New York Times
Un camión avanza a través de un área de la selva amazónica recientemente deforestada en el estado de Rodonia, el 28 de junio. Entre agosto de 2015 y julio de 2017, la deforestación ha aumentado 29 por ciento en la Amazonía brasileña. Credit Mario Tama/Getty Images
RÍO DE JANEIRO – Los grupos de presión ruralista de Brasil ya no necesitan presionar tanto al gobierno. En buena medida, han conseguido lo que tanto han buscado: ocupar importantes cargos de poder en Brasilia. En 2014, los brasileños eligieron no solo el congreso más conservador del país desde el fin de la dictadura, sino también el más dominado por el frente parlamentario agropecuario –suma 230 de los 513 diputados–, la más eficiente de las agremiaciones legislativas.
Tras apoyar el proceso de destitución de Dilma Rousseff y con Michel Temer como presidente, ese sector conservador dominó por completo el gobierno. Desde entonces, hemos asistido a una ofensiva contra las conquistas sociales –y ahora ambientales– de la última década. El ministro de Agricultura, Blairo Maggi, ganador en 2005 del premio Motosierra de Oro –entregado por Greenpeace en protesta contra la destrucción medioambiental–, es considerado el mayor productor individual de soja del mundo. Y el de Medioambiente, Sarney Filho, quien debería ser su contrapeso en el gobierno, ha dicho recientemente, sin el menor pudor, que “solo Dios” –no las políticas públicas– puede frenar la deforestación de la Amazonía.
Temer, quien ha sido evaluado como malo o pésimo por el 69 por ciento de los brasileños en encuestas recientes, ya enfrentaba dificultades para negociar apoyo parlamentario para sus reformas laboral y de pensiones, demasiado impopulares para ser aprobadas a solo un año del inicio de la campaña presidencial de 2018. Ahora, a causa del agravamiento de la crisis política y arrinconado por denuncias de corrupción, el presidente paga cada vez más caro el apoyo para sustentarse. Y parte del precio ha sido rematar la selva amazónica a los parlamentarios ruralistas que dominan el congreso.
En diciembre, el gobierno de Temer firmó una medida provisoria (una suerte de decreto presidencial que debe ser ratificado por el congreso) transformando 305.000 hectáreas de la Floresta Nacional de Jamanxim, en Pará, en un Área de Protección Ambiental, o APA. Aunque el nombre suene promisorio, la medida esconde un retroceso. La calificación de floresta nacional es una de las más altas categorías de preservación en Brasil y la ocupación de tierras de la floresta está prohibida. El Área de Protección Ambiental tiene, en cambio, un nivel de protección mucho menor, porque permite la explotación comercial de las tierras. En otras palabras, la medida podría permitir legalizar sus actividades a quienes hoy ocupan y explotan ilegalmente esa región amazónica.
El proyecto, que ya era malo, pasó por el análisis de diputados y senadores y terminó por ser tan distorsionado y perjudicial como lo es el actual congreso. Además de aumentar el área que pasaría de floresta nacional a área de preservación de 305.000 a 600.000 hectáreas, los legisladores aprovecharon para incluir una enmienda completamente ajena al proyecto original, reduciendo también 10.000 hectáreas del Parque Nacional de São Joaquim, en Santa Catarina; está tan lejos del Jamanxim como España de Bielorrusia. O sea: para avanzar con su desarrollo a cualquier costo, los diputados muestran que quieren hacer en otras regiones lo que están haciendo con Jamanxim.
Recientemente, en respuesta a un pedido de Gisele Bündchen, la modelo más famosa de Brasil, Temer anunció por Twitter que había anulado las medidas. En ese mismo mensaje, arrobó a la cuenta de WWF, como si diera buenas noticias para el medioambiente. El presidente parece haberse olvidado que el proyecto original lo envió él. Mejor sería no haberlo hecho nunca. Porque con el proyecto envió también el mensaje de que está dispuesto a ceder ante los grupos de presión y a absolver a quienes invaden y deforestan la selva. Además, Temer ya había negociado con la bancada ruralista que el contenido vetado será presentado otra vez. El único cambio es que la paternidad de este retroceso en el campo de la protección ambiental pasó del poder ejecutivo al legislativo.
El 68 por ciento de toda la actividad ilegal en las áreas protegidas de la Amazonía ya se concentra en el Jamanxim. Un reportaje de Folha de S. Paulo denunció que el mayor beneficiado con la medida de Temer sería Ubiraci Soares da Silva, alcalde de Novo Progresso, quien ha sido sancionado con 571.000 dólares en multas por crímenes ambientales.
Una chimenea echa humo de madera usada como carbón en una sección de la Amazonía brasileña recientemente deforestada, en Arquímedes, en el estado de Rodonia, el 26 de junio Credit Mario Tama/Getty Images
Con la disminución del grado de protección en Jamanxin, el Instituto de Investigación Ambiental de la Amazonía (IPAM, por su sigla en portugués) prevé una deforestación de 280.000 hectáreas, que causarían la emisión de 140 millones de toneladas de carbono hasta 2030. De acuerdo con Ciro Campos, vocero del instituto Socioambiental (ISA), hay que tomar en cuenta que la deforestación del medioambiente funciona como una bolsa de valores: los criminales invaden las tierras si ven en el futuro una oportunidad de legalizarlas. Con este congreso, las oportunidades son más reales que nunca.
Por ejemplo: a mediados de junio, el congreso aprobó nuevas normasque también debilitan las exigencias ambientales al permitir la regularización de tierras ocupadas de manera irregular –incluso en áreas protegidas de la Amazonía, donde ahora habitan voraces latifundistas–. Y medidas peores que esa se avecinan. Con la excusa de destrabar el desarrollo económico, la bancada ruralista presentó un proyecto para acabar con la obligatoriedad de obtener licencias ambientales para obras como el asfaltado de carreteras y la agricultura extensiva.
Si a Dilma Rousseff no le importaba el medioambiente, el gobierno que la remplazó menos aún. De hecho, acelera la marcha en reversa. En el último año, la deforestación de la Amazonía avanzó el 30 por ciento. El asunto había tenido poca repercusión hasta que Temer y sus ministros viajaron en visita oficial a Noruega. Allá, hicieron pasar vergüenza al país. Ante este retroceso, Noruega anunció un recorte del 50 por ciento de sus aportes al Fondo Amazonia, de quien era el mayor financiador.
Cuando fue denunciado por corrupción por la procuraduría general, Temer dijo: “Nada nos destruirá ni a mí ni a nuestros ministros”. Para sostener un gobierno que carece de solvencia y que quizá no dure mucho, ha puesto en riesgo la supervivencia de la floresta y, como resultado, la de todos nosotros. La solución inmediata sería la caída de todo ese gobierno, sin legitimidad popular ni condiciones éticas para seguir. Pero mientras siga ahí, la comunidad internacional debe poner presión directa sobre él para que no se siga debilitando la protección de la Amazonía.
Cuando Temer anunció su veto, se dirigió a Gisele Bündchen, quien vive en Estados Unidos. De modo semejante, el aumento de la deforestación solo ha recibido la debida atención de la prensa después de la sanción de Noruega. Puede ser fastidioso para un extranjero acompañar los asuntos de Brasil después de dos años de ininterrumpida crisis política, pero ahora el tema es de todos. Mientras el mundo debate cuál será el impacto ambiental del anuncio de Donald Trump de retirar a Estados Unidos del Acuerdo de París, en Brasil, sin mucho alboroto, el pulmón vegetal del mundo ha sido puesto en remate.
Carol Pires es reportera política y colaboradora regular de The New York Times en español. Vive en Río de Janeiro.
https://www.rebelion.org/noticia.php?id=228870
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