La actual crisis de régimen global, que comenzó en 2007 y que se ensañó especialmente con los países occidentales tradicionalmente desarrollados, ha tenido diferentes alcances y consecuencias. Mientras que en Estados Unidos o Francia los populismos reaccionarios lograron capitalizar el descontento de las clases trabajadoras empobrecidas, en otros enclaves, como en España, los principales movimientos de resistencia se articularon alrededor de una marcada sensibilidad progresista. Desde las exigencias de democracia radical del 15M hasta los cuestionamientos a la propiedad privada de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), pasando por las mareas blancas y verdes en defensa de la sanidad y educación públicas respectivamente, todo un ciclo de incesantes movilizaciones se inauguró en 2011 y tuvo su punto de inflexión en 2014.
Aquel año, en concreto el 22 de marzo, se produjo la primera gran manifestación en la que un nutrido grupo de activistas decidió apostar por los disturbios como táctica, abandonando el pacifismo militante que habían caracterizado a las protestas españolas. Aquella jornada, conocida como la “Marcha de la dignidad”, finalizó con 24 manifestantes detenidos y más de 60 policías heridos, según fuentes oficiales.
(Marchas Dignidad y duros enfrentamientos con policía antidisturbios. Fuente: Jaime Alekos).
En medio de este clima de tensión, siete días después fue convocada la manifestación republicana “Jaque a la monarquía”, que fue controlada por un fuerte despliegue policial. Como en días anteriores, Boro, periodista comunitario del medio La Haine, acudió a cubrir la protesta; pero fue detenido por las fuerzas de orden público y, consecuencia de ello, la Fiscalía le solicita seis años de prisión.
En Kapari hemos tenido la oportunidad de conversar con Boro, quien nos cuenta en primera persona cómo está viviendo el proceso judicial en su contra:
Al llegar junto al Congreso de los Diputados, donde estaba convocada la marcha [en referencia a “Jaque a la monarquía”], pudimos ver cómo un cordón policial impedía que comenzara. Unas doscientas personas resistían dentro del cerco, mientras otras miraban en los alrededores, sin atreverse a acercarse. Desde ese primer momento la actitud de la policía fue muy hostil, tanto con manifestantes como con prensa.
Pasado un rato se desconvocó la manifestación y la policía comenzó a echar a la gente del lugar con empujones, amenazas, gritos… No contentos con eso, fueron persiguiendo a los manifestantes y periodistas que abandonaban el lugar, siguiéndolos por todo el Paseo del Prado en actitud muy hostil.
Unos 800 metros más abajo, a la altura de Atocha, mi compañera y yo vimos un grupo de personas (manifestantes y periodistas) que eran perseguidos, insultados y empujados por varios agentes. Rápido cogí la cámara y nos acercamos para hacer unas fotos de la escena. Al percatarse de que nos acercábamos con una cámara un agente la tomó a empujones con mi compañera y empezó a zarandearla. Yo, al verlo, me di la vuelta y traté de ponerme en medio para detener la injustificada agresión. En ese momento, un policía me empujó, y otro salió corriendo hacia mí en actitud muy violenta. Yo corrí unos metros, pero fui derribado por un agente que se me puso encima y comenzó a estrangularme. Otros compañeros periodistas trataron de grabar la detención, pero fueron recibidos con una lluvia de porrazos y golpes por parte de los agentes, que dejaron a uno inconsciente en el suelo, rompieron alguna cámara y les causaron distintas lesiones. Al echar de ahí a los periodistas, a mi me agredieron dándome un puñetazo en la cara cuando ya estaba inmovilizado y con las esposas. Tras eso fui detenido y metido en el furgón policial, mientras yo gritaba mi condición de periodista y el carácter ilegal de la detención.
(Agresiones descontroladas a prensa durante una detención. Fuente: J. Robles).
Según el último informe de la Coordinadora contra la Prevención de la Tortura, en 2014 unas 964 personas se vieron afectadas por malos tratos policiales en España, siendo uno de los años con más casos desde 2004. Además, estos actos suelen contar con dejación de funciones judiciales, por lo que laONU ha denunciado a España en numerosas ocasiones por no investigar torturas ni tratos degradantes.Boro, no obstante, tuvo mejor suerte:
Una vez en el furgón, y ya en comisaría, el trato fue más o menos correcto. Sí que tuve que aguantar insultos y me arrancaron de manera violenta alguna chapa que llevaba en la ropa. Pero no me pegaron. Al día siguiente, me llevaron a los juzgados, sobre mediodía declaré ante la juez de guardia y para las tres de la tarde quedé libre.
Sin embargo, y aunque el trato no fue vejatorio, Boro se declara inocente de los cargos imputados y denuncia que su detención fue un montaje policial contra los medios comunitarios críticos.
Como decía, aquellos días fueron muy tensos en Madrid. A raíz de los disturbios de la “Marcha de la dignidad” se realizaron distintas detenciones y los medios críticos de comunicación denunciamos la desmesurada carga policial y los distintos abusos cometidos, mientras que los mass media trataban de justificarlos y de criminalizar a los manifestantes.
Aquel día [el de su detención], como represalia, la policía hostigó y agredió a la prensa más comprometida, a la que había estado cubriendo esas movilizaciones e informando y denunciando los abusos policiales.Además, la acusación habla de “atentado a la autoridad” y de dos delitos de lesiones. Según esta versión, yo habría dado un puñetazo en la cara a uno de los agentes y una patada en la rodilla a otro. En las imágenes que fueron ampliamente difundidas no se ve en ningún momento esto. Lo que sí se ve es la paliza que recibimos los periodistas que tratábamos de cubrir la protesta.
(Boro libre. Fuente: Juan Carlos Mohr).
A pesar de las imágenes, la denuncia elaborada por la Fiscalía a petición de la policía ha prosperado, y Boro, que será juzgado el próximo mes de octubre, podría acabar en la cárcel.
Por este caso, la petición fiscal es de seis años: dos por “atentado a la autoridad”, dos por un delito de “lesiones” y dos por otro delito de “lesiones”. Además de 6.200 euros en concepto de indemnización a los dos agentes a los que supuestamente agredí. La verdad es que cuando recibimos la petición fiscal nos pareció una salvajada. Pero lo encuadramos más que en un ataque contra mí como persona o periodista, en un ataque a La Haine como medio de comunicación. La Haine lleva más de 17 años informado desde y para los movimientos sociales anticapitalistas y antifascistas, y eso es algo que ellos no olvidan ni perdonan.
Lo que está pasando con Boro no es una excepción. Desde que el gobierno anterior aprobó la llamada “Ley mordaza” para intentar disminuir el impacto de las movilizaciones, decenas de músicos, artistas, periodistas o tuiteros han sido denunciados por delitos de opinión. Tanto así que el año 2017 ha sido considerado como “el año de los delitos de opinión”por la Plataforma en Defensa de la Libertad de Opinión.
Además de este caso, yo tengo ya una condena de año y medio de prisión por comentarios en Facebook. Actualmente estoy recurriéndola al Tribunal Supremo. Fui uno de los 76 detenidos de la llamada“Operación Araña” en la que usuarios de las redes sociales fuimos detenidos acusados de “enaltecimiento del terrorismo” por cosas como difundir carteles en redes sociales, dar bienvenidas a presos políticos que salían de prisión o simplemente por opiniones políticas expresadas a través de las redes. El compañero Alfredo Ramírez cumple condena desde hace ocho meses, siendo el primer tuitero del Estado español preso por opinar. Además, están los casos de los raperos Pablo Hasel y Valtonyc (que ha tenido que exiliarse para evitar la entrada en prisión), o los doce raperos de La Insurgencia. Pero el ataque es mucho más amplio que los más mediáticos: profesores, humoristas, periodistas, cantantes… cualquiera está en el punto de mira de la represión. El último caso, hace unos días, ha sido el del medio info, que ha sido denunciado por “enaltecimiento del terrorismo” por llamar presos políticos vascos a los presos políticos vascos.Lo que ha ocurrido con la libertad de expresión en el Estado español es que se ha derogado de facto, no existe, nadie que manifieste una opinión contraria al régimen está a salvo de la represión. Pero más que la libertad de expresión, lo que se ha derogado sobre todo es la libertad ideológica, ya que los grupos de ultraderecha sí que gozan de una total libertad a la hora de jalear los crímenes de la dictadura franquista, el terrorismo fascista, el terrorismo machista… Para ellos sí que hay una absoluta libertad de expresión, y hasta de agresión.
Lo más “desalentador” para Boro es la “complicidad” del sistema judicial con lo que considera un “montaje policial”. Por ello, y a pesar de las pruebas documentales a su favor, no guarda demasiadas esperanzas de salir absuelto.
Si existiera justicia en el Estado español no cabría otra sentencia que la total absolución y la imputación de los policías responsables de la carga policial del 29M contra la prensa. El problema es que la justica brilla por su ausencia en el Estado español, y ya hemos podido ver cómo los policías fueron absueltos de estos hechos. La judicatura dijo que su agresión “no vulneraba el derecho a la información” y, aunque finalmente reconoció que, al menos, uno de los agentes sí que había agredido a los periodistas, no le condenó porque dijo que el delito “había prescrito”. En cambio, mi proceso, por hechos sucedidos en ese mismo instante, no prescribe, sigue hacia adelante y con una petición fiscal muy fuerte, que indica que los policías quieren que salga condenado, en cualquier caso.
(Desmonta el montaje. Fuente: Juan Carlos Mohr).
La Haine y otros colectivos afines han elaborado un manifiesto en defensa de la libertad de expresión, al que invitamos a nuestros lectores a que se adscriban. En la actualidad, cuenta con más de 1.500 firmas de periodistas, medios de comunicación, organizaciones y adhesiones particulares. Del mismo modo, tanto el Sindicato de Periodistas de Madrid, como el Foro de Organizaciones de Periodistas y el Parlamento de Navarra, han aprobado comunicaciones pidiendo la absolución de Boro y exigiendo la investigación de la actuación policial contra la prensa aquel 29 de marzo de 2014.
https://www.lahaine.org/est_espanol.php/lla-libertad-de-expresion-en
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