El presidente de Colombia advierte de que en la región de América Latina está “desatada” una ansiedad de golpes y ya no importa la “voluntad popular”.
Gustavo Petro se ha pronunciado este jueves sobre la situación en Perú, donde la víspera el presidente Pedro Castillo fue destituido del cargo, horas después de que ordenara disolver el Congreso.
“Está desatada la ansiedad de golpes en nuestra ultraderecha latinoamericana. Les importa un bledo la voluntad popular”, ha escrito el mandatario colombiano en su cuenta de Twitter.
En realidad, Petro ha respondido a la senadora colombiana María Fernanda Cabal, quien en la misma red social subrayó que “los ejércitos con vocación son anticomunistas” y que esa es una realidad con la que no cuentan los comunistas”.
El dignatario colombiano ha explicado que las fuerzas armadas de un país “no tienen por qué ser ni fascistas ni comunistas, los ejércitos son de la Nación”, remarca.
Pedro Castillo fue destituido el miércoles de la presidencia de Perú por el Congreso de la República y llegó a ser detenido por la Policía, luego de su decisión de disolver el Parlamento. El Parlamento peruano ignoró la decisión de Castillo de disolver el Congreso y votó por la vacancia presidencial, destituyendo al mandatario, mientras, Dina Boluarte, su vicepresidenta, juró como la primera mujer en asumir como jefa de Estado en el país sudamericano.
Además, Petro ha solicitado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) aplicar la Convención Americana de Derechos Humanos y que expida “medidas cautelares en favor del presidente Pedro Castillo”.
Asimismo, ha enfatizado que se ha violado el derecho “a elegir y ser elegido y el tener un tribunal independiente de juzgamiento” en el caso de Castillo.
Al final de sus palabras ha ratificado que se ha realizado un golpe parlamentario en contra de Castillo y ha lamentado que el entonces jefe de Estado peruano no haya podido conseguir “la movilización del pueblo que lo eligió”.
Castillo enfrentaba el 7 de diciembre una moción de vacancia (pedido de destitución) impulsada por diputados opositores, la tercera desde que asumió el poder en julio de 2021.
La solicitud de moción de censura apelaba a la causal constitucional de incapacidad moral permanente para ejercer la presidencia, a partir de que el mandatario tiene seis investigaciones fiscales abiertas, la mayoría basada en testimonios de exfuncionarios o empresarios allegados.
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