En el periodo anterior del golpe de Estado brasileño –muy próximo a la caída del ejecutivo- la lucha de clases permitió al Gobierno Temer sobrevivir tanto a la pasada ofensiva golpista como a la creciente presión popular.
En realidad, el Gobierno Temer no logró ser derribado fundamentalmente por las siguientes razones:
a) las fracciones dominantes no lograron encontrar una figura presidencial sustituta que unificara el conjunto de sus intereses y de su estrategia.
b) Temer logró accionar las herramientas del poder ejecutivo que le permitieron mantener las bases de apoyo necesarias para mantenerse en el cargo –compra de votos y fuertes complicidades en el Congreso, compromisos con los grandes empresarios respecto a las reformas faltantes–
c) la falta de una mayor fuerza y contundencia por parte de las movilizaciones populares en las calles
d) el papel de la élite judicial –como es el caso del ministro Gilmar Mendes– que frustró las expectativas populares sobre la caída del Gobierno.
La deriva autoritaria: una nueva morfología de la estatalidad
No obstante, en una república sustentada en la superexplotación del trabajo y en un gobierno de “príncipes”, no es posible lograr la estabilidad ni mucho menos conquistar legitimidad. A la estrategia actual del bloque oligárquico le subyace una tendencia hacia la configuración de una nueva morfología de los aparatos estatales, esto es, una serie de modificaciones que vienen configurando una nueva forma de Estado de excepción.
En el escenario actual de la lucha política, con el nivel de una relación de fuerzas en las que destacan las tensiones elevadas del campo popular, se pone de relieve la tendencia hacia la deriva autoritaria de una oligarquía local subordinada a la finanza trasnacional. De hecho, la gestación de esta forma de Estado comenzó precisamente con la ruptura de la institucionalidad democrática liberal y el paso a la forma de Estado de excepción jurídica permanente (el impeachment a Dilma).
Se trata de una serie de modificaciones que transitan hacia una lógica autoritaria fuerte, la cual viene a relegar a segundo plano la forma política estatal constituida por el paradigma de las “democracias gobernables”, esto es, del encauzamiento político ‑en el estadio neoliberal- de la institucionalidad democrática (controlada y restringida).
Estas modificaciones constituyen una adecuación de los aparatos estatales a los periodos de inestabilidad y crisis política, influenciados por el agravamiento de la mayor polarización entre las fuerzas económico-políticas de arriba frente al campo político popular, y por tanto, consiste en una adaptación estatal a la escala ascendente de las luchas de clases en el estadio actual del capitalismo en crisis estructural.
El papel político que ha venido asumiendo el poder Judicial y los aparatos de Justicia permiten vislumbrar su lugar preponderante en la nueva configuración de una estatalidad autoritaria. Dentro de esta forma político-autoritaria la Justicia viene oscilando entre la práctica de legitimación del derecho al uso de la fuerza pública (legitimación de la barbarie estatal) y la actividad (ideológico-jurídica) dirigida a consagrar la fuerza del derecho (el imperio de la ley y del Estado de Derecho) en la sociedad. Estos dos ejercicios manipulatorios del poder judicial se constituyen como formas de excepción jurídica permanente, lo que precisamente viene caracterizando a los actuales estados de excepción presentes en la región latinoamericana.
En este sentido, dentro del curso actual de la crisis estructural de la economía mundial y de la crisis orgánica que envuelve al Brasil, la interrogante que se desprende es: ¿acaso la sociedad brasileña ha dejado de tener el derecho de ejercer la participación política sobre condiciones democráticas formales? En el presente estadio histórico latinoamericano caracterizado por una nueva ofensiva de la oligarquía local y el imperialismo estadounidense, ¿asistimos al fin de las formas democráticas-representativas liberales? ¿Se ha clausurado el periodo relativamente “flexible” de las democracias gobernables establecidas con posterioridad a los regímenes dictatoriales? El inventario (tanto exitoso como fallido) de golpes de Estado “blandos” en América Latina, relativos al periodo 2002-2017, apunta a una respuesta pesimista. ¿De qué profundidad ha sido el retroceso político y económico en países como Brasil, Paraguay, Honduras, o en su expresión diferenciada, en los casos de México y Argentina?
El escenario de participación política reformista asentada sobre las bases de una institucionalidad estatal a la que los gobiernos progresistas (Brasil, Argentina, Uruguay) no removieron ni un solo fundamento, ha sido puesto en cuestión.
La acumulación actual de contradicciones y el redoblamiento político de la ofensiva del capital exigen a las fuerzas populares la elaboración de una nueva estrategia de hegemonía que desafíe la forma establecida del aparato estatal de dominación y cimiente nuevas relaciones de poder en las clases populares. Con los intereses en una reforma política y la creación de una Asamblea Nacional Constituyente, el proyecto del Frente Brasil Popular (FBP)[i] se orienta precisamente hacia esta estrategia de lucha.
El régimen político en Brasil ha venido girando, con el Estado de Derecho de excepción por delante, hacia una morfología autoritaria. Las modificaciones estatales se tensionan entre la profundización radical de un Estado autoritario fuerte (del Estado de Excepción permanente ya en proceso) y la transformación democrático-popular del orden estatal institucional. Las luchas de clases tienden a resolver este tipo de encrucijadas.
Rumbo a la elección presidencial de octubre de 2018
En medio de las masivas manifestaciones sindicales y populares en múltiples ciudades del país, el sábado 11 de noviembre de 2017 entró en vigor la reforma laboral anti-obrera aprobada en el mes de julio (11) por la base aliada de Temer en el Senado.
El líder moral del PT, Lula, inició desde el mes de agosto una serie de recorridos (Caravanas) por las distintas regiones del país, en tanto candidato a la elección presidencial de 2018. Hasta mediados de diciembre, las Caravanas han resultado una gran herramienta de movilización social. El ascenso popular de Lula ha venido fortaleciéndose en buena parte por la misma intensidad de los ataques y agravios de los medios de comunicación y de las instancias judiciales contra éste, a tal grado que el candidato del PT podría salir victorioso desde la primera vuelta electoral.
El poder oligárquico golpista ha tenido hasta ahora un enorme problema: no tiene forma de esconder su discurso abiertamente antipopular. El bloque golpista no tiene candidato rival que dispute el liderazgo, legitimidad y la investidura presidencial que Lula representa ante la mayor parte de la sociedad brasileña.
La carta del poder oligárquico basada en falsos outsiders, tales como Jair Bolsonaro (Partido Social Cristiano, PSC), João Doria (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB), Luciano Huck, entre otros, no le ha alcanzado para sobreponerse al candidato popular. Es por eso que se ha puesto en juego un “misil ponzoñoso” que desde un inicio ha estado presente en el abanico de cartas del bloque golpista.[ii] Nos referimos al violento mecanismo que busca imposibilitar a Lula como candidato presidencial mediante un procesamiento judicial que lo condene a prisión y expulsarlo así de la competencia electoral.
En la Corte de primera instancia, Lula fue declarado culpable ante el juez Sergio Moro por los delitos de “corrupción pasiva y lavado de dinero” dentro de una supuesta red de corrupción en la empresa de Petrobras. Así, en el marco de la operación Lava Jato, el 12 de julio de 2017, el expresidente con mayor popularidad en el país recibió una sentencia de nueve años y seis meses de prisión.
El día 12 de diciembre fue fijada la fecha de celebración de la segunda instancia del juicio -de un modo atípicamente acelerado- para el día 24 de enero de 2018. De este modo, ha quedado patentada la nueva etapa del golpe de Estado: la etapa de inhabilitamiento del candidato más popular para la próxima contienda electoral. Esta vez, bajo el brazo de una Corte de excepción dirigida por la operación Lava Jato y los recursos manipulatorios de los poderes de Justicia. Con ello, se ha terminado por arrancar el velo que opacaba los procesos de judicialización política y Estado de Derecho de excepción permanente en Brasil iniciados desde el juicio político a la expresidenta Dilma Rousseff.
El Frente Brasil Popular (FBP): tres elementos relevantes
Ante la clara tendencia de una nueva etapa golpista anclada en la inhabilitación del candidato más fuerte, el FBP ha venido logrando mayor respaldo político y social así como ha logrado profundizar sus niveles de organización y activismo político. Ello se evidenció en su Segunda Conferencia Nacional realizada el 9 y 10 de diciembre de 2017 en el Estado de Sao Paulo, justamente dos días antes de darse a conocer la fecha para la segunda instancia del juicio contra Lula.
En dicha Conferencia, a la cual asistieron más de 300 militantes representantes de multiplicidad de organizaciones políticas, populares y sindicales, el FBP se pone en guardia ante la ofensiva golpista para impedir la candidatura de Lula. Así se advierte en la Declaratoria Política de la Segunda Conferencia del FBP [iii]:
El Frente Brasil Popular evalúa que todo este proceso de participación popular será potenciado si logramos garantizar el derecho de Lula a ser candidato a la presidencia de la república. Defender el derecho de Lula a ser candidato es defender la democracia y dar un paso importante para la derrota del golpe. Los enemigos del pueblo no toleran el liderazgo de Lula y son capaces de todo para evitar su regreso a la presidencia de la república. Por eso, no descartamos la farsa del golpe dentro del golpe por la vía de los sectores reaccionarios del poder judicial, por el parlamentarismo o por el semipresidencialismo. El éxito de esta construcción pasa, por lo tanto, por derrotar a los golpistas en las urnas y en las calles. El Frente Brasil Popular, de forma unitaria, dialogará con las candidaturas del campo democrático comprometidas con esos objetivos.
En la misma declaración política se ponen de relieve tres elementos significativos:
1) Continúan las directrices centrales del Plan Popular de Emergencia [iv] creado por el FBP a finales de mayo de 2017. En esta declaratoria se aprecia el grado de conciencia política que los movimientos políticos y populares han acumulado sobre la coyuntura política brasileña y el régimen de excepción. En este documento se encuadra la crisis económica y política brasileña dentro de la crisis global del capitalismo neoliberal evidenciada con la formación de un nuevo mundo multipolar, con Rusia y China al frente. Este nuevo escenario mundial habilita una nueva ofensiva del imperialismo estadounidense sobre los países subdesarrollados atacando con ello las bases soberanas y democráticas de estos países. El golpe político de las clases oligárquicas quebrantó el orden democrático para orientarse hacia los procesos de “restauración del neoliberalismo”. El proyecto oligárquico busca alinear al país con los intereses “geopolíticos” de Estados Unidos así como reconstituir las tasas de ganancia de los grandes capitales sustentándose en la eliminación de los derechos de las clases trabajadores y populares. Es en este cuadro que se inscriben los recortes presupuestales en áreas básicas como educación y salud, la imposición de la reforma laboral, la nueva oleada de procesos de privatización y entrega de la riqueza pública, el deterioro del aparato industrial, el desmantelamiento del Estado social brasileño, además de la nueva fase depredadora de los recursos naturales. La intensificación de las desigualdades sociales, de la violencia política contra distintos sectores sociales, los ataques a la universidad pública, la creciente desocupación, son los principales efectos sociales de este periodo golpista (2016-2017).
2) En dicha Declaración, el FBP reafirma la necesidad de lanzar una lucha política de masas contra el régimen de excepción con la cual se logre establecer “una correlación de fuerzas favorable a la oportuna convocatoria de una asamblea Nacional Constituyente” que “restablezca la democracia y favorezca el avance del Proyecto nacional, democrático y popular”. Para el FBP se trata de fortalecer la “construcción de la unidad” del conjunto de fuerzas sociales y populares y se impulse la definición de una estrategia política que tenga por centro un proyecto de nación caracterizado por la necesidad histórica de realizar reformas estructurales democráticas. Todo ello lleva al movimiento popular a expandir sus bases sociales para enfrentar “la batalla electoral de 2018”.
3) El FBP define sus tareas inmediatas basadas en un enorme trabajo político y educativo de base a lo largo del territorio nacional que politice el proceso electoral respecto al “proyecto de nación” y pueda culminar el FBP con un profundo enraizamiento social y popular que permita en el primer semestre de 2018 la instalación de un “Congreso del Pueblo”, acontecimiento sin precedente en la historia política brasileña.
Como observamos, las tendencias políticas que se abren dentro de esta etapa del golpe político pasan por la mayor intensificación de las luchas políticas. El primer mes del año 2018 se orienta hacia la profundización del régimen de excepción y como contrapartida, a la irrupción del estallido social, máxime cuando el bloque político aliado al ejecutivo se ha visto obligado a presentar una nueva fecha (9 de febrero) para la discusión y aprobación en el Senado de la contra-reforma de la seguridad social –ello por no contar con los 308 votos para su aprobación–. Dicha reforma previsional pretende incrementar tiempo de trabajo social así como sustraer parte de la masa salarial y convertirlos en fondo de acumulación del capital predominantemente financiero, lo que constituye una nueva escala en la superexplotación del trabajador brasileño.
Ante tal acumulación de tensiones auspiciadas por la profundización de la agenda golpista y el ataque a los derechos políticos básicos, ¿Cuál sería la nueva posición política que adopte el Partido de los Trabajadores con Lula en la dirección moral? Continuaría el líder histórico del PT el camino político de respeto a las instituciones, caracterizadas precisamente por el quebrantamiento democrático y sostenidas por un enorme bloque de corrupción parlamentaria. En caso de confirmarse el inhabilitamiento, ¿cuál sería la reacción política de la enorme base social que respalda al expresidente? ¿Qué pasos adoptará en el corto y mediano pazo el FBP ante el nuevo calendario golpista?
Por lo pronto, los principales representantes del FBP (MTST, MST, CUT) ya han acordado para esta segunda quincena de diciembre de 2017 la organización de distintas actividades políticas, entre las que destaca una nueva Caravana en “defensa de la democracia”, dentro de la cual se instale un enorme campamento de ocupación social y popular de Porto Alegre, esto es, de frente al Tribunal Federal Regional (Cuarta Región) donde se llevará acabo el juicio contra Lula el 24 de enero.
Ante tal estado de crisis política permanente, es común escuchar en los medios brasileños aquella idea de que faltan muchos años para llegar a octubre de 2018, es decir, que antes de llegar a esa fecha, están por experimentarse múltiples acontecimientos. Tan solo esperemos al fin de diciembre y a enero de 2018…
Notas:
[i] Conformado por más de cien organizaciones sindicales, políticas y movimientos populares, entre los que destacan el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), La Unión Nacional de Estudiantes (UNE), la Central de los Movimientos Populares (CMP), Vía Campesina, la Central Única de Trabajadores (CUT), la Central de Trabajadores y Trabajadoras de Brasil (CTB), entre muchos otros. Ver: http://www.frentebrasilpopular.org.br/
[ii] Ángel Guerra Cabrera, “Un misil ponzoñoso contra Lula”. La jornada, 6-8-2015. http://www.jornada.unam.mx/2015/08/06/mundo/020a1mun
[iii] Véase la Declaración Política del FBP: http://www.frentebrasilpopular.org.br/noticias/declaracao-politica-da-ii-conferencia-nacional-da-frente-brasil-popular-a78d/
[iv] Ver el Plan Popular de Emergencia en español.
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=235445
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