Resumen Latinoamericano / 20 de marzo de 2018 / Sergio Cienfuegos
Comprendemos las voces que hoy claman por el silencio de las balas y poder reemplazarlas con la palabra. Pero, ¿Cómo hacerlo cuando en nuestra sociedad una minoría se niega a compartir el gobierno y el futuro del país con las mayorías más excluidas? Una minoría encarnada en familias que han gozado de las riquezas del país durante siglos, y que se han valido de todas las formas para mantener su hegemonía, incluida la guerra, el miedo, y la traición.
La herencia de colonialistas crueles
Desde la conquista española los invasores engañaron a los pueblos indígenas para que entregaran sus riquezas y arrasarles sus tierras. El 6 de agosto de 1538, Gonzalo Jiménez de Quesada reunió a todos los indígenas de la región para leerles un documento donde informó que desde ese momento quedaban bajo sus órdenes. Les dijo que si las cumplían y se comportaban como súbditos fieles, recibirían muchos beneficios, que a la larga significaron su explotación como mano de obra esclava.
Terminando el periodo colonial, las medidas represivas y pagos de impuestos que aplicaban los monarcas Borbones a los pequeños cultivadores de tabaco habían deteriorado la economía de sus pobladores. Fue entonces cuando se iniciaron las protestas contra el poder español desde 1780. En marzo de 1781, José Antonio Galán (1749-1782) se unió al pueblo que se rebeló contra los impuestos del español Juan Gutiérrez de Piñeres en la llamada Insurrección de los Comuneros, en Socorro, Santander. A pesar de que se hicieron Capitulaciones de la rebelión, Galán continuó siendo perseguido y esto lo llevó a mantener una lucha clandestina contra las autoridades realistas. El 13 de octubre de ese mismo año en Onzaga, Galán fue detenido y puesto en prisión. El 30 de enero de 1782, Galán fue fusilado en Bogotá y su cadáver fue descuartizado y exhibido en varias partes del país: Guaduas, Charalá, Socorro, San Gil y Mogotes.
Las primeras luchas por la independencia de las colonias españolas, también se verían traicionadas por sectores conservadores, los cuales siempre temieron a la emergencia y la participación de los sectores populares. Además, abandonaron el ideal de unidad de las colonias contra el imperialismo, no solamente el hispánico, como siempre lo impulsó Simón Bolívar (1783-1830). Estos mismos sectores con miedo a perder sus privilegios heredados durante siglos y conseguidos mediante la exclusión violenta de las mayorías, fueron los autores intelectuales de futuros magnicidios y atentados contra cualquier opción de cambio.
La revolución de 1854, de los artesanos de las Sociedades democráticas de orientación liberal socialista, conducida por el general de origen Pijao, José María Melo (1800-1860), contuvo por un tiempo a la emergente oligarquía comercial, seguidora del naciente imperialismo estadounidense. Antes, estas fuerzas populares habían logrado abolir la esclavitud el 21 de mayo de 1851, además de establecer leyes de reforma agraria y contra la usura.
Perdura la hegemonía conservadora
Rafael Uribe Uribe (1859-1914), liberal radical, quien fue derrotado en la Guerra de los Mil Días (1899-1902), reconocido por enfrentar a la reacción liberal y conservadora con coraje y lucidez, cargaba de contenidos éticos el debate económico y agrario en términos de equidad, redistribución y justicia, anticipaba el debate de las ideas socialistas, estaba listo siempre para librar la batalla de ideas. Fue asesinado porque ya empezaba a resultar incómodo para la oligarquía que junto a la iglesia, el gobierno, la policía, los liberales, los conservadores, se unieron para silenciarlo a hachazos en pleno centro de Bogotá.
Más adelante, el movimiento obrero recogería muchas de estas ideas de libertad y justicia social del liberalismo radical y se levantaría en un movimiento de huelgas y movilizaciones. Ante la insurrección popular, el gobierno conservador se dirigió a desmantelar los sindicatos y organizaciones revolucionarias, encarcelando y desterrando líderes como María Cano, Manuel Quintín Lame, Ignacio Torres, Tomás Uribe y Raúl Mahecha.
Jorge Eliécer Gaitán (1903-1948), quien fuera un reconocido abogado de los obreros y campesinos y que ya había denunciado la Masacre de las Bananeras de 1928, fue emergiendo como uno de los mayores líderes populares en la historia de Colombia. Su capacidad lo llevó a disputarle la presidencia a la oligarquía conservadora y liberal. Ante el temor de perder sus privilegios, las cúpulas de los dos partidos no dudaron en unirse para atentar contra el líder y la esperanza de un cambio favorable al pueblo, asesinándolo en plena capital, mientras que proseguían la guerra en los campos contra el pueblo.
Insurge la resistencia popular
Ante la guerra iniciada por los sectores reaccionarios y fascistas en el campo, el pueblo decidió defenderse y alzarse en armas para su defensa. Las guerrillas liberales y comunistas ofrecieron un importante resguardo a la población campesina perseguida por el ejército, la policía y las bandas paramilitares ultraderechistas conocidas como Chulavitas. La insurgencia, en los llanos orientales logró instaurar sus propias leyes y ser un importante peligro para las élites. Ante esto, la oligarquía y el imperialismo norteamericano impusieron la dictadura militar de Rojas Pinilla (1953-1957), quien prometió la paz y la amnistía, la tierra y el cese a la persecución contra las guerrillas liberales. Guadalupe Salcedo (1924-1957) y otros líderes guerrilleros del llano accedieron al pacto, pero la realidad mostró que fue todo un engaño para desarmar la resistencia y asesinar a Guadalupe, también en las calles bogotanas.
Cuando el pueblo se dio cuenta que la solución no estaba en los dos partidos tradicionales de la élite, se lanzó a la lucha popular en un Frente Unido. El cura Camilo Torres (1929-1966) impulsó la unidad de todos los sectores revolucionarios en un movimiento contra la oligarquía que fue creciendo y convirtiéndose en una “piedrita en el zapato” para los gobiernos. Ante amenazas en su contra, Camilo supo que no era posible que la vieja oligarquía entregara el poder de manera pacífica y por lo ello vio en la guerrilla una posibilidad de impulsar los cambios.
En 1970, la Alianza Nacional Popular (ANAPO) -un movimiento alternativo a los dos partidos oligárquicos-, ganó las elecciones, pero descaradamente la élite acudió al fraude electoral para impedir que llegara a la presidencia. Producto de este y otros hechos se sumó a la insurgencia popular, el M-19, como un aporte que recuerda este fraude a las clases dominantes en Colombia.
Los experimentos de vías políticas para resolver el conflicto
Como resultado de los acuerdos de paz entre las FARC y el Gobierno de Belisario Betancurt (1982-1986), se creó la Unión Patriótica (UP) como partido alternativo con el que sectores populares accedieran a la lucha política electoral, en reemplazo de la lucha armada. Pero los hechos hablan por sí solos, más de 4 mil militantes de ese partido fueron asesinados, incluidos sus candidatos presidenciales, quienes contaban con amplias posibilidades de triunfo. Tal es el caso de Jaime Pardo Leal, asesinado en octubre de 1987, después de denunciar las alianzas entre los carteles del narcotráfico y la clase política. Así, el régimen recrudeció el terrorismo de Estado. En 1990 fue asesinado Bernardo Jaramillo, senador de la UP y también candidato presidencial, presuntamente por orden del clan paramilitar de los Castaño Gil; también asesinaron en 1994 al senador Manuel Cepeda Vargas, importante dirigente del Partido Comunista y de la UP, periodista y abogado, muerto por agentes del Estado y sicarios en Bogotá.
En este mismo periodo y por los mismos victimarios fue asesinado Carlos Pizarro (1951-1990), candidato presidencial del movimiento Alianza Democrática M-19, movimiento político resultado del proceso de paz con esa guerrilla. El 26 de abril de 1990 Pizarro fue baleado dentro del avión donde se dirigía a Barranquilla. Al principio se atribuyó el crimen a Pablo Escobar, pero luego se confirmó la participación de la Agencia estatal de espionaje (DAS), en su asesinato.
Al fin, vía política: ¿sí o no?
La crisis y el incumplimiento del gobierno de Santos (2010-2018) con los acuerdos de La Habana, confirman las intenciones del Estado y las clases dominantes, pues a la desaparición de la insurgencia pretenden darle el nombre de paz. Los movimientos políticos nacidos de los acuerdos de paz de los años noventa hoy no existen, y al contrario se ha profundizado la conservatización de la sociedad, junto al rechazo y persecución contra ideas diferentes de las oligárquicas.
Es difícil creer en un modelo de solución política en donde el régimen no cumple y renegocia una y otra vez lo acordado, donde se dice que el Gobierno solo ha cumplido con un tímido 18 por ciento. Los mismos garantes de Naciones Unidas critican el incumplimiento, pero los del Gobierno dicen que ven “el vaso medio lleno”. Claro, medio lleno para la oligarquía.
http://www.resumenlatinoamericano.org/2018/03/20/colombia-frente-urbano-nacional-del-eln-los-trucos-de-la-elite-para-desaparecer-rivales/
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