La ocho islas vivirán el próximo sábado, 20 de abril, manifestaciones contra un modelo económico basado en el turismo de masas que condena a la ciudadanía local a trabajos precarios, agrava la crisis de la vivienda y destruye los ecosistemas y su biodiversidad.
Una región plegada a la industria turística desde hace décadas se agota. Y su gente ha dicho basta. Como suele cantar el artista tinerfeño Cruz Cafuné: de las 8 pa’ las 8. Este sábado, 20 de abril, hay convocadas manifestaciones en cada una de las ocho islas Canarias, un hecho histórico. También saldrán a la calle en varias ciudades de la Península y Europa. El motivo: mostrar el rechazo hacia el actual turismo de masas desaforado y la precariedad laboral imperante. El lema: Canarias tiene un límite.
Cada persona asistente tendrá en mente mil y un motivos para tomar las calles, pero los colectivos organizadores han querido destacar tres reivindicaciones que consideran prioritarias. La primera es una moratoria turística y vacacional: “No podemos seguir creciendo”, se quejan. La segunda es una regulación efectiva de la vivienda, poniendo freno al “descontrol” del alquiler vacacional y limitando la compra de vivienda a personas que no residan en las islas. Y la tercera es el cobro de una ecotasa a las personas que visitan las islas con el objetivo de reinvertir lo recaudado en el cuidado y mantenimiento de los espacios naturales o en la creación de empleos verdes.
Alfonso Boullón, portavoz de la asociación ecologista Salvar La Tejita y miembro de Canarias Se Agota –la plataforma convocante–, resume así la realidad del archipiélago: “Canarias ha llegado a esta situación porque tiene un modelo turístico totalmente insostenible basado en el uso irracional de los recursos, lo que lleva al colapso de las islas”. Desde su punto de vista, las alarmas ya están sonando. “Estamos en una emergencia hídrica, climática y energética, incluso alimentaria, y el encarecimiento de la vivienda es otro de los grandes problemas”, dice.
En los dos primeros meses del año (los únicos con datos oficiales disponibles), Canarias ha recibido 2.729.056 de turistas extranjeros, más que ninguna otra comunidad autónoma. Según el INE, con datos de 2021, en el archipiélago viven 2.172.944 personas.
El paso de los años en los que este modelo turístico ha campado a sus anchas ha provocado que la ciudadanía canaria se rebele contra la administración pública, tanto por el respeto al medioambiente como por conseguir unas condiciones de vida dignas. “Los gobiernos solo tienen ojos para la especulación, un crecimiento infinito imposible y la codicia sin límites. El turismo es un sector que precariza la economía y, aunque somos una de las regiones de España que más turistas recibe, también somos una de las comunidades con mayor índice de pobreza”, se explaya el activista.
No es casualidad que los municipios más turísticos tengan las rentas medias más bajas de todas las islas. “El 80% de los beneficios del turismo canario no se quedan aquí, pero a los gobernantes no les importa. Tenemos un Gobierno que actúa como lobista del sector y de los negocios turísticos”, critica Boullón, quien también reclama que se deje de “regalar dinero público a un turismo que no lo necesita”.
Canarias, epicentro del ‘urbanismo criminal’
Irma Ferrer es abogada del colectivo Transparencia Urbanística, una entidad que se dedica a la persecución de los delitos urbanísticos y ambientales: “Canarias es un laboratorio perfecto por su dimensión y población para analizar lo que se considera como urbanismo criminal”, inicia su discurso. ¿Qué es el urbanismo criminal? Así lo explica: “Se trata del desarrollo urbano del archipiélago, muy goloso porque es un paraíso natural, pero con unas deficiencias en torno al Estado de derecho aprovechadas claramente por aquellos que quieren explotar y exprimir los recursos naturales en beneficio propio”.
Este círculo vicioso engrasa una maquinaria demasiado peligrosa a ojos de Ferrer: “El motor económico es el turismo, y todos los partidos políticos subvencionan a los empresarios de este sector y de la construcción, quienes les riegan de dinero y parasitan las instituciones”. Esta abogada, que ha llegado a sentar en el banquillo de los acusados a grandes constructores, subraya además una coyuntura de singular importancia: “Llegamos tarde para la emergencia climática que vive Canarias, que sufrirá los estragos del cambio climático al ser un archipiélago del Atlántico con un monocultivo económico tan endeble y débil como el turismo”.
Por eso, entre sus principales reivindicaciones está la independencia energética para las islas, la soberanía alimentaria, un fortalecimiento de la cultura del agua, la diversificación de la economía y la desclasificación de los planes turísticos todavía por ejecutar. “Porque el problema no es solo lo que se construyó –explica–, sino lo que queda por construir”.
La clase trabajadora, relegada al turismo
La activista canaria María González, de 26 años, está afincada en Madrid precisamente por la inviabilidad de hacerlo en el archipiélago. También ella califica de “insostenible” que los 2,2 millones de residentes canarios tengan que dar cobertura a los más de 14 millones de turistas que llegan cada año.
Además de las movilizaciones del próximo sábado, seis personas llevan desde el 10 de abril en huelga de hambre. Están en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife, un municipio célebre por su movilización social. Para González, todo está relacionado. Si el sector turístico crea puestos laborales precarios, los trabajadores difícilmente tienen acceso a una vivienda mientras que el medioambiente se destruye para aumentar la oferta turística. “Reivindicamos que nosotros, los residentes de las islas, no vemos la riqueza que generamos con nuestros trabajos”, resume.
Las dos demandas principales detrás de la huelga de hambre son la paralización de los proyectos urbanísticos de lujo en el sur de Tenerife, en concreto el de Cuna del Alma y el de La Tejita –ambos frenados durante la pasada legislatura por varias irregularidades–, y una moratoria turística que insufle algo de aire en la región.
En la noche del pasado martes, una ambulancia tuvo que acudir a la zona ocupada por los huelguistas para asistir a una persona con una hipoglucemia grave tras estar seis días sin comer. Desde el Ejecutivo canario, liderado por el nacionalista Fernando Clavijo, no han dado ninguna señal de respuesta a las peticiones de las personas acampadas.
Sobre la cuestión laboral, María González se reafirma cuando dice que Canarias Se Agota –plataforma a la que pertenece– es un movimiento eminentemente de clase trabajadora. “Hemos escuchado al Gobierno decir que quería traer trabajadores de Europa del Este, mano de obra barata, porque aquí no queríamos trabajar. Eso es mentira. Lo que pasa es que hay unos salarios bajísimos y las condiciones a las que se enfrentan las camareras de piso, por poner un ejemplo, son pésimas”, responde.
Ceder tu vivienda al turismo
El asunto de la vivienda también resuena en sus demandas. “El tema ya está mal en toda España, pero es que en Canarias tenemos que competir con personas con un nivel adquisitivo del norte de Europa”, incide esta activista. Y no se queda ahí la cosa, pues sí existe cierta regulación al respecto, aunque totalmente perjudicial para los residentes. En virtud de la Ley de renovación y modernización turística de Canarias, aprobada en 2013, el Gobierno regional está multando y expulsando a los propietarios de sus viviendas para que sea un turoperador el que las explote.
“Esta ley viene a decir que tenemos que irnos de nuestras viviendas situadas en zonas turísticas, dárselas a un gestor único, y ya él las pondrá en alquiler para que luego nos pague una miseria. Y esto no solo pasa en el caso de las segundas viviendas, también ocurre con las primeras”, relata Maribe Doreste, presidenta de la plataforma de afectados por una ley que ni les permite vivir en sus casas, ni les permite alquilarlas a otras personas a menos que lo haga un tercero, lo que consideran inconstitucional.
La problemática ha ido a más desde noviembre del año pasado, cuando empezaron a llegar las primeras multas a los propietarios que no habían cedido su vivienda al explotador turístico. “Las sanciones pueden ir desde los 2.000 euros hasta los 30.000, pero si reincides la multa puede llegar a los 300.000 euros e iniciarse un procedimiento de sustitución de propietario”, denuncia la propia Doreste. Por el momento, hay unas 800 personas con expedientes sancionadores iniciados, aunque la normativa puede afectar potencialmente a 70.000 personas.
La mayoría de la gente afectada por esta normativa se concentra en el sur de la isla de Gran Canaria. Esto se debe a que, a diferencia de otras islas (como pasa en la vecina Tenerife), en la isla redonda se apostó más durante el boom turístico por apartamentos y bungalós en vez de por hoteles.
Josefa Sarmiento es una de estas afectadas y lidera la batalla judicial. Cuando recibió la multa de 2.250 euros en noviembre de 2023, recurrió ante la administración, aunque después de negarle el primer recurso, le obligaron a acudir directamente al juzgado de lo contencioso-administrativo. “Mi multa fue la única que la consejera de Turismo ratificó con su firma. Gracias a la presión social, todas las demás están paralizadas a la espera de lo que pase en mi juicio”, comenta. La vista oral del juicio está fechada para febrero de 2025. Ella lucha por mantener el piso que su familia compró hace 55 años.
Una “expropiación encubierta” masiva
Por su parte, Juan Ramón Reyes va algo más lejos y afirma que esta operación se trata de “una expropiación encubierta”. Él tiene un apartamento en el sur de Gran Canaria desde 2005. Con este símil explica la realidad que sufre: “Es como si me compro un coche y no me dejan conducirlo, se lo tengo que ceder a un tercero, pero la gasolina y el mantenimiento lo tengo que seguir pagando yo”.
Desde su punto de vista, “los explotadores turísticos son el verdadero cáncer de Canarias”, sobre todo por su manera de actuar. “Te acaban pagando lo que ellos quieren. Yo he trabajado con alguno y me han llegado a dar 172 euros al mes, aunque él sacara 2.000 euros. Si les viene mal, incluso llegan a decirte directamente que ese mes no te van a pagar”.
Detrás de este movimiento político-empresarial, Reyes cree que podría esconderse algo mayor: “¿Quién va a querer un apartamento que no puede utilizar y por el que apenas le pagan? Lo que quieren es que nos cansemos de luchar y se los vendamos a ellos para que los exploten sin límites de ningún tipo. La industria del turismo te roba las casas”, afirma tajante.
La comunidad científica habla
La distinción entre zonas turísticas y zonas teóricamente residenciales es cada vez menor. Poco a poco, el todo-al-turismo va ganando espacio a costa de los residentes locales, que se sienten parte de un decorado, de un espectáculo mayor del que son meros figurantes.
Con el objetivo de desacreditar las demandas ciudadanas y la manifestación de este 20 de abril, el sector turístico y determinados políticos llevan meses hablando de una supuesta “turismofobia”. Sin embargo, la organización, activistas y especialistas han insistido siempre en que no se está en contra del turismo, sino del actual modelo de turismo masivo. Así lo defienden también 450 personas que forman parte del personal docente e investigador de diversas universidades y centros de estudios, tanto de Canarias como del extranjero. A través de un manifiesto, que recoge firmas de especialistas de todas las universidades canarias y de unas 30 universidades de fuera de las islas, entre ellas Harvard, hacen un llamamiento para sumarse “masivamente” a la convocatoria.
La carta sirve también como respuesta al presidente del Gobierno canario, Fernando Clavijo, quien declaraba que hacía falta una conversación “científica” a la hora de valorar las demandas ciudadanas. “Pues aquí llega la respuesta: unas 450 voces, especializadas en distintas áreas del conocimiento, convergen en el diagnóstico de que el actual modelo de desarrollo es fallido y en que existen alternativas fundamentadas a él”, se recoge en el manifiesto.
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