© AP Photo / Juan Karita
Referentes de ambos bandos, antiguamente aliados y ahora enfrentados en torno a la figura del expresidente Evo Morales, consideraron que el enfrentamiento interno en el Movimiento Al Socialismo (MAS) solamente daña las posibilidades de las fuerzas populares para mantener la Presidencia.
La orden de detención contra Evo Morales emitida por el juez Nelson Rocabado vuelve a sacudir el panorama político en Bolivia, a siete meses de las elecciones generales en las que se pondrá en juego la continuidad o no del Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS). Los seguidores del expresidente advirtieron con cortar otra vez las carreteras del país para protestar por lo que consideran una "persecución" a su líder.
El Gobierno de Luis Arce aún no se manifestó sobre la determinación del Juzgado de Instrucción Penal, Anticorrupción y Contra la Violencia hacia la Mujeres Quinto del departamento de Tarija (sur). Rocabado declaró a Morales en rebeldía, por lo cual ordenó su búsqueda y aprehensión. Además se definió congelar sus cuentas bancarias y la anotación preventiva de sus bienes, así como su prohibición para salir de Bolivia.
Los abogados de Evo Morales intentaron demostrar que el acusado no está en condiciones óptimas de salud para presentarse a declarar. Se lo acusa por el delito de trata y tráfico de personas. Según la Fiscalía de Tarija, en 2016 el entonces presidente (2006-2019) tuvo una relación con una adolescente de 15 años, fruto de la cual habrían tenido una hija que hoy tiene ocho años.
Pero el juez de Tarija consideró que los documentos presentados por la defensa de Morales no demostraban las supuestas dolencias achacadas al acusado, quien debería someterse a un reposo absoluto por instrucción médica. Sin embargo, en los últimos días el expresidente se mostró activo en público en poblaciones del trópico cochabambino.
Gery García, dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), dijo a Sputnik que Morales debería presentarse ante la Justicia para demostrar su supuesta inocencia.
"Aquí no hay ninguna persecución. Más bien, se deben evaluar estrategias para capturar a este señor, porque es la única forma en que vamos a vivir en paz en Bolivia", señaló.
García se refería a los dos bloqueos nacionales realizados por los seguidores de Morales durante 2024, los cuales tuvieron lugar en febrero y octubre, con un total de 40 días de vías obstruidas en la principal carretera del país, que une los departamentos de Santa Cruz con La Paz. Según el Gobierno, por ambas protestas el país perdió más de 3.000 millones de dólares.
El departamento de Cochabamba, situado en el centro del país, fue el epicentro de las movilizaciones evistas. A finales de octubre hasta el 1 de noviembre de 2024, cuando finalizaron los bloqueos, la Policía detuvo y judicializó a 100 seguidores de Morales por participar en actos de violencia contra las fuerzas de seguridad y la población en general.
Días atrás, una nueva movilización de quienes apoyan a Evo Morales se realizó desde la población de Patacamaya hasta la ciudad de La Paz. Luego de cuatro días de marcha sus seguidores llegaron a la sede del Gobierno para exigir cambios en el rumbo económico en la gestión de Luis Arce. También reclamaron la liberación de los detenidos a finales de 2024.
Las protestas más violentas se realizaron en la ciudad de Cochabamba, donde los leales a Morales intentaron tomar la sede de la Federación Sindical Única de los Trabajadores Campesinos de este departamento, en medio de violentos enfrentamientos con la Policía.
Según García, quienes participaron de las protestas para defender a Morales lo hicieron bajo presiones económicas de las dirigencias. "Muchos fueron detenidos con cartuchos de dinamita en su poder, así como objetos cortopunzantes, machetes, cuchillos. Han tratado de convulsionar", dijo el dirigente campesino cochabambino.
Documentación insuficiente
En la ciudad de Tarija se presentó el abogado Jorge Pérez como representante legal de Morales. Llevó documentación que sustentaría la nueva ausencia del expresidente para declarar, pero el juez Rocabado consideró: "Estos elementos presentados, consistentes en los certificados médicos particulares, a criterio del suscrito juzgador, no acreditan un impedimento legítimo del ahora imputado para no asistir a esta audiencia".
"El suscrito juez de instrucción penal, en virtud de los antecedentes, declara rebelde al imputado Juan Evo Morales Ayma", agregó.
El Gobierno de Arce se manejará con la cautela necesaria para evitar enfrentamientos o la pérdida de vidas al ejecutar el mandamiento de aprehensión.
Desde el Trópico de Cochabamba, los dirigentes afines a Morales hablaron con la Radio Kawsachun Coca. "Existe persecución. No vamos a permitir que quieran atrapar, querer detener y enviar a Estados Unidos (a Morales)", dijo Isidro Auca, secretario general Federación Única Centrales Unidas del Trópico.
Entre los seguidores del expresidente, prima la idea de que el Gobierno de Arce habilitará la extradición de Morales a EEUU por su presunta participación en casos de narcotráfico.
"Queremos declarar al Gobierno y al ministro de Gobierno: no se equivoquen. Si tocan al hermano Evo, tocan al pueblo. Vamos a reforzar más la seguridad", agregó el dirigente del trópico. Sus seguidores declararon que el expresidente tiene custodia permanente de un grupo especial armado, organizado por los sindicatos campesinos del lugar.
"Vamos a defender al hermano Evo, así sea con nuestras vidas", afirmó Auca a tiempo de agregar que "estamos atentos a todo lo que pueda pasar. Todas las organizaciones sociales vamos a paralizar los caminos a Cochabamba y por qué no de todo el país. Todos estamos alertas con el pueblo".
Justicia y elecciones
Emilio Rodas es un dirigente joven de la ciudad de Santa Cruz, quien al frente de la Columna Sur apoyó la llegada de Arce a la presidencia. En los últimos años, con el avance del actual conflicto político, decidió apoyar al expresidente Morales.
A la vez, la organización juvenil cruceña desapareció por el accionar gubernamental, según Rodas.
En diálogo con Sputnik, evaluó que el actual enredo judicial se enmarca en la carrera de las elecciones generales de agosto próximo, cuando Bolivia elegirá un nuevo presidente e integrantes de la Asamblea Legislativa Plurinacional.
"Creo que esta declaratoria de rebeldía es para mantener a Evo al margen de las próximas elecciones. Si querían meterlo preso ya lo hubieran hecho hace tiempo, pero no tienen la fuerza ni el valor. Tampoco están dispuestos a tomar la responsabilidad por una masacre en el Chapare", aseguró.
En sus palabras, "el objetivo es, más bien, mantener a Evo atrincherado en el Chapare (región del trópico cochabambino) y no permitirle liderar la organización del movimiento en el territorio nacional".
Según el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), Morales no está habilitado legalmente para postularse a un cuarto mandato presidencial. Ambos tribunales aclararon que ningún ciudadano boliviano puede postularse a más de dos presidencias, ya sean continuas o separadas.
Para Rodas, como para la mayoría de los seguidores de Morales, las actuales acciones de la Justicia boliviana están dirigidas a beneficiar a "la derecha" en las elecciones generales.
El próximo 25 de enero, los seguidores del expresidente anunciarán con cuál sigla política se presentarán a las elecciones generales. Si se concreta la división del MAS, matemáticamente se reducirán sus chances de mantenerse en el poder.
García y Rodas coincidieron en un solo punto, la actual coyuntura política y judicial daña electoralmente al movimiento popular de Bolivia en su conjunto.
"Morales todavía tiene en la cabeza volver a sentarse en la silla presidencial para ejercer el cuoteo político, manejar al Poder Judicial y así dominar los nueve departamentos. Por eso pedimos que se cumpla el mandamiento de aprehensión", sostuvo García.
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