tribunal Supremo Federal (STF, en portugués) de Brasil ha agudizado aún más la ira popular, al ser los brasileños testigos día tras día de nuevos escándalos relacionados con el pago de millonarios sobornos por parte de Temer y otros miembros destacados del gobernante Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
En las protestas se ha visto a un grupo llevando un ataúd con un retrato de Temer rodeado de velas y frases contra su gestión, mientras otros optaban por llevar camisetas con referencias al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), del que pedían que sea candidato en las elecciones previstas para 2018.
En Río de Janeiro, la policía ha atacado a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma al finalizar la marcha.
Tras revelarse la grabación a Temer, el juez del STF Edson Fachin ha autorizado hoy jueves el inicio de la investigación contra Temer por el caso de corrupción Lava Jato, de manera que el mandatario podría verse sometido a un juicio político como el que él mismo impulsó contra Dilma Rousseff y que acabó con la destitución de la expresidenta.
El mandato de Temer, quien acaba de cumplir un año al frente del Gobierno, ha estado marcado por las críticas a sus medidas económicas y a sus polémicas decisiones, como la de impulsar una enmienda constitucional que congela el gasto público por 20 años.
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