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Territorio y autonomía: demandas del pueblo mapuche


Punto Final

Habla el vocero de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, sobre los objetivos autonomistas y anticapitalistas de su organización

Reivindica las acciones directas contra las forestales que desde hace veinte años se llevan a cabo en La Araucanía (Wallmapu para el pueblo mapuche) y critica en duros términos el plan de desarrollo para la Región anunciado por la presidenta de la República y que el ministro de Desarrollo Social, Marcos Barraza Gómez, comunista, calificó en una columna de opinión en El Mercurio (5 de julio) como “una de las propuestas más sólidas e integrales presentadas en esta materia durante nuestra historia republicana”.

Pedimos a Héctor Llaitul que hiciera un diagnóstico de la situación en el Wallmapu y esta fue su respuesta:

“Efectivamente hay una agudización del conflicto. Esto lo producen las medidas que implementa el Estado chileno para enfrentar las demandas -sobre todo las demandas políticas y territoriales- de nuestro pueblo. Eso ha creado una situación en que el conflicto no tiene solución en el corto o mediano plazo. El Estado chileno ha puesto en práctica una suerte de ‘guerra de baja intensidad’ contra los movimientos de resistencia mapuche para salvaguardar los intereses del gran empresariado de la región. Esto se grafica en la militarización de la zona de conflicto entre las comunidades mapuche y los procesos de inversión capitalista que arremeten contra nuestro pueblo. La reivindicación territorial y autonómica choca directamente con los intereses de los grupos económicos de la industria forestal y energética, lo que ha producido una mayor radicalidad en la confrontación.

La creciente militarización del Wallmapu se observa sobre todo en los patrullajes de carros blindados de las Fuerzas Especiales de Carabineros, en la cantidad de personal destinado a la Región que cumple diversas tareas. Son unos tres mil efectivos apostados en el Wallmapu histórico. Están allí para custodiar los intereses de las forestales y de los proyectos energéticos. Otros carabineros cumplen misiones de protección en puntos de riesgo. En resumen, numeroso personal equipado para un combate, batallones de policía militarizada con campamentos, vehículos de transporte mayor como helicópteros y avionetas, equipos de vigilancia sofisticados que incluyen drones, globos aerostáticos, sistemas de alta tecnología mediante cámaras de vigilancia en la ruta 5, principal arteria que cruza el Wallmapu. Algunas con capacidad geotérmica de visibilidad nocturna. Todo esto ha significado un gasto muy cuantioso. Solo las cámaras de vigilancia con infrarrojo significaron una inversión de más de cinco mil millones de pesos.

A eso hay que sumar la permanente criminalización del pueblo mapuche. Detenciones arbitrarias, allanamientos, prisión política -hay más de cuarenta presos o procesados políticos-, etc.

También está la aplicación de la Ley Antiterrorista y de la Ley de Seguridad Interior del Estado en procesos viciados por la utilización de mecanismos de esas leyes, como los ‘testigos protegidos’. Hay que agregar las operaciones de inteligencia policial y política con montajes que pretenden sacar de circulación a dirigentes y militantes. Todo esto no es nuevo para nosotros, también se hacía en dictadura.

Existe una potente campaña mediática que tiene dos objetivos principales: reproducir en el imaginario colectivo la imagen del mapuche ‘terrorista’. Cada vez que los mapuche defendemos nuestros derechos, la prensa nos cataloga de delincuentes o terroristas. Aquello establece una condena previa contra los militantes de la causa mapuche. Esa campaña tiene un alto componente de racismo y no solo proviene de la derecha sino también de los gobiernos de turno. Un racismo que ha existido históricamente y que ha permitido construir un discurso que es parte de la ideología del poder. Los mapuche éramos considerados -en el pasado- sanguinarios, primitivos y salvajes; después nos caracterizaron como flojos, borrachos, etc. Son prejuicios que reproducen los medios de comunicación a la hora de situar al pueblo mapuche como actor en este conflicto.

La derecha económica y política ha ganado posiciones para crear la imagen de que las víctimas de la violencia son ellos y no los mapuche. A tal punto que una de las medidas anunciadas por la presidenta Bachelet apunta en la dirección de reparar a las víctimas de la violencia rural que serían los agricultores, colonos y empresas que han sentido los efectos de la resistencia mapuche. Se les presenta como las únicas víctimas, no a los mapuche que hemos sido las víctimas históricas del conflicto desde que el Estado y el sistema capitalista se impusieron a sangre y fuego en nuestros territorios. Este es, en síntesis, el escenario actual de la confrontación”.

¿Qué actitud tiene la CAM sobre los ataques incendiarios a camiones y maquinaria de las forestales?

“Para analizar esos hechos hay que referirse a la violencia en la agudización del conflicto entre el pueblo mapuche y el Estado chileno. No es resultado solo de los grados alcanzados por la resistencia mapuche. Desde luego, se trata de una confrontación en que ambas partes tienen responsabilidades. De parte del Estado ha habido una violencia permanente, estructural, económica y cultural mediante la usurpación de los territorios mapuche. Asimismo se ha negado a solucionar las demandas políticas y territoriales de nuestro pueblo. El desarrollo del proceso de resistencia ha llevado a realizar acciones que enfrentan sobre todo las relaciones opresivas de mercado que afectan al mapuche.

Son acciones de sabotaje y dirigidas contra los intereses de los usurpadores de la tierra. Sus procesos de inversión capitalista destruyen el hábitat y la concepción cosmovisionaria de nuestro pueblo. Esta es la lógica de esas acciones directas. Tienen el carácter de sabotaje a la economía capitalista y no buscan poner en riesgo la integridad de la población, como intentan demostrar los medios de la derecha. Eso es algo que negamos rotundamente. Estas acciones de resistencia son un componente importante en nuestra acumulación de fuerzas. Permiten avanzar en el control territorial, que es el objetivo estratégico de estas acciones. Buscan una solución al conflicto por las tierras y se dirigen contra el sistema implantado por las empresas forestales, responsables de la usurpación y devastación del territorio ancestral mapuche.

Estas acciones han generado un punto de inflexión en el conflicto. A tal punto que la derecha y otros sectores conservadores las estigmatizan como terroristas para perseguir y aniquilar a quienes están detrás de ellas y así tratar de frenar la resistencia de nuestro pueblo. Las reivindicamos como parte de la lucha estratégica y de la protesta social mapuche en general, porque se han agotado las vías de solución a nuestras demandas políticas. Se intenta desvincularlas y aislarlas de las otras acciones políticas que desarrollan las comunidades. Sin embargo, todas forman parte del proceso de reconstrucción nacional que está desarrollando nuestro pueblo. Forman parte de la lucha por la recuperación territorial y por la recuperación de un modo de vida y de un tipo de sociedad mucho más justa que la existente”.

¿Qué opina la CAM del Plan de Desarrollo Integral de La Araucanía anunciado por la presidenta Bachelet?

“El conflicto se ha vuelto un tema en la agenda del gobierno. Estamos a veinte años de los sucesos de Lumaco, cubiertos en la portada de Punto Final (N° 409 del 19 de diciembre de 1997) con el título: Lumako. La dignidad mapuche . Rememoramos aquel hito porque allí se inició esta etapa del conflicto con la quema de tres camiones de la Forestal Bosques Arauco. Frente a las acciones directas y la resistencia han surgido voces, no solo del empresariado sino también de la clase política, en especial de la derecha. Pero también de la gobernanza neoliberal representada en un amplio espectro de la Nueva Mayoría. Esas voces emplazan a buscar alguna solución a los grados de confrontación adquiridos por el conflicto.

Desde la Presidencia surgió la idea de una comisión asesora que respaldara ciertos anuncios. En su momento dijimos que no era una instancia legítima, sino un intento más -como muchos anteriores- de crear un mecanismo que actuara como dispositivo para atenuar la confrontación. La comisión entregó su informe a la presidenta que, finalmente, anunció medidas que no fueron de extrañar. Más de lo mismo, o nada nuevo bajo el sol. Lo único concreto es la declaración de un Día de los Pueblos Originarios, un día feriado. Los otros anuncios son solo anuncios y promesas. Por ejemplo el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios requiere una reforma de la Constitución. ¿Cuánto tiempo tendrá que pasar para que esto se produzca? Se trata de una demanda mapuche que tiene casi treinta años.

Chile es uno de los países más atrasados en el reconocimiento de sus pueblos originarios. Este anuncio no se va a materializar durante este gobierno. Si viene un gobierno de derecha menos se va a concretar. La creación de un Ministerio de Pueblos Indígenas y de un Consejo de Pueblos Originarios son proyectos que están en el Congreso y que van en la misma dirección, considerando que los parlamentarios representan en su mayoría posiciones empresariales. Al respecto, debemos aclarar que la CAM no demanda la creación de esas instancias que tienen que ver con el modelo colonial de dominación que sufre nuestro pueblo. Serían algo así como la Conadi con mayor presencia indígena y recursos para seguir administrando el estado actual de cosas. Son instancias que demandan otros sectores del pueblo mapuche interesados en avanzar por la vía institucional. Pero nosotros estamos por otra vía: acumular fuerzas para la recuperación del territorio y la autonomía. Nuestra lucha no va por la institucionalidad opresora.

Impresiona la desfachatez de los anuncios del gobierno. No variará las condiciones de opresión y no otorga medidas que restablezcan los derechos fundamentales de nuestro pueblo, que son derechos políticos. Un aspecto positivo podría ser el reconocimiento constitucional -aunque no nos casamos con esto- porque abriría la posibilidad de la lucha política por la autodeterminación. Por ahí podrían lograrse avances sustantivos. Pero el reconocimiento constitucional es hasta ahora una promesa incumplida.

En los anuncios presidenciales se nota la influencia que ganaron los sectores conservadores, no solo en la comisión asesora sino en los cercanos a la Presidencia. Por ejemplo, se determinó un fondo de reparación para víctimas de la violencia rural, pero no para los mapuche que han sufrido violencia en el actual periodo. Entonces, ¿no hay justicia para los mapuche? ¿Cuántas casas mapuche han sido quemadas o destruidas? Cercos y sembrados arrasados. Vidas arrebatadas, torturas, allanamientos, prisión política, etc. ¿No hay reparación por estos crímenes? ¿El Estado no se hará cargo tampoco de las masacres del pasado, de la usurpación territorial, de mantener al pueblo mapuche en la pobreza?

El discurso empresarial ha instalado víctimas de un solo lado, y este gobierno se alineó con ellos. Nosotros afirmamos con fuerza que en este conflicto las víctimas son los mapuche. Las víctimas históricas desde que el Estado usurpó nuestros territorios a sangre y fuego, con un ejército financiado por la oligarquía que despojó al pueblo mapuche de más del 95% de su territorio, robó su ganado, masacró a la gente y la condenó a vivir en la miseria. Estas son las víctimas reales del conflicto y el Estado no saca nada con pedir perdón si la solución no repara ni hace justicia.

También se anunció un fondo para potenciar el desarrollo en La Araucanía. Pero los recursos no van para los mapuche y ni siquiera tiene una lógica indígena. Este gobierno insiste en la idea colonial de tratar de superar la pobreza y la desigualdad con mayor asistencialismo. La presidenta Bachelet entregaría fondos para que la gente capitalice y reproduzca el capital en una zona muy conservadora y que está en manos del empresariado. El fondo está destinado a grupos conservadores, lo que incluye también a colonos fascistas responsables además, de la represión de personas que llevaban adelante el proceso de Reforma Agraria en los años 70. No es por nada que La Araucanía es conocida como el bastión de la derecha más recalcitrante”.

¿Qué plantea la CAM frente a esta realidad?

“Tenemos una mirada positiva de la lucha mapuche y de sus resultados. Esta lucha es entre los poderosos y los oprimidos, y por razones obvias estamos en desventaja estratégica. Hay un conflicto que en el corto y mediano plazo no tiene solución, al menos en el actual escenario político-social. Pero se debe reconocer que, del lado mapuche hay una fuerza social, política y militar que se confronta con el empresariado y la gobernanza neoliberal y que lo hace dignamente. Con el tiempo y al calor de la lucha, hemos desarrollado capacidades político-organizativas expresadas en las experiencias de control territorial, así como de capacidad operativa con los diversos Organos de Resistencia Territorial, los ORT, quienes han sabido expresar la resistencia con sabotajes certeros al gran capital, y a su vez disposición combativa permanente para el enfrentamiento con las fuerzas de ocupación. También se debe reconocer que el movimiento de resistencia va adquiriendo paulatinamente perspectivas autonomistas y revolucionarias en sus definiciones. Y es aquí donde nos situamos como CAM.

Hay un proceso de acumulación que tiene que ver con el objetivo del control territorial. Las acciones de resistencia han permitido entrar a disputar las tierras con el empresariado. Las tierras recuperadas, que están bajo la plataforma del control territorial, llevan un curso distinto a la reproducción del capital y constituyen la base para la reconstitución del mundo mapuche, es decir el logro de la reproducción del tejido político, social y cultural de nuestro pueblo. El capitalismo es el que depreda los territorios aniquilando toda forma de vida. Frente a esa realidad, existe una fuerza social, política y militar del pueblo mapuche que defiende sus derechos y que está acumulando fuerza en una perspectiva autonomista y revolucionaria.

La CAM ha señalado públicamente su disposición de llegar a un entendimiento -inclusive propusimos una tregua en la confrontación-. Estamos dispuestos a conversar -y a transar inclusive-, pero sobre aspectos sustantivos: los derechos fundamentales de nuestro pueblo que tienen que ver con la recuperación del territorio, que es la demanda histórica más sentida, y la posibilidad de reconstruir el mundo mapuche sobre la base de la autonomía y la libertad. Esa concepción es de todos los pueblos que no quieren ser sometidos por nadie. En ese marco estamos dispuestos a conversar, pero las autoridades no están dispuestas a hacerlo en esa misma sintonía. Solo pretenden entregar algunas concesiones básicas.

El movimiento autonomista ya no quiere tratar esos temas. La fuerza que hemos logrado no es para que ahora vayamos a sentarnos a una mesa a conversar los temas y promesas de siempre. La fuerza lograda, producto del sacrificio y esfuerzo de las comunidades, de mujeres y hombres, de ancianos y niños, merece un proceso con mayor altura de miras. Un enfoque que reconozca los derechos políticos de la nación mapuche. Tal como lo hizo antes nuestro pueblo cuando confrontaba y llegaba a Parlamentos con el Estado español y la recién creada República chilena. Parlamentos establecidos en base a relaciones diplomáticas, comerciales, políticas, etc. Hoy no existe esa voluntad de parte del Estado chileno, y en la práctica no se puede dialogar cuando existe una relación desigual y aún de tipo colonial.

Sin embargo, nuestro pueblo tiene la suficiente capacidad y la dignidad suficiente para mantener la resistencia y avanzar en este proceso que aún tiene mucho tiempo por delante. Las potencialidades están en las nuevas generaciones que van resignificando la causa mapuche con mayor newen ka feyentun . La lucha por el territorio ancestral continuará porque es la base esencial de la reconstrucción de la Nación Mapuche. La autonomía es nuestro sueño de libertad.”




http://www.lahaine.org/mundo.php/territorio-y-autonomia-demandas-del

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