Por Geraldina Colotti, Resumen Latinoamericano, 24 de abril de 2022.
“Para construir una pista de karts, el alcalde y unos empresarios echaron a la calle a 13 familias campesinas, destrozaron su trabajo y arrancaron 18 árboles que tenían 300 años, cometiendo un ecocidio”. La diputada Tania Díaz, rectora de la Universidad Internacional de la Comunicación (Lauicom) y vicepresidenta de la Comisión de Agitación y Comunicación del PSUV, resume la acción realizada por un alcalde opositor, Raziel Rodríguez, del municipio de Zamora, en Guatire, en el estado de Miranda, ahora bajo investigación.
De hecho, un audio filtrado indica que el expolicía, alcalde electo con un nuevo partido llamado Fuerza Vecinal, ha dado la orden de destruir el terreno con viviendas (más de 8.000 metros cuadrados, 100% productivo): el resultado de una concesión estatal, basada en la ley contra el latifundio, que entrega tierras improductivas a quienes las trabajan. Con un acto simbólico de fuerte impacto, el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, intervino en el Parlamento, para “cortar de raíz nuevos brotes de fascismo”, y dar un mensaje claro de la posición del gobierno: junto a los campesinos, por el cumplimiento de la ley cuya aprobación, en 2002, fue uno de los pretextos para el golpe de Estado, tanto patronal como mediático, perpetrado contra Chávez el 11 de abril de ese año.
La iniciativa de Diosdado tuvo gran impacto. ¿Porque?
Porque toma una posición clara frente al avance del fascismo en el mundo, y de lo que sigue existiendo en nuestro país. Que el primer vicepresidente de nuestro partido pida el derecho de palabra en el Parlamento para que la Asamblea Nacional reafirme su apoyo a nuestra estructura legal ante el intento de debilitarla y violarla, como en este caso, es un gesto de gran valor simbólico y concreto. Se busca justicia para las 13 familias que han sufrido expulsión forzada y también detención arbitraria por parte de este alcalde, que lamentablemente revive prácticas fascistas ya vistas en varios momentos en nuestro país y que no deben repetirse. Se reitera que lo que hemos construido colectivamente en todos estos años no puede ser cuestionado. Una de las tres raíces de la revolución bolivariana es la de Ezequiel Zamora y su histórica batalla por el derecho a la tierra de los campesinos. Toda la sangre que ha costado, toda la historia, que se ha traducido en una de las líneas maestras de nuestra revolución y que ha producido un consecuente cuerpo de leyes, no debe ser puesta en peligro. La conciencia que muestran esas familias indica el nivel alcanzado por la revolución, que no tendrá vuelta atrás. Pero es importante comunicarlo con fuerza. Es importante que tanto el vicepresidente del PSUV como el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, hayan reiterado esto: si hay leyes, hay que aplicarlas, y si esto no se hace, hay que movilizarse para asegurar que se respete la ley.
¿Cómo se desarrollaron los hechos?
Esas familias fueron víctimas de un terrible atropello. No solo destruyeron arbitrariamente sus casas, dejándolos en la calle durante la noche, mujeres y niños sin techo. También los metieron a la cárcel sin motivo, en desacato a la decisión del Tribunal Nacional Agrario y del Instituto Nacional de la Tierra, que les había asignado legalmente esa tierra, que ellos habían hecho 100% productiva, proveyendo de alimentos al resto de la población. También se cometió un ecocidio en vísperas del Día Mundial de la Madre Tierra. 18 árboles antiguos de samán, que tenían 300 años han sido arrancados, dañando gravemente la tierra. La nuestra es una postura a favor de las familias que cultivan y respetan la tierra, y contra el fascismo en todas sus formas en un momento en que, en Europa, el capitalismo descontrolado está destruyendo las formas esenciales de convivencia, y se avecina una crisis alimentaria para los países más pobres.
Ante la pandemia, una larga marcha de campesinos planteó una serie de propuestas, denunciando los constantes ataques de terratenientes y empresas privadas a la Ley de Tierra. ¿Es el gesto ahora del gobierno una señal de que esas demandas serán atendidas?
La Asamblea Nacional activó una comisión especial, así definida porque integra varias comisiones calificadas, desde la de política interna de derechos humanos hasta la ambiental, encabezada por un compañero de indudable trayectoria ecosocialista, Ricardo Molina. No solo tendrá la tarea de investigar los hechos concretos ocurridos a las 13 familias e identificar a los responsables, por hacer cumplir la ley, sino que también deberá esclarecer otros casos similares que existen a nivel nacional.
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