En 1924 fueron asesinados en Chaco cientos de indígenas de los Pueblos Moqoit y Qom. Casi un siglo después, comenzó el juicio por esa masacre. David García, presidente de la Fundación Napalpí, denunció los crímenes del pasado y la violación de derechos del presente. Napalpí fue parte de una serie de matanzas que el Estado argentino cometió contra los pueblos originarios.
A 98 años de la masacre de Napalpí (Chaco), cuando fueron asesinado centenares de indígenas de los Pueblos Moqoit y Qom), comienza el «Juicio por la Verdad» para establecer los hechos ocurridos, determinar la responsabilidad estatal y establecer una reparación. El crimen se produjo el 19 de julio de 1924, en el marco de una huelga que las comunidades realizaban por mejores pagos en las cosechas de algodón. La primera audiencia del proceso judicial —que da lugar a la etapa testimonial— comenzó este martes en Resistencia y se prevé que los alegatos finales se conozcan el 19 de mayo.
«El juicio que inició hoy es muy importante porque el Estado reconoce lo que ha causado con las comunidades indígenas. Los mataron por reclamar mejores condiciones de vida», afirmó David García, presidente de la Fundación Napalpí, en diálogo con Tierra Viva. El titular de la Fundación —surgida en 2006 para recuperar y visibilizar la historia y la cultura de los pueblos indígenas, que también aborda otros hechos de violencia contra los pueblos originarios, como la Masacre de Rincón Bomba, ocurrida en 1947— confió en que «este juicio va a traer un panorama muy importante para poder visibilizar otras circunstancias de vida que está atravesando nuestra comunidad».
García marcó como punto de quiebre para llegar al Juicio por la Verdad el año 2008, cuando el gobernador Jorge Capitanich pidió perdón a las comunidades indígenas en un acto en la localidad de Machagai (ubicada en la zona donde fue la matanza). Fue durante el cumpleaños de Melitona Enrique, una de las sobrevivientes de la masacre de 1924. «Por mucho tiempo esperamos que el Estado se haga cargo», destacó.
Sin embargo, el presidente de la Fundación Napalpí admite que «hoy la situación no ha cambiado mucho», respecto a la realidad de las comunidades indígenas. «Todavía falta mucho por trabajar, los más afectados son los hermanos moqoit porque ellos sufrieron las mayores pérdidas por la masacre de Napalpí», afirma.
En el territorio donde fue la matanza aún es difícil acceder a servicios básicos como suministro eléctrico o agua, y los caminos son intransitables. «Queda mucho por hacer en relación a la deuda que todavía tiene el Estado con las comunidades indígenas», resume.
El camino al Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí
En marzo pasado, la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, admitió las pruebas de la Fiscalía Federal, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco y del Instituto del Aborigen Chaqueño. «Será un Juicio de la Verdad atendiendo la impronta de los que se realizaron por terrorismo de Estado, un paso más hacia la verdad histórica de lo ocurrido en nuestro país», dijo a Télam Magdalena Odarda, presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI).
La modalidad de los Juicios por la Verdad tienen su antecedente en los procesos judiciales que se desarrollaron por los hechos ocurridos en la última dictadura cívico-militar, mientras estaban vigentes las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. En el caso de Napalpí las personas que debieran ser juzgadas hoy están fallecidas, como la mayoría de sus víctimas, pero el proceso sirve para establecer la responsabilidad del Estado en la violación a los derechos humanos de los Pueblos Moqoit y Qom durante los hechos de 1924.
En el debate intervendrá la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de esa jurisdicción, integrada por los fiscales generales Federico Carniel y Carlos Amad, el fiscal federal Patricio Sabadini y el fiscal ad hoc Diego Vigay.
«Napalpí fue parte de un plan sistemático para destruir a los pueblos indígenas»
La matanza se desató en el marco de una huelga de integrantes de los Pueblos Qom y Moqoit recolectores de algodón. Exigían mejores pagos para sus salarios frente a un Estado que les proveía algunos elementos para poder trabajar la tierra y luego les compraba la producción. Pero había una diferencia: no era lo mismo lo que le pagaban a las comunidades que a los grandes colonos de la zona por su cosecha.
«Esta masacre vino porque la gente empezó a empoderarse de lo que era el trabajo colono, chacarero en este caso», explica David García. «El diálogo con los administrativos de la reducción no tuvo éxito. En ese marco, las comunidades apelaron al entonces gobernador Fernando Centeno, quien les prometió que regresaría con respuestas y la retribución correspondiente», cuenta el presidente de la Fundación Napalpí.
García sostiene que el Aeroclub de Chaco aportó su avión para identificar dónde estaban las comunidades. Para eso, tiraron caramelos desde el aire, que llovieron sobre el monte chaqueño. «A la gente le llamó la atención lo que caía del cielo y salieron afuera», dice García. Al otro día, la Gendarmería, policías y algunos civiles llegaron a acribillar a quienes vivían en el lugar.
Entre 200 y 300 hombres y mujeres, ancianos, jóvenes y niños fallecieron producto de la balacera ejecutada por 130 efectivos durante al menos una hora. Sus cuerpos luego fueron calcinados y enterrados en fosas comunes. Fue el 19 de julio de 1924. «Las comunidades no estaban preparadas para un enfrentamiento porque en ese momento estaban esperando las promesas del Gobernador», relata García. Para él no hay dudas: «Napalpí fue parte de un plan sistemático para destruir a los pueblos indígenas».
Casi cien años de lucha y memoria
Rosa Grilo es la única sobreviviente. Tiene 114 años. En una entrevista que le realizó la Fiscalía de Resistencia, en 2018, Grilo recordó: «Nunca se habló de lo que pasó. Es muy triste para mí porque mataron a mi papá. Un avión de arriba tiraba bolsas y caían al piso, y ahí los mataban. Mi abuelo y mi mamá gritaban. Mataron a muchos».
David García, al hablar del proceso que derivó en el Juicio por la verdad, reivindica al historiador qom Juan Chico. «Él fue mi amigo desde la juventud. A él comenzó a llamarle la atención por qué no hablaba el idioma; todas las comunidades del Chaco hablaban su idioma menos él en un sector de su población», recuerda. Añade que Chico comenzó a preguntarse a sí mismo y a los ancianos de la zona por el tema de la lengua: «Ahí se encuentra con la historia», dice García. Eso fue en el año 1998.
Juan Chico integró las generaciones posteriores, que también sufrieron las consecuencias de la Masacre de Napalpí y de la persecución a las comunidades indígenas. «Después de lo que ocurrió en 1924 las comunidades dejaron de hablar su idioma porque los ancianos no se lo permitían. Si hablaban su idioma eran identificados y asesinados. Nunca dejó de ser perseguida la gente de Napalpí. Juan sufrió parte de esas consecuencias», señala García.
«Él escribió todo lo que logró investigar. Yo lo traducí al qom y ahí comenzamos a trabajar con el Estado», añade. En el 2008 se publicó ese material y se comenzó a trabajar en las escuelas, relacionándolo con lo que pasó en la última dictadura, con la desaparición forzada de personas y los crímenes de las Fuerzas Armadas. «Fue muy importante concientizar y consensuar con las políticas educativas y sociales, y que los docentes participen. Fue duro al principio, pero eso llevó a que la sociedad se apropie del tema y los hechos se visibilicen», explica el presidente de la Fundación Napalpí.
Cronograma del Juicio
Definido por la resolución de la jueza Zunilda Niremperger, la audiencia de apertura se realizó hoy en la Casa de las Culturas de Resistencia. La fecha elegida para el comienzo del debate coincide con el Día del Aborigen Americano. En esta primera jornada se escucharon los alegatos de apertura y se reprodujeron registros audiovisuales del historiador qom Juan Chico y de los sobrevivientes Pedro Balquinta y Rosa Grilo.
El 26 de abril, en el mismo lugar, se reproducirán las entrevistas a las sobrevivientes Melitona Enrique y Rosa Chara. A su vez, darán su testimonio Ramona Pinay, David García, Analía Noriega y los investigadores Mariana Giordano, Graciela Bergallo y Neri Tete Romero .
El 27 de abril, también en la Casa de las Culturas de Resistencia, se escuchará el testimonio filmado de Felipa Laleqori y declararán los investigadores Pedro Solans, Teresa Artieda, Laura Rosso, Gabriela Barrios, Alejandro Jasinski, Rubén Guillón y Luciano Sánchez .
El 3 de mayo, en la Casa de las Culturas de Machagai, declararán los descendientes de sobrevivientes de la Masacre: Matilde y Salustiano Romualdo, Sabino Irigoyen, Cristina Gómez, Lucia Pereira, Cristian Enríquez y Guillermo Ortega. También lo harán los investigadores indígenas qom y moqoit Raúl Fernández, Raquel Esquivel, Gustavo Gómez, Viviana Notagay, Juan Carlos Martínez y Florencio Ruiz .
Luego se realizarán dos audiencias en el Centro Cultural Haroldo Conti, ubicado en el espacio por la Memoria de la ex ESMA de la Ciudad de Buenos Aires (10 y 11 de mayo). En la primera declararán los investigadores Marcelo Musante, Nicolas Iñigo Carrera, Jorge Ubertalli, Lena Davila, Alejandro Covello, Alejandra Aragón y Eva Nazar Gaulo. En la audiencia del 11 de mayo lo harán Silvina Turner, Valeria Mapelman, Carlos Salamanca, Héctor Trinchero, Mariano Nagy, Diana Lenton y Eugenio Zaffaroni.
Finalmente, el 19 de mayo serán los alegatos de la Fiscalía y las querellas en la Casa de las Culturas de Resistencia (Chaco).
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