MOSCÚ (Sputnik) — El Gobierno de Venezuela pidió al Ejecutivo de España que garantice el derecho a la manifestación pacífica preservando a toda costa los derechos fundamentales de los ciudadanos, tras los brotes de violencia durante las protestas.
"Hacemos un llamado a las autoridades españolas a no tomar acciones que contribuyan a una escalada de las tensiones y responder de forma proporcionada los eventuales brotes de violencia", señaló el Gobierno venezolano en un comunicado publicado en la cuenta de Twitter del ministro de Exteriores del país, Jorge Arreaza.
El viernes, la quinta jornada de protestas multitudinarias contra la sentencia a los políticos catalanes presos por el referéndum de independencia del 1 de octubre de 2017 dejó casi 90 heridos, la mayoría de ellos en Barcelona.
© REUTERS / RAFAEL MARCHANTE
Pedro Sánchez advierte que los culpables de la violencia en Cataluña serán sancionados
Caracas instó al Gobierno del país monárquico a evitar "el uso excesivo de la fuerza policial" contra los manifestantes que exigen la libertad de "los presos políticos catalanes".Pedro Sánchez advierte que los culpables de la violencia en Cataluña serán sancionados
También exhortó a las partes "a iniciar un proceso de diálogo nacional que resuelva las crecientes diferencias entre las posiciones expresadas por los manifestantes pacíficos y el Estado español".
Cataluña vive desde el 14 de octubre un ciclo de protesta continua contra la decisión del Tribunal Supremo de condenar por delitos de sedición, malversación y desobediencia a doce líderes políticos y civiles catalanes que fueron enjuiciados por el proceso independentista que llevó al referéndum del 1 de octubre de 2017.
La mayor de las penas impuestas recayó sobre el exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, condenado a 13 años de prisión e inhabilitación absoluta por un delito de sedición agravado por otro de malversación.
En un tercer escalón se situaron otros tres exintegrantes del Gobierno catalán, condenados a una multa de 200 euros diarios durante 10 meses por un delito de desobediencia.
Las penas establecidas por el Tribunal Supremo suman un total de 99 años y 6 meses de cárcel.
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