La economía argentina se viene ralentizando, viene creciendo más lento, y es muy probable que se acompañe lo que está aconteciendo internacionalmente, el rumbo hacia una recesión.
La recesión implica menos capacidad de producir, por lo tanto, menos para distribuir, agravando la situación de inequidad y desigualdad en la distribución del ingreso y de la riqueza. Si ya es un problema la pobreza, la desigualdad, la baja de salarios, el desempleo, la flexibilización, la caída de la producción más la inflación, agudizará todos esos problemas. El horizonte de aumento de la conflictividad social no es un dato menor y cuenta en las perspectivas de objetivos para “normalizar” el orden local. Alejar el con está en el interés de las clases dominantes, por lo que reducir la inflación resulta imperioso.
En el marco de estas condiciones internacionales y nacionales, de inflación y recesión, el gobierno está intentando superar lo que consideran el principal problema: la inflación. El Ministro de Economía explicó en estos días que, si no baja la inflación de manera importe, no se ganan las elecciones presidenciales del 2023. En simultáneo, preocupa también el acuerdo con el FMI, que exige reducir el déficit fiscal e incrementar las reservas internacionales para fin de año. Estamos terminando el mes de noviembre y entrando en el último mes del 2022, por lo que existe premura por cumplir con el organismo internacional. Entre la tensión por alejar el conflicto y cumplir con el poder local y global es que se juega la política del oficialismo, por eso, resulta estratégica la función de Sergio Massa, como articulador de los intereses del poder económico para suturar lo esencial de la “grieta” política.
Bajar la inflación
Por eso, el ministro de economía Sergio Massa viene planteando en estos últimos días que va a inducir políticas para una baja de la inflación, y se propone que, para abril del próximo año, el registro oscile entre el 3% y el 4% mensual. Por ahora, los registros señalan una evolución en torno al 6 o 7% al mes. Si la inflación siguiera en esos valores, el año que viene tendríamos una inflación del 125% y no del 60%, tal como se sostiene en el presupuesto del 2023. Para llegar a ese 60%, la inflación tiene que estar al torno del 4% cada mes. Por eso, la estrategia que se plantea Sergio Massa es que en abril se estabilice esa cifra y tendencialmente empiece a bajar, y así cumplir con la meta presupuestaria del 60%.
La intención es que, si no se reduce al 60%, que sea menor al registro de tres dígitos con que amenaza culminar el 2022. La inflación es un tema de gran preocupación, insistamos, de cara a las posibilidades de renovar la gestión presidencial en 2023. La inflación afecta sobre todo a la sociedad empobrecida, a los sectores de menores ingresos, por lo que el objetivo de reducir el ritmo de remarcación de precios tiene base económica, pero, sobre todo, tiene un fuerte sentido político.
Ajuste para cumplir acuerdo con el FMI
Decíamos que también interesa al gobierno cumplir con el FMI, lo que implica, entre otras cuestiones, reducir el gasto público al -2,5%. Eso explica el profundo ajuste bajo la gestión económica de Sergio Massa. Son más de 100 días de profundización del ajuste programado en la gestión de Martín Guzmán y el escaso tiempo de gestión de Silvina Batakis.
También se tienen que acumular reservas en el BCRA. Por eso se anunció una nueva versión del “dólar soja”, con valores actualizados a los que se registraron en septiembre pasado. Entonces, el valor entregado a quienes liquidaron sus retenidas cosechas, estuvo en torno de los 200 pesos por dólar. Se esperaban unos 5 mil millones de dólares y se colectaron unos 8 mil millones. Se calificó como exitosa la política. El gobierno ingresó divisas en su contabilidad, a costa de un gran negocio para el sector gran productor y exportador del complejo sojero. Por cierto, es uno de los sectores económicos de poder concentrado en la Argentina, y confirma que su demanda de mejor tipo de cambio para su producción es satisfecha y con creces. Tienen poder político y capacidad de presión. Los jubilados no pueden presionar del mismo modo, tampoco los pequeños y medianos empresarios, ni las trabajadoras y los trabajadores. Esa es la mentada correlación de fuerzas.
La presión es fuerte y por eso, entre otros aspectos, en estos días hubo tendencias al alza del tipo de cambio en el marco de una nueva presión cambiaria, con crecimiento del tipo de cambio ilegal o paralelo, que, en un mes, pasó de 290 a 320 pesos por dólar. Para intentar contener esa presión, el BCRA ofreció más de 1.000 millones de dólares, reduciendo su stock de reservas, por lo que la respuesta gubernamental, ante la perdida de reservas internacionales producto de estas presiones cambiarias, volvió a ofrecer una segunda oportunidad de “dólar soja”, por diciembre, ahora en torno a los 320/330 pesos por dólar. Se trata de una nueva oportunidad para incrementar la rentabilidad de grandes productores y exportadores del complejo sojero. Mientras, el ritmo de la devaluación de la moneda acompaña los registros de la inflación mensual.
Todo el mes de diciembre habrá la posibilidad de vender esa soja retenida, que el gobierno estima en unos 3 mil millones de dólares, y tal como en septiembre pensaron en captar unos 5 mil millones y llegaron 8 mil, es probable que estos 3 mil millones puedan escalar a una cifra un poco mas alta. Resulta importante en la coyuntura política, ya que el propio gobierno dice que no es una medida permanente, pero es claramente una concesión al gran poder económico, lo que permitirá mostrarle al FMI a fin de diciembre que el acuerdo de incrementar las reservas cierra. Es una concesión al poder económico, a los grandes exportadores del complejo agroindustrial sojero, que son el sector que mas divisa incorpora a la Argentina. Pero también una señal al poder mundial expresado en el FMI, sobre la orientación de la política económica local.
Apoyo de EEUU
Además, hay que señalar que en el marco de lo que se está discutiendo y anunciando, es resultado de los acuerdos oportunamente consensuados con la Ministra de Economía de EEUU, Janet Yellen.
En efecto, se va a empujar un nuevo blanqueo de capitales para completar aquel que hizo Mauricio Macri en su gobierno. Entonces, no todo lo fugado se blanqueó, y por eso si se habilita este blanqueo de capitales, EEUU va a facilitar la aplicación de un acuerdo de información sobre cuentas de argentinos en EEUU, de quienes no declararon su fuga de capitales.
Se trata de especuladores, de grandes fortunas, que ahora están muy preocupados por estas acciones de asociación entre el gobierno argentino con el gobierno estadounidense. Por eso también la corrida cambiaria de estos días, para intentar cierta desestabilización y que el acuerdo se caiga.
Al mismo tiempo, los tenedores de esos fondos en EEUU, intentan transferir esos activos líquidos a otros territorios del sistema mundial, y continuar escondiendo el dinero y capitales no declarados.
Lo que se ve detrás del apoyo de EEUU, remite a lo que en su momento dijo Stanley, el embajador estadounidense en la Argentina. Este solicitó al gobierno y a la oposición que se pongan de acuerdo en una coalición de gobierno. No que formen un partido para gobernar, pero que haya acuerdos estructurales entre oficialismo y oposición, porque EEUU necesita que se estabilícela la economía argentina.
Se trata de lograr la estabilización de la economía argentina y con ello, del poder económico del país, que incluye a las corporaciones transnacionales estadounidenses con intereses en la explotación de los bienes comunes locales. Si en los últimos tiempos adquirió relevancia las inversiones energéticas, especialmente en hidrocarburos no convencionales, o sea en el yacimiento de vaca muerta, el interés, ahora está en el litio.
Esa es la lógica de la sintonía del gobierno y la oposición, o si se quiere, de una parte, importante de ambos, para acordar con el FMI en su momento, EEUU mediante, y el papel de Sergio Massa en esta etapa de fuertes contradicciones en las coaliciones que disputan el gobierno local. La gran incógnita transita por la respuesta social ante el ajuste y el constante deterioro de las condiciones de vida.
Julio C. Gambina. Presidente de la Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP.
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