Una vista de la aeronave Boeing 747 registrada con el número YV3531 de la aerolínea venezolana Emtrasur (Foto: Instituto Aeropuerto Internacional de Maiquetía)
Desde el 6 de junio un hecho ha conmocionado a la prensa argentina, apuntalado por la oposición al gobierno de Alberto Fernández y ciertas organizaciones israelíes para justificar un ataque no solo a la presente administración peronista, sino también a Venezuela e Irán como objetivos geopolíticos.
La retención del Boeing 747, con matrícula venezolana YV3531, está provocando una serie de reacciones que están aunadas a la política y las relaciones internacionales en Argentina, y que poco tiene que ver con la seriedad que el asunto requiere por parte de las autoridades locales.
Lo primero que se debe mencionar en torno a la aeronave de carga es que pertenece a la Empresa de Transporte Aerocargo del Sur, S.A. (Emtrasur), compañía creada por el Estado venezolano el 19 de noviembre de 2020 a través del Decreto N° 4.379.
Dicho avión fue comprado por Venezuela a la línea aérea iraní Mahan Air, compañía que se encuentra en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, sus siglas en inglés) de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense, incluida bajo la denominación de "sanciones secundarias".
- El avión fue bautizado como "Luisa Cáceres de Arismendi" en el momento de su arribo a Venezuela, luego de la compra a la empresa iraní.
Cabe acotar que Emtrasur no está incluida en las listas de medidas coercitivas unilaterales de Estados Unidos.
De acuerdo al análisis del caso por parte de La Tabla:
"(…) vale argumentar que la designación de un activo no es autónoma de la entidad a la que pertenece y lo tiene bajo su control. Por lo que no es consistente transferir (como un atributo) la designación una vez que ha dejado pertenecer o estar bajo control de la entidad o persona incluida en la lista.
"En una circunstancia como la expuesta lo procedente sería la designación de la entidad (en este caso Emtrasur) y en consecuencia de sus aeronaves empleadas para el comportamiento que la medida coercitiva pretende impedir o sancionar".
El hecho de que el Boeing 747 YV3531 no está sujeto a ninguna "sanción" estadounidense fue confirmado por el jefe de la Agencia Federal de Inteligencia argentina, Agustín Rossi, agregando que:
"Ninguno de los pasajeros que integraban la tripulación tenía ningún tipo de denuncia ni alerta roja. La carga del avión fue verificada de todas las maneras posibles. Se comprobó que la carga que estaba declarada era la que estaba en el avión y todo el trámite siguió normal".
Por lo que está injustificada la investigación que se está haciendo al avión de carga venezolano, secuestrada en el aeropuerto de Ezeiza por las autoridades argentinas desde el 8 de junio junto con sus tripulantes (14 venezolano y cinco iraníes), a quienes, de acuerdo a reportes, se les ha privado de sus pasaportes y están siendo retenidos en Buenos Aires.
A sus tripulantes iraníes, desde agencias estatales extranjeras, se les acusa de terrorismo, de acuerdo a una designación estadounidense durante la administración de Donald Trump.
LA TRAMA INTERNACIONAL
La aeronave de carga provino de México, en específico de Querétaro, previa escala en Caracas, con el objetivo de transportar autopartes adquiridas por la empresa privada argentina SAS Automotriz SA, proveedora de la automotriz Volkswagen.
El 8 de junio voló hacia Uruguay con el objetivo de abastecerse de combustible, pero el ministro de Defensa de ese país, Javier García, declaró en rueda de prensa que él mismo desautorizó el aterrizaje del avión venezolano en el Aeropuerto de Carrasco, luego haber recibido una alerta del ministro del Interior, Luis Alberto Heber.
"Es una información que había recibido el Ministerio del Interior de agencias extranjeras, que se volcaba al Uruguay y, como la jurisdicción es del Ministerio de Defensa, el responsable de tomar esa decisión soy yo", dijo García.
Después de habérsele negado el acceso al espacio aéreo uruguayo, el avión de Emtrasur regresó a Ezeiza, donde fue retenido.
Según declaraciones del ministro del Interior de Paraguay, Federico González, la inteligencia de su país, junto con autoridades del gobierno de Estados Unidos, notificaron a Argentina y a otros países de la región sobre una "sospecha" de que el avión venezolano tenía entre su tripulación a "terroristas iraníes".
El ministro argentino de Seguridad, Aníbal Fernández, dijo en una entrevista radial que recibió "información de organismos extranjeros que advertían sobre la pertenencia de parte de los tripulantes a empresas relacionadas con la Guardia Revolucionaria de Irán".
De hecho, las autoridades argentinas retuvieron el avión mas no a sus tripulantes, que tenían derecho de regresar a Venezuela mediante un vuelo comercial, hasta el sábado 11 de junio, cuando un abogado interpuso un amparo ante un juez federal, Federico Villena, para que se definiera la situación de los 19 ciudadanos y también de la aeronave.
El querellante es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA). Dice la denuncia:
"Al dejar entrar a este avión se puso en riesgo no solo la seguridad de todo nuestro país, sino de América del Sur. Dejarlos ir a los tripulantes sin haberlos indagado al respecto (...) sería una oportunidad perdida de poder ayudar a combatir el terrorismo internacional".
También, en la denuncia de la DAIA se lee: "Los originarios de Irán tendrían vínculos con las fuerzas Quds, perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica, declarada como grupo terrorista por los Estados Unidos".
Pero no existe relación, siquiera, entre los tripulantes iraníes de la aeronave en cuestión y las designaciones estadounidenses por terrorismo. La Tabla confirma que "confundieron al capitán iraní de aviación civil Gholamreza Ghasemi, uno de los pilotos del B737 de la aerolínea venezolana Emtrasur, con un Brigadier General del Ejército, que falleció el 21 de abril 2012, es decir hace 10 años".
Un reporte de Página/12 informa:
"Como se sabe, en la mañana de este martes [14 de junio], el juez Villena ordenó un allanamiento-operativo en el hotel Canning Design, donde están alojados los 14 venezolanos y 5 iraníes que componen la tripulación. Se llevaron los celulares, una computadora y, además, el magistrado se quedó con los pasaportes de los venezolanos pese a que les había devuelto sus documentos 24 horas antes".
Aunque varios diputados de la oposición argentina presentaron pedidos de informes sobre el caso, quien debe decidir si se inicia o no una investigación es la fiscal Cecilia Incardona.
Por ahora, mientras no avance el asunto, la trama está siendo comidilla para los medios hegemónicos de Argentina e internacionales con el objetivo de intoxicar lo más que se pueda todo lo referente al caso.
HACIA QUIÉNES APUNTAN
Tanto el ministro Aníbal Fernández como el canciller Santiago Cafiero se refirieron a la situación del avión venezolano secuestrado en Ezeiza y a su tripulación como un caso que le compete a la justicia argentina. No ha habido una declaración política sobre el asunto por parte del gobierno de Alberto Fernández.
Lo político está presente debido a la ofensiva de los diputados opositores y a la DAIA, además de la participación directa de los organismos securitarios y de “inteligencia” de Paraguay, Uruguay y Estados Unidos en cuanto a la "información" sobre la aeronave y la tripulación.
Los legisladores en cuestión forman parte de la coalición Juntos por el Cambio, liderados en esta operación política por Waldo Ezequiel Wolff, exvicepresidente de la DAIA y actual presidente del International Council of Jewish Parliaments para Latinoamérica.
Tanto Wolff como la DAIA han reflotado a la memoria pública y mediática el atentado contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) en Buenos Aires el 18 de julio de 1994 como excusa para poner en la palestra el discurso anti-iraní, ya que el abogado penalista Alberto Nisman, asesinado por arma de fuego el 18 de enero de 2015, acusó al gobierno de Irán y al partido libanés Hezbolá del suceso en octubre de 2006.
A pesar de que las organizaciones judías-israelíes han proyectado la acusación contra la República Islámica de Irán sobre el caso AMIA, no se ha podido esclarecer su participación en el atentado.
Y Argentina no ha incluido a la brigada Al-Quds, perteneciente a la Guardia Revolucionaria Islámica, en su lista de sospechosos de terrorismo.
Con el caso de la aeronave de Emtrasur, se pretende activar una campaña propagandística contra varios objetivos, entre ellos el gobierno de Alberto Fernández y el de Nicolás Maduro con la "trama iraní" de pivote.
Con dicha operación de intoxicación mediática se pretende ejercer una presión política que buscaría impedir la reparación de las relaciones diplomáticas entre Buenos Aires y Caracas, aun cuando el canciller argentino respondió de manera moderada ante el asunto, como ya citamos.
Que la coalición Juntos por el Cambio exija al gobierno argentino que la Cancillería cite a Stella Lugo, la representante diplomática de Venezuela ante el país sureño, para pedirle explicaciones sobre el caso cuando no existen pruebas contundentes de que el Boeing 747 venezolano ni su tripulación tienen conexiones terroristas, solo significa que el macrismo intenta inflar la percepción pública con el objetivo de enrarecer las relaciones diplomáticas entre ambos países.
Esto ocurre luego del fracaso geopolítico de la IX Cumbre de las Américas convocada por el presidente Joe Biden en Los Ángeles, California, donde el mismo presidente Alberto Fernández sintonizó con el reclamo de exclusión de Venezuela, Cuba y Nicaragua de la cita multilateral.
Recordemos que Argentina preside en estos momentos la CELAC, organización que está llamada a suplantar fehacientemente a la OEA como un espacio de encuentro y cooperación entre los países latinocaribeños, y cuyo debilitamiento debería ser una prioridad para Washington ante en un escenario de declive hegemónico estadounidense en la región.
Tampoco olvidemos que el supuesto "terrorismo iraní" sirve como excusa pata desviar la atención sobre la "Operación Puma", un ejercicio hecho por el ejército argentino que tuvo como meta la invasión militar de Venezuela en 2019, durante la administración de Mauricio Macri. La Asamblea Nacional venezolana ha estado investigando el caso junto con representantes del peronismo y del mismo congreso sureño en Buenos Aires desde que se conoció el escándalo a principios de este año.
Estados Unidos, con el caso Emtrasur, buscaría ocultar el fracaso de dicha Cumbre atacando a la República Bolivariana a través de Argentina. El trasfondo de la maniobra con el secuestro del avión de carga y sus tripulantes consiste en volver a posicionar en la agenda regional la extraterritorialidad y la lógica persecutoria de las medidas coercitivas unilaterales. Aun cuando fracasan constantemente para llevar a cabo los objetivos políticos y económicos de Washington.
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