La arremetida de la derecha camina a paso firme. Sus golpes separados pero en unidad estratégica, han sido eficaces y han puesto en apuros a la Revolución Ciudadana y al Movimiento País, organización que lidera este proceso.
La sutil ubicación táctica de la derecha, en la coyuntura actual, poco a poco intenta apoderarse de la plataforma histórica de la izquierda. Defensa a trabajadores y servidores públicos, defensa de los jubilados, democratización educativa, desarrollo económico con bienestar social, libertad de expresión, democracia y hoy lucha anti-corrupción; son consignas que están posicionando actualmente la derecha como suyas.
Frente a este escenario, la pregunta es: ¿dónde está la izquierda que enfrente esta arremetida? Sea donde se encuentre la izquierda, con pocas excepciones, existe una táctica clara de la reacción: la corrupción como el caballo de Troya en la Revolución Ciudadana.
Mucho lodo se ha lanzado, nuevamente, al Estado, como representación de lo público, durante este tiempo. Este discurso, que no es coincidencia, es el permanente ataque desde los sectores privados. La política neoliberal de la satanización de lo público intenta disputar y recuperar el poder. La corrupción, obviamente como parte de esta disputa.
Global Financial Integrity (GFI), organización no gubernamental que tiene como propósito consolidar la información existente sobre los capitales que emanan desde distintos países y salen hacia los paraísos fiscales, expresa que del 100% de las operaciones económicas ilegales, el 63 % del total son por las maniobras de flujos ilícitos relacionadas a bancos, 37% a actividades estrictamente criminales de todo tipo y sólo 3% por la corrupción gubernamental.
Estas cifras muestran la intrínseca relación entre los sectores privados con la corrupción, mediante cualquier operación económica ilegal; y, por otro lado, la corrupción gubernamental en mínimo porcentaje, pero que se presenta y debe ser combatida.
La Revolución Ciudadana, como proyecto superador del neoliberalismo, logró encaminar el fortalecimiento del Estado como institución reguladora de la política y la economía nacional, logrando institucionalizar al país acorde a la soberanía y a la Constitución del 2008. Esto, por obvias razones, trajo consigo el ataque sistemático del neoliberalismo y sus representantes.
El caso Odebrecht ha impuesto una agenda política en la sociedad ecuatoriana, su objetivo dirigido contra el Estado se vincula de la misma manera a desprestigiar exclusivamente a la Revolución Ciudadana, más no a todos los espacios donde extendió los tentáculos, como por ejemplo, en el Municipio de Quito, representado actualmente por Mauricio Rodas, cuadro político de la partidocracia y de la derecha reaccionaria. El caso del Municipio de Quito ha pasado por poco desapercibido.
Es así, que paradójico se presenta el combate a la corrupción desde los mismos sectores privados. No se puede perder de vista que la forma institucionalizada, el modus operandi de negociación de la empresa Odebrecht, empresa privada, fueron las coimas corruptoras hacia individuos integrantes del Gobierno, y también a personas que no son del Gobierno, pero que no significa, por estos actos, que la corrupción sea institucionalizada gubernamentalmente o sea parte de un proyecto político como se ha pretendido hacer creer.
La izquierda y los aliados al Movimiento País desgraciadamente no han tendido vela en este entierro, a más de mostrar su rechazo a la corrupción, no han podido encaminar la lucha anti-corrupción hacia la fuente del problema y sus enemigos de clase.
Desde que Rafael Correa impulsó la consulta popular sobre los paraísos fiscales como combate a la corrupción, poco o nada se ha hecho sobre el tema. Las famosas comisiones o frentes anticorrupción no son nuevas, existen desde finales de los 90. Y, si bien se podía solicitar apoyo internacional como se lo ha hecho a la ONU, también se lo pudo haber realizado a organismos más soberanos creados y consolidados como consecuencia de los mismos procesos progresistas como Celac o Unasur.
Independientemente de todo esto, vale la pena hacer una lucha consecuente desde la izquierda y mencionar algunos casos que deberían ser tratados, augurando una lucha real a la corrupción además de impedir el avance de la derecha reaccionaria.
En abril del 2016 Diario El Telégrafo publicó un informe presentado por el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) sobre empresas que mantendrían vínculos con paraísos fiscales. En este informe, las empresas privadas que poseen sociedades offshore son: El Consorcio Nobis, Eljuri, Pronaca, La Favorita, etc. Sin olvidar a las que, hoy por hoy, pretender dar clases de moral como: Ecuavisa, Banco del Pichincha, Banco de Guayaquil, entre otras.
Haciendo una pequeña radiografía a la actual correlación de fuerzas al interior del Gobierno de la RC, donde ha existido un consenso para la gobernabilidad entre los sectores privados y los sectores públicos, llama la atención lo siguiente:
Pablo Campana, actual Ministro de Comercio Exterior, es yerno de la empresaria Isabel Noboa y ocupó cargos en el Consorcio Nobis, consorcio mencionado en las investigaciones offshore. Además es miembro de PROPONLE que impulsó la Minga Nacional Agraria para fortalecer la agro-exportación, que en palabras de sus integrantes: “Sostiene que en los últimos años se ha abierto una brecha, donde las políticas públicas no siempre obedecen a la realidad de los negocios, pero también los negocios pretenden avanzar sin estar en concordancia con las políticas que el Estado y la sociedad demanda” . El actual Ministro, para sus fines pertinentes, necesitará coordinar relaciones con el Ministerio de Agricultura, cartera que actualmente representa Otilia Cordero, quien ha expresado que el objetivo de su ministerio será, coincidencialmente, la misma minga, pero aún mucho mayor, la Minga Agropecuaria.
El Ministerio de Acuacultura y Pesca es representado por la ex jefa de Adquisiciones de la Empresa Pesquera Eurofish, Ana Drouet Salcedo. Eurofish se encuentra entre las empresa pesquera más rentables.
El sector estructural –en concepciones marxista- se consolidaría con el Ministerio de Industria, cuya responsabilidad recae en Eva García Fabre, quien fue Directora de Estudios Económicos y Comercio Exterior de la Cámara de Comercio de Guayaquil, 1990 – 2004, Asesora económica y financiera de la Cámara de la Construcción de Guayaquil, 1986-2009, Asesora de la Alcaldía de Guayaquil en la formación de la Corporación de promoción internacional de Guayaquil y su área de influencia: “Guayaquil competitivo”, Año 2009, Asesora internacional en desarrollo regional del Proyecto NOBIS-BID para el desarrollo del cordón costero de Guayas y Santa Elena.
Sin olvidar algunas carteras de Estado como el Ministerio de Turismo que será ocupado por el ex - gerente de Decameron, Enrique Ponce de León o Carlos Pérez García, ex – director en Ecuador de la empresa petrolera transnacional Halliburton en el Ministerio de Hidrocarburos.
De la misma manera, el Ministerio de Trabajo con Raúl Clemente Ledesma, quien sorprendentemente ha manifestado de manera pública que Ecuador está en crisis económica desde hace dos años atrás. Raúl Ledesma es hijo del ex – Presidente de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, Eduardo Ledesma. Esta cartera de Estado ya se ha inaugurado con “bombos y platillos” defendiendo el acuerdo 0094 emitido por el Ministerio del Trabajo, con fecha del 22 de mayo de 2017 y actualmente coordinando la propuesta de “Flexseguridad laboral” propuesta por la Cámara de Comercio de Guayaquil.
El cambio de estilo no debe ser entendido como cambio de la política económica nacional peor aún atentar contra el Estado y las políticas de beneficio social, que tanto ha costado recuperar en esta década de cambios progresistas.
Si bien hay que realizar pactos para la gobernabilidad que deben servir como tácticas necesarias de acumulación de fuerzas y el desarrollo de las fuerzas productivas mediante la alianza público – privada para el proceso de liberación económico social, en ningún momento se puede permitir que la dirección del proyecto político económico sea vulnerable. ¡La agenda política la puso el pueblo ecuatoriano en las urnas!
Es claro que hay que combatir a la corrupción, pero no desde la abstracción moral sino desde la fuente real de sus promotores, que -no coincidencialmente- son los grupos económicos neoliberales y reaccionarios, conspiradores de los procesos progresistas de la región. La corrupción no es problema exclusivo de un gobierno, es la crisis, pero también la solución, del sistema capitalista que se expresa aún más en el desenvolvimiento ilícito de la “lógica empresarial” del sector privado.
Es imperativo que desde la izquierda y los sectores afines a la Revolución Ciudadana entendamos y reaccionemos frente al crucial momento coyuntural que, con el avance de la derecha reaccionaria, puede convertirse en quiebre histórico. Ojalá que la incorporación de la izquierda en el mismo consenso del Estado no sea causa para impedir ver más allá de los intereses particulares.
Fuentes:
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=228065
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