El neoliberalismo es la ideología que convierte al mercado en la única referencia reguladora de la sociedad y, por lo tanto, colocada por encima del Estado. No importa las necesidades de la gente, lo único que importa es la oferta y la demanda. Es el individualismo el modelo de comportamiento que esta ideología propone como ética fundamental, porque es el individuo y su capacidad de obtener beneficios materiales, la instancia a partir de la cual la sociedad genera progreso y desarrollo. En este sentido, la competencia es el medio con que cuenta el individuo para lograr estos objetivos. Aunque en esa competencia los hombres se enfrenten entre sí, eso es bueno en función del logro del beneficio individual y la ganancia.
En este esquema, los valores tradicionales que constituyeron el nivel ético más elevado de la humanidad como son la solidaridad, la cooperación y la compasión, fueron reemplazados por un «orden caníbal» en donde pobreza y la enfermedad aparecen aquí como el producto del fracaso individual, no del sistema económico. El neoliberalismo se presenta de este modo como una suerte de darwinismo social en el cual superviven los más aptos. Los enfermos, pobres y miserables, son unos fracasados y débiles que no merecen existir porque no son aptos para seguir viviendo en una sociedad orientada por el éxito de los más fuertes. Los derechos económicos y sociales, como derechos humanos, no tienen sentido en un régimen social dominado por estos principios.
La idea de violencia estructural se gestó poco a poco, ante la necesidad de explicar las interacciones de las prácticas violentas en los diversos ámbitos sociales. El investigador Johan Galtung fue quién más ha desarrollado, con sus escritos al respecto, a explicarla, difundirla y hacerla operativa a la mayoría de los investigadores sociales y humanos. Galtung explicaba que la violencia estructural, engloba la pobreza condicionada estructuralmente (cuando no estuviera garantizado el acceso a bienes como alimentos, agua, vestido, vivienda, medicamentos y escolaridad), a la represión política (cuando se vulnere derechos como los relativos a la libertad de expresión, de reunión, de movimiento, de protección jurídica, de movilización, de formación de la conciencia, al trabajo…), y a la alienación (cuando hubiera obstáculos, evitables, a la satisfacción de necesidades tales como la de comprender las condiciones de la propia existencia, de comunidad, de compañerismo, de amistad, de solidaridad, de alegría, de dar significados a la propia vida, de tener algún tipo de comunicación con la naturaleza).
Como se puede comprobar, este concepto permite desvelar las formas ocultas y estáticas de la violencia, y las relaciones que pueden existir entre unas y otras formas de la misma. Efectivamente la violencia de los sistemas (hambre, miseria, analfabetismo, incultura, dependencia, desigualdades de género, etc.), sus causas, mecanismos y resortes están, en muchas ocasiones, velados por otras circunstancias que, además, hacen que sean mas difícilmente detectables. Todo ello genera la frustración de no poder realizar las potencialidades propias del ser humano y además encontrar dificultades para descubrir las causas de que esto ocurra. No hay un sujeto agresor (personas, grupos o instituciones) perceptible que se pueda identificar fácilmente, no se puede personalizar, puede que tampoco responsabilizar, en nadie concreto, ya que está enmascarado en una trama de decisiones que se toman en sistemas o estructuras que resultan, en definitiva, injustas.
Vox, de España, ha puesto todos sus esfuerzos en construir una amplia red de contactos con partidos ultraderechistas en Latinoamérica, esfuerzos conjuntos con el objetivo de combatir, según ellos, el avance del comunismo en lo que denominan Iberosfera (España + Latinoamérica). Para ellos este combate es una cruzada para reposicionar la herencia colonial española, ya que según Santiago Abascal (lider de Vox) “España logró liberar a millones de personas del régimen sanguinario y terror de los Aztecas”.
Uno de los partidos con lo que Vox ha logrado estrechar lazos en Chile es el Partido Republicano a través de José Antonio Kast quien, junto a figuras reaccionarias del continente, es firmante de una declaración que funda el Foro de Madrid. Además, poseen varios trabajos de colaboración con la fundación Disenso donde Vanessa Kaiser, hermana del misógino Johannes Kaiser, ocupa un lugar dentro de su staff de columnistas o también aparece Teresa Marinovic como una colaboradora de foros organizados por dicha fundación y el partido Vox.
El objetivo de toda esta coordinación es frenar la supuesta amenaza del comunismo. Sin embargo, esta coordinación se ha construido con el objetivo de retrotraer a la sociedad a un mundo de ideas en extremo neoliberales y ultraconservadoras, sin igualdad de derechos para las disidencias sexuales, con preeminencia de las ideas religiosas en espacios como la salud (prohibición del aborto), educación (imposibilidad de abordar la educación sexual), mezclando todo esto con el rechazo a la inmigración de los pobres, el aumento de los presupuestos para policías y políticas identitarias y nacionalistas, y con un fuerte y marcado énfasis en el mercado como el eje regulador de la sociedad.
La influencia de Vox es patente en el programa inicial de Kast. El cuestionamiento al calentamiento global es parte integral del programa del partido español, el aumento de los beneficios a las policías y militares también. En el punto 33 del programa de Kast se señala la creación de una “Coordinación Internacional Anti-radicales de Izquierda”, iniciativa que es parte de las conversaciones regulares que tiene el grupo español con los diferentes partidos del continente.
Como contrapunto a esta agenda conservadora, tanto Vox como Kast presentan un programa ultraliberal en lo económico proponiendo bajas a las tasas de impuesto de las grandes empresas, el ataque a las organizaciones sindicales y a los derechos laborales conquistados durante todo el siglo XX.
Si bien es cierto que la pobreza bajó a 8,6% en 2017, según la Encuesta de Caracterización Socioeconómica (Casen), la desigualdad no ha seguido el mismo curso, si en 2006 la diferencia de ingresos del trabajo entre el 10% más rico y el 10% más pobre era de 30,8 veces, en 2017 el 10% más rico ganaba 39,1 veces más que el decil más pobre, según la Encuesta Casen. Aún más, si se mira la pobreza multidimensional que es aquélla que considera el acceso a la salud, educación, trabajo y seguridad social, la vivienda y entorno, y las redes y cohesión social, en Chile el 20% de sus habitantes es pobre. Esta es la gran injusticia que despertó a la sociedad. Chile es un país que ha crecido económicamente, pero ese crecimiento se ha concentrado en las manos de unos pocos. Solo el 1% de la población en Chile acumula el 26,5% de la riqueza generada en todo el país, mientras que, en contraste, el 50% de los hogares de menores ingresos concentra solo el 2,1% de la riqueza neta del país. En cuanto a salarios, el 75% de los trabajadores del país percibe ingresos por trabajo inferiores a los 500 mil pesos mensuales.
Además de las brechas en la distribución de la riqueza, este crecimiento desigual no ha ido aparejado con el desarrollo de un estado de bienestar que esté a la altura de las necesidades. El país tiene un estado de bienestar extremadamente reducido y una mercantilización de los servicios básicos extremadamente elevada que ha llevado a la mayoría de los chilenos, no solo a la clase media, a gastar altas sumas de dinero y endeudarse para acceder a la salud, educación y a la seguridad social. Las consecuencias de tener un precario estado de bienestar y un modelo económico que ha promovido la privatización de la seguridad social se ven reflejadas en diversos aspectos de la sociedad.
En educación, Chile es el segundo país de las OCDE con la mayor privatización de su sistema educacional. En 2016 el 37% del gasto en instituciones de educación provino de fuentes privadas, cifra que representa más del doble del promedio de los países de la OCDE (16%). La misma OCDE también destaca que en educación superior Chile tiene las universidades con los segundos aranceles más altos después de Estados Unidos. Además, Chile es el único país donde el arancel de las instituciones públicas es más alto que el de las instituciones privadas. Junto con lo anterior, tenemos el triste récord de ser uno de los países con la educación escolar más segregada socioeconómicamente, lo cual genera una fuerte inequidad educativa. Este mismo organismo destaca de Chile que “La productividad y la desigualdad se ven afectadas por el sistema educativo, cuyos resultados son débiles y desiguales, y reflejan en gran medida los antecedentes socioeconómicos de los alumnos”.
El crecimiento del sector privado en educación ha generado una segmentación socioeconómica de los establecimientos, ya que los establecimientos públicos tienden a concentrar a los estudiantes vulnerables, mientras que las escuelas subvencionadas incluyen a estudiantes de nivel medio-bajo, medio y medio alto, y las escuelas privadas atienden a los estudiantes de la élite. En esta línea, se ha comprobado que, en términos socioeconómicos, la segregación entre escuelas se produce desde los primeros años de escolaridad, en magnitudes elevadas y estables a través de los distintos años del ciclo escolar. Por otra parte, se ha indicado que la segregación académica entre escuelas es muy elevada en la enseñanza media, hechos que finalmente reproducen generación tras generación las ingentes desigualdades sociales.
Por otra parte, el Ministerio de Educación dio la instrucción de que se debían realizar clases virtuales a raíz de la pandemia de Covid-19; no obstante, el 40% de los estudiantes no tiene acceso a internet en sus domicilios.
En cuanto a las pensiones, la sociedad chilena ya se dio cuenta a través de la experiencia propia de la precariedad del monto de las pensiones obtenido a través del sistema de capitalización individual. Según investigadores de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) la mediana de las tasas de reemplazo en nuestro país es del 34%, lo que en la práctica se traduce en que la mitad de los jubilados recibe pensiones inferiores a un tercio del promedio de sus diez últimos salarios. Esta cifra sube a 45% si se incluye en el cálculo el Aporte Previsional Solidario instaurado en el primer gobierno de Michelle Bachelet, pero aun así posiciona a Chile muy por debajo del promedio de tasa de reemplazo de los países de la OCDE (58%) y de los países de la Unión Europea (60%).
En relación con la salud, si bien se destaca en las mediciones internacionales la calidad de esta, es un hecho que los chilenos pagamos mucho por ella, acceder de forma oportuna a la salud resulta ser un privilegio y no un derecho social universal como debiese ser. Según la OCDE Chile es el tercer país –entre sus miembros- en el que los ciudadanos gastan más de su bolsillo para acceder a la salud. Mientras el gasto de bolsillo promedio entre los países OCDE es de 20,6%, en Chile esta cifra llega al 35,1%.
Los trabajadores deben cotizar en Chile por lo menos el 7% de sus remuneraciones en planes de salud y pueden elegir entre hacerlo en el sistema público, el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), o en el privado, sustentado por las Instituciones de Salud Previsional (Isapres). Unos 14 millones de trabajadores están afiliados a Fonasa, muy criticado por los pacientes por la mala atención en los hospitales, largas esperas para obtener una cita médica, incluso en urgencias, y las malas condiciones de los establecimientos.
Un cambio significativo en la política de salud de Chile se produjo también a comienzos de la década de 1980 cuando se dio un fuerte impulso a la atención médica privada. Se crearon las Instituciones de Salud Previsional (ISAPRES), intermediarias financieros para la atención médica sobre la base de un impuesto sobre los salarios. Las Isapres, que cubren a las personas de mayores ingresos, ofrecen planes más caros y con coberturas más bajas a las mujeres y los ancianos. El sistema de Isapres, que cubre alrededor de 15 por ciento de la población, se ha caracterizado por serias restricciones de acceso al sistema, multiplicidad de planes de atención variable pero alto costo para quienes han optado por afiliarse al mismo, incremento anual inconsulto del costo de los programas de atención y desmesuradas ganancias corporativas.
Chile tiene una situación muy deficitaria de médicos y enfermeras, de camas hospitalarias y de medicamentos genéricos, como lo revelan datos de la OCDE: en comparación con los países integrantes de esa organización, Chile muestra un menor número de médicos (1,7 x 1.000 hab.) que el promedio de los otros países (3,2 x 1.000 hab.), menor número de enfermeras (4,2 x 1.000 hab. versus 8,8 x 1.000) y menor tasa de camas hospitalarias (2,1 x 1.000 hab. versus 4,8 x 1000), así como el porcentaje de medicamentos genéricos en el mercado es de 30 por ciento en Chile y de 75 por ciento en los países de la OCDE.
Menos de 50 por ciento de los médicos trabajan en el sector público y una mayoría en el sector privado, atraídos por más cómodas condiciones laborales y mayores ingresos económicos.
El costo de los medicamentos es desproporcionado y existe un oligopolio de la industria farmacéutica que fija de manera arbitraria los precios e, incluso, en ocasiones se ha coludido para aumentarlos de modo injustificado.
El número de hospitales y la disponibilidad de camas hospitalarias es con claridad insuficiente y muchos establecimientos muestran precarias condiciones en su infraestructura y, en algunos casos, condiciones indignas de funcionamiento. En el sistema público el acceso de la población a la atención médica en consultorios periféricos suele ser en extremo dificultoso y, a veces, dramáticas por trabas burocráticas y deficiencias organizativas.
Las personas deben madrugar para conseguir un número para ser atendidas horas después; las listas de espera para exámenes de laboratorio, exploraciones instrumentales e intervenciones quirúrgicas son interminables; el acceso a especialistas cuando se requiere es restringido, en particular en ciudades y poblados pequeños; la disponibilidad de camas de hospitalización y de unidades de cuidados intensivos es insuficiente y el acceso a ambulancias en situaciones de emergencia suele ser tardío.
La cobertura de la atención odontológica es limitada: la OMS recomienda 1 dentista por 2.000 habitantes; se estima que Chile tiene alrededor de 18.000 odontólogos, 1 x 958 habitantes; de ellos, apenas alrededor de 4.000 trabajan en el sector público de salud.
Por otra parte, si se observa que el sistema privado de salud, el cual atiende a alrededor de 15 por ciento de la población —los de mayores ingresos—, tiene una infraestructura moderna e incluso lujosa, el acceso a la atención médica ha mostrado numerosos aspectos negativos siendo no menor entre ellos un costo de las prestaciones que la inmensa mayoría de la población no puede solventar y, cuando lo hace, es al costo de un endeudamiento agobiador. La concepción de la medicina y la salud como un negocio es la principal limitación del sector privado.
De acuerdo al politólogo Ben Ross Schneider, del MIT, Chile posee un modelo denominado como capitalismo jerárquico, donde la mayor parte de las grandes empresas son controladas por un grupo reducido de personas vinculadas por la sangre y la clase. Ese capitalismo, describe Schneider, ofrece muy pocos buenos puestos de trabajo (los puestos gerenciales quedan en manos de la élite) y muchos puestos mal pagados (temporales, en poder de la gran mayoría de los trabajadores).
Para mayor abundamiento, el índice Gini de la Región Metropolitana para el año 2017 correspondió a 0,50, levemente por sobre el de Chile (0,49), pero muy por sobre el de otras regiones, tales como la de O’Higgins (0,40), Arica y Parinacota (0,41), Tarapacá (0,42) y Antofagasta (0,43). De hecho, el segundo lugar del ranking de desigualdad en Chile lo ocupan La Araucanía, Aysén y Los Ríos, todas con coeficientes de Gini de 0,47, lo que constituye una diferencia no menor respecto de la Región Metropolitana y del promedio nacional (Ciper; 2019).
De acuerdo al informe How’s Life (2020) de la OCDE, el 53% de la población chilena está en riesgo de caer en la pobreza si tuviera que renunciar a tres meses de sus ingresos, el quinto país del bloque con el mayor porcentaje y lejos del 36% que promedia todo el grupo.
Según la ONG Techo, entre los años 2011 y 2019 los campamentos aumentaron en Chile un 22%, llegando a 47 mil hogares y que, tras la crisis social, el número estaría acercándose -en los primeros análisis- a 52 mil familias o más y lo más probable es que en el contexto post Covid-19 esto se va a disparar probablemente a 100 mil hogares.
El Mostrador (2020) estima que hay 2,5 millones de trabajadores informales, quienes cuentan con escasos ahorros, producto de precariedad laboral y la vorágine de tener que sobrevivir diariamente.
De acuerdo a los datos del censo 2017, hay 383.204 viviendas que no cuentan con agua potable. En cuanto al aislamiento social, el 56% de las viviendas en la Región Metropolitana son menores de 70 m2; siendo las 3 comunas con viviendas de menor área: María Pinto con 47,8 m2, San Pedro con 48,37 m2 y La Pintana 48.48 m2. En los sectores acomodados, los promedios del tamaño de las viviendas son: Lo Barnechea, 169,1 m2; Vitacura, 154,5 m2 y Las Condes 116,6 m2.
Según Marco Kremerman, de la Fundación SOL, en Chile hay más personas endeudadas que trabajadores remunerados. Mientras la fuerza de trabajo en Chile es de 8,5 millones de personas, hay 11 millones de ciudadanos mayores de 18 años con deudas. De ellos, 4,6 millones no las están pudiendo pagar… A veces piden nuevos créditos para afrontar viejas deudas. Esto sucede porque la mayoría de esos compromisos financieros son no patrimoniales, o sea, que no son para comprasr bienes como una casa o un automóvil, sino para alimentarse, vestirse, pagar cuentas básicas o para educación y salud.
¿Puede arreglar estas desigualdades alguien que se ha proclamado defensor del sistema de AFP y continuador de las políticas neoliberales y ultraconservadoras? A todas luces ¡No! Si la ciudadanía, en general, quiere continuar viviendo en el statu quo y, por ende, pasar penurias porque la capacidad de la cuenta bancaria y del bolsillo serán prioritarias para soslayar la carestía y desihualdad, voten por su Kast (igo). De lo contrario, ¡Arriba la justicia social!
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