Brasil ante la votación final del impeachment
América XXI
Sin sustento jurídico, el impeachment seguirá su curso en el Senado. El gobierno interino carece de apoyo, pero la movilización social es débil. El PT se repliega y apuesta al regreso de Lula.
¿Podrá Dilma Rousseff recuperar el poder? La respuesta llegará probablemente a fines de mes, luego de que concluyan los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro el 21 de agosto. Necesita que más de un tercio de los 81 senadores vote en contra del impeachment (juicio político) para volver a Planalto y evitar su destitución definitiva. Pero la expectativa es muy baja. Ella misma parece contentarse con “luchar hasta al final” y denunciar tanto la “farsa” del proceso de destitución como el carácter ilegítimo del gobierno que ahora conduce su vicepresidente, Michel Temer.
Lejos de las presiones económicas, políticas y sociales, Dilma recorre el país con estas premisas, vuelve a apoyarse en las organizaciones de base que rodean al Partido de los Trabajadores (PT) y al ex presidente Lula y, más animada que en meses anteriores, da constantemente entrevistas a medios nacionales e internacionales. Favorecida por estar fuera del esquema de corrupción que hunde a dirigentes y funcionaros de la mayoría de los partidos políticos brasileños, cuestiona las decisiones de Temer y recupera posiciones de izquierda.
Luego de la suspensión temporal consumada el 12 de mayo, Dilma y el PT levantaron la propuesta de convocar elecciones anticipadas para presionar al Senado y revertir el impeachment, en sintonía con la voluntad mayoritaria de la población. La Presidente aseguró que si retorna al poder llamará a una consulta popular para dar curso a la votación este mismo año, probablemente junto a las elecciones municipales, programadas para octubre en todo el país. Pero el PT no avanzó a fondo en ese plan y se acomodó en un rol plenamente opositor, dando casi por sentada la continuidad inmediata de Temer. El objetivo petista parece ser dar vuelta la página y recuperar el liderazgo de Lula, que encabeza la intención de voto ante una eventual elección anticipada.
Un síntoma de esta postura se vio en la madrugada del 14 de julio, cuando la Cámara de Diputados eligió a su nuevo presidente en reemplazo de Eduardo Cunha. En segundo turno, varios diputados del PT votaron por quien resultó vencedor, Rodrigo Maia, del partido derechista Demócratas y fervoroso impulsor del impeachment contra Dilma. Lo mismo hizo la mayor parte de la bancada del Partido Comunista de Brasil (PC do B), aliado del PT. El argumento fue que el otro aspirante, Rogério Rosso, era miembro del bloque conservador pluripartidista que lideraba Cunha, el principal operador político del impeachment que está acusado de cobrar al menos 5 millones de dólares en coimas.
El objetivo de este grupo de diputados de izquierda es que este mes la Cámara anule el mandato de Cunha por mayoría simple para que sea condenado. En el fondo desean que este siniestro diputado evangelista acepte al régimen judicial de “delación premiada”. Si aporta datos de la corrupción institucional podría poner contra las cuerdas al ya débil gobierno de Temer e incluso provocar el colapso definitivo del sistema político partidario. Hay quienes piensan que ese desenlace incluiría al propio PT.
Hipocresía, mentiras y privatizaciones
La Fiscalía federal brasileña concluyó en julio que Dilma Rousseff no cometió delito fiscal alguno y, por lo tanto, ningún crimen de responsabilidad, tal como se aseguró jurídicamente al dar curso al impeachment. El Ministerio Público Federal (MPF) archivó la denuncia referente a las llamadas “pedaleadas fiscales”, al considerar que no constituyen un crimen. La noticia fue prácticamente ignorada por la gran prensa brasileña.
En cambio, en una burda operación, el diario más vendido de Brasil –Folha de São Paulo– publicó en la edición dominical del 17 de julio los resultados de un sondeo hecho por su reconocida encuestadora, Datafolha. Allí dio a entender que un 50% de los brasileños quería la continuidad de Temer y apenas el 3% prefería nuevas elecciones presidenciales.
Días después el diario reconoció que la información era engañosa y que en realidad la mayoría de los encuestados (62%, no 3%) se inclinó por las elecciones anticipadas. Argumentaron que el porcentaje se omitió porque “esta posibilidad no es más tomada en cuenta en el actual escenario político”. Tampoco publicaron que el 37% consideró ilegal el proceso de impeachment. Lo más saliente de la encuesta es que la popularidad de Temer está en 14% y un 33% ni siquiera conoce quién lo gobierna. Otra consultora, Ipsos, mostró que apenas el 16% quiere que Temer se quede hasta 2019.
La consecuencia inmediata es que el gobierno interino, para evitar una explosión social, por el momento no toma medidas significativas de ajuste fiscal y agrava el déficit. Para llegar a la meta fijada en 2017, el ministro de Economía, Henrique Meirelles, apura concesiones y ventas de activos de todo tipo. El programa de privatizaciones busca recaudar el año próximo hasta 30 mil millones de reales (9.375 millones de dólares), a través de concesiones de aeropuertos, puertos y carreteras; la venta de la aseguradora Caixa Seguridade, el instituto de reaseguros IRB y la participación estatal aeroportuaria de Infraero, entre otras. El siguiente paso sería la privatización de los aeropuertos Santos Dumont, de Río de Janeiro, y Congonhas, de San Pablo, junto a las terminales de Salvador, Porto Alegre, Fortaleza y Florianópolis.
Pero el plato fuerte son los yacimientos petroleros del pre-sal, en aguas profundas. En una maniobra encabezada por el canciller José Serra, avanza en el Congreso el proyecto de ley que retira la obligatoriedad de la estatal Petrobras de participar en la exploración y explotación con un mínimo de 30% de las inversiones en estos yacimientos. Organizaciones sindicales de trabajadores petroleros denuncian que hay un plan de desguace de la compañía estatal para abrir espacios al capital extranjero.
Mientras tanto, la recesión se agrava. Los datos publicados en julio mostraron que la economía cayó un estrepitoso 5,3% interanual en mayo y el consumo minorista un 9%, por la caída del poder adquisitivo y el aumento del desempleo (es de 11,2%). La Confederación Nacional de la Industria (CNI) registró en junio el récord histórico de “miedo al desempleo” entre los brasileños desde que comenzó a medir el índice en 1999. La corrupción –en primer lugar– y la salud son las otras dos grandes preocupaciones que registraron las encuestadoras.
A este panorama se suma ahora la angustia frente a la posibilidad de un atentado terrorista, que ya impacta económicamente con la cancelación de decenas de miles de reservas hoteleras previo al comienzo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, en una ciudad completamente militarizada.
Injerencia extranjera
Distintas voces empezaron a señalar una supuesta responsabilidad estadounidense en la crisis política que atraviesa el país desde el avance de la operación judicial Lava Jato, que investiga un enorme esquema de sobornos con eje en Petrobras. Denuncian que la ofensiva se hizo a través del Poder Judicial, liderada por el juez Sergio Moro. El objetivo: liquidar a Lula, el PT y golpear a los grandes capitales brasileños.
Rousseff nunca apuntó al gobierno de Obama por el impeachment. Pero a fines de julio, entrevistada por el periodista Darío Pignotti para el diario argentino Página 12, señaló a quienes “se benefician con el golpe”. Se refirió a “aquellos grupos interesados en acceder al control de Petrobras, con sus inmensas reservas en el área de pre-sal”. Y agregó: “A favor del golpe pueden estar aquellos que no quieren tener la competencia en el mercado internacional de las grandes constructoras brasileñas. En los últimos años tuvimos empresas que estaban internacionalizándose a un ritmo muy significativo y conquistando espacios. Me refiero a la constructora Odebrecht, que participó en la obra del puerto cubano de Mariel, estuvo actuando en Miami, en México, y a otras empresas con presencia internacional fuerte en varias áreas”.
Una filtración de Wikileaks reveló cómo el gobierno estadounidense entrenó agentes judiciales y policiales brasileños, entre ellos a Moro, formado en Estados Unidos. El informe interno, enviado al Departamento de Estado, da cuenta de un seminario realizado en 2009 en Río con miembros de la justicia brasileña para “la aplicación de leyes y prácticas de contraterrorismo”. En 2013 también se supo, gracias a otra filtración, que Estados Unidos espiaba a la estatal Petrobras.
El plan de la burguesía brasileña de aumentar su peso en América Latina y ganar espacios de influencia a Washington, que llevó primero a Fernando Henrique Cardoso y luego a Lula a apostar por las políticas de unidad regional, está viendo su ocaso. Ya no habrá un “Brasil potencia”. Menos ambiciosos, Lula y el PT buscan ahora sobrevivir ante la encarnizada arremetida judicial que pretende cerrar definitivamente un capítulo histórico para el país. En esa resistencia, la movilización social –débil hasta el momento– será clave.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=215294
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