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La narrativa mediática se ha concentrado en las elecciones en Venezuela, desestimadas bajo la acusación de un presunto fraude, sin embargo, hechos en la región con tintes violatorios de DDHH han pasado desapercibidos. Aníbal García, integrante del Observatorio Lawfare, señala para Sputnik que detrás de ello hay intereses económicos y militares.
Luego de las recientes elecciones presidenciales en Venezuela, en las que Nicolás Maduro ganó la reelección al cargo, la atención mediática a nivel internacional se enfocó que promover la narrativa de fraude impulsada desde la oposición del país.
A la par, dos hechos en América Latina que han despertado críticas por sus implicaciones sociales han quedado relegados del ojo público internacional.
El regreso de Fujimori
Alberto Fujimori fue condenado en el 2009 a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Sin embargo, fue liberado a principios de diciembre del año pasado sin que hubiera cumplido su condena, gracias a un indulto que le concedió el Tribunal Constitucional por "razones humanitarias".
Fujimori encabezó un Gobierno en Perú caracterizado por la corrupción. Su administración estuvo marcada de casos de malversación de fondos y abuso de poder.
A pesar de estos antecedentes, el Congreso peruano le otorgó al exmandatario el pasado 10 de julio una pensión vitalicia de 16.600 soles (alrededor de 4.216 dólares) mensuales — a pesar de que la ley lo prohíbe—. Cinco días después, Fujimori fue designado como candidato presidencial por Fuerza Popular —el partido de ultraderecha fundado por su hija, Keiko Fujimori—, de cara a las elecciones de 2026.
El viernes 9 de agosto, Perú promulgó una ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos antes de 2002, año en el que Lima se adhirió al Estatuto de Roma —constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI)— y que prohíbe la caducidad de este tipo de crímenes.
A decir de los expertos del país andino, la legislación, que no fue observada por la presidenta Dina Boluarte, actualmente investigada por delitos contra la vida y la salud, favorecerá a Fujimori (1990-2000) y a cientos de militares investigados o enjuiciados por masacres y asesinatos.
La Corte IDH señaló que la ley va en contra de la legislación internacional en materia de DDHH y afecta el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de estos crímenes. Por ello, ordenó a Perú "tomar las acciones necesarias para que no se adopte, se deje sin efecto o no se otorgue vigencia al proyecto de ley".
El caso de Barrios Altos consistió en el asesinato de 15 civiles en 1991 por el Grupo Colina, un comando paramilitar que actuó bajo las órdenes de Fujimori. La matanza de La Cantuta se refiere al asesinato de 10 civiles (un profesor y nueve estudiantes universitarios) en 1992.
Argentina busca liberar criminales de lesa humanidad
A 3.293 kilómetros de Perú, en Buenos Aires, una fotografía de diputados de La Libertad Avanza con genocidas de la dictadura militar sacudió al Gobierno de Javier Milei.
El 11 de julio, una comitiva de seis legisladores libertarios visitó el penal de Ezeiza, en la provincia de Buenos Aires. Allí, se fotografiaron con Alfredo Astiz, que cumple una condena de cadena perpetua por secuestros, torturas y asesinatos; Honorio Carlos Martínez Ruiz, represor de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), así como Adolfo Donda, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason, quienes participaron en torturas en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
El controversial episodio, que fue repudiado por la organización "Abuelas de Plaza de Mayo" y por Eduardo de Pedro, exministro del Interior e hijo de desaparecidos por la dictadura, entre otros, ocurrió en momentos en que un ala del oficialismo busca que los responsables de delitos de lesa humanidad puedan acceder a la prisión domiciliaria.
Lo anterior a pesar de que, de los 661 represores detenidos, 508 se encuentran bajo arresto domiciliario, según cifras de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH).
Medios "manufacturan el consenso" sobre Venezuela
Para entender los motivos por los que los titulares de los medios se concentran con especial interés en la narrativa venezolana —soslayando crisis de larga data como la peruana o la argentina—, Sputnik conversó con Aníbal García Fernández, doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad Nacional Autónoma de México y miembro del Observatorio Lawfare.
El especialista destacó que el caso venezolano expresa de forma clara el papel de los medios en la reproducción ideológica que sirve a los intereses de Estados Unidos. En ese sentido, García Fernández argumentó que los principales medios de comunicación intentan "manufacturar el consenso" de que las elecciones en Caracas fueron fraudulentas y que el presidente Nicolás Maduro perdió ante el opositor Edmundo González.
"Esta manufacturación del consenso se hace a partir de estos grandes medios hegemónicos en la reproducción de sus notas por otro tipo de medios que no tienen este estatus de hegemonía, pero que retoman sus notas de opinión o las notas que publican", analizó García Fernández.
"Si fuera la intención, realmente, informar al mundo o a la población de un país en particular, sobre los hechos, lo que tendría que hacerse es contrastar la información que se está dando y no aportar simplemente una parte o una visión", añadió.
Ahora bien, el doctor en Estudios Latinoamericanos ahondó que detrás de la narrativa que sostiene que hubo un fraude electoral en Caracas están los intereses económicos y políticos de países centrales, principalmente Estados Unidos, y la Unión Europea, en un contexto de crisis económica y otra climática en curso.
En ese sentido, el experto sostuvo que Estados Unidos necesita hidrocarburos —ya sea petróleo, gas o carbón—, así como oro y coltán, entre otros recursos estratégicos, todos presentes de forma abundante en Venezuela.
A lo anterior se suma la posición geográfica privilegiada que tiene el país latinoamericano respecto al mar Caribe y al Atlántico, regiones de gran interés militar para Washington debido a su disputa con China.
"La necesidad que tiene Estados Unidos de cambiar de régimen en Venezuela apunta, precisamente, a estas necesidades geopolíticas, geoeconómicas, que tiene la clase dirigente estadounidense", argumentó el latinoamericanista.
"Hay ahí una convergencia de necesidades, de objetivos, por parte de Estados Unidos que hacen que haya la necesidad de cubrir los hechos que ocurren en este país desde sus intereses [de Washington] y se reflejan, justamente, en este tipo de agencias de noticias que cumplen su función en la reproducción ideológica de este tipo de sucesos", ponderó Aníbal García.
Cuestionado sobre las condiciones que han permitido que la región se concentre en los asuntos que Washington dispone, García Fernández argumentó que los medios informativos en la actualidad están fuertemente monopolizados por las empresas de comunicación.
Además, dijo, así como están monopolizados los medios, también está monopolizada la forma en la que otros medios de comunicación consumen y reproducen la información. Así, es muy común y normal que agencias internacionales generen información que, posteriormente, es tomada por medios más pequeños para hacer sus notas.
"Nadie cuestiona el hecho de que sea así, es algo ya establecido en el gremio periodístico (...). Y esta reproducción de la información es, justamente, una de las vías mediante las cuales se establece una cierta narrativa con respecto a un hecho histórico, un problema o un fenómeno", finalizó el experto.
https://noticiaslatam.lat/20240817/atencion-mediatica-en-torno-a-venezuela-impulsada-por-los-intereses-geopoliticos-de-eeuu-1156880232.html
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