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Alrededor de 300 miembros de la Guardia Indígena Pijao de distintos municipios del Tolima, se solidarizan y apoyan en este momento, a más de 27 familias de la comunidad del Resguardo indígena Pijao de San Antonio de Calarma, en el municipio de San Antonio, a 10 kilómetros de su cabecera municipal, que están siendo desalojadas a la fuerza, como consecuencia de una acción judicial proferida por el Juzgado Promiscuó de San Antonio, Dra. Nelly Eugenia Paredes sobre la finca “Las Delicias, La Holanda", 750 hectáreas tituladas a la sociedad Hoyos Vallejo, que al encontrarse en abandono hace 16 años, los indígenas habitaron y consolidaron hasta la fecha como una zona de restauración y conservación forestal, hídrica y agrícola, reconfigurando así el uso de estas tierras que antes fueron destinadas a los cultivos ilícitos de la coca y amapola.
Tras varias diligencias de desalojo, desconociendo cualquier acuerdo de “Paz territorial” que se promueve para el sur del Tolima, revictimizando a las comunidades campesinas e indígenas que durante décadas han sido víctimas del despojo y la vulneración de todos sus derechos sociales, económicos, políticos y culturales, nuevamente se ven sometidas a la pérdida de sus derechos.
No es de desconocimiento de la población que sobre estos predios se encuentran proyectos de interés nacional como proyectos de implementación de la “Zonas de Interés de Desarrollo Rural, Económico y Social” ZIDRES, que promueven un campo sin campesinos, o El Oleoducto al pacífico “Proyecto Tapir” que contempla la construcción de un oleoducto para transportar crudo desde los llanos orientales hasta el puerto de Buenaventura, o la construcción de una vía 4G que atravesaría este mismo territorio, para lo cual, es una evidencia que las comunidades indígenas representan un obstáculo de estos megaproyectos.
La comunidad hace un llamado URGENTE a todos los sectores sociales, populares, organizaciones de Derechos Humanos a que se pronuncien en favor de la comunidad para que se respeten los derechos al territorio, a la alimentación, al trabajo, a la vida digna, derechos de los niños/as, a los mayores, ya que la comunidad indígena y el Pueblo Pijao.
Hacemos un llamado a la Dirección de Asuntos Técnicos Territoriales de la Agencia Nacional de Tierras, a la Dirección de Etnias del Ministerio del Interior y Justicia, a la Gobernación del Tolima, Defensoría del Pueblo, organizaciones de Derechos Humanos a que de acuerdo al mandato de construir una paz estable y duradera respete el derecho de la comunidad indígena de San Antonio de Calarma al territorio.
COMITÉ DINAMIZADOR AMBIENTAL DEL SURORIENTE
OBSERVATORIO DE EXPANSIÓNMINERO-ENERGÉTICA Y RE-EXISTENCIAS- OMER
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=230086
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