El fiscal general venezolano, Tarek Wiliam Saab, en una conferencia de prensa, 14 de febrero de 2024.
El titular de la Fiscalía de Venezuela asegura que el sistema judicial enfrenta una “feroz campaña desde el exterior”, por investigar una trama conspirativa.
El fiscal general venezolano, Tarek Wiliam Saab, informó en una conferencia de prensa de los avances de las investigaciones sobre el caso “Brazalete Blanco”, un supuesto plan para atacar una base militar en Táchira, en la frontera con Colombia, para posteriormente asesinar presidente Nicolás Maduro.
El funcionario venezolano dijo que, por dicho caso, hay 19 personas involucradas y 15 órdenes de aprensión por ejecutar. Entre los detenidos se encuentra la abogada Rocío San Miguel, cuya misión era comunicar en tiempo real los avances de las acciones terroristas que se irían desarrollando e incluso ella misma ha reconocido su papel de conspiradora en contra de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en Europa y en Estados Unidos.
Justamente, manifestó el fiscal general, se ha pretendido vender una detención en el marco de una investigación penal como una desaparición forzada, todo para “enlodar al sistema de justicia y a la democracia venezolana”.
En este sentido, Saab señaló a sectores “que siempre han menospreciado las instituciones democráticas venezolanas y han amparado a la vez los intentos de magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela”
“Denunciamos una feroz campaña desde el exterior en contra del sistema de Justicia y el Estado venezolano por parte de los mismos sectores que siempre han menospreciado las instituciones democráticas (…) y han amparado, a la vez, los intentos de magnicidio y golpes de Estado contra Venezuela”, recalcó el fiscal general, en un comunicado difundido en su cuenta en X.
Saab hizo esta denuncia mientras Estados Unidos, Canadá y Naciones Unidas han instado a Caracas a liberar a San Miguel y otros venezolanos involucrados en tramas conspirativas contra Maduro y otras autoridades, en las que se ha detectado la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Administración de Control de Drogas (DEA), ambas estadounidenses, y la inteligencia del Ejército de Colombia.
ncl/tqi
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