© AP Photo / Ariana Cubillos
El 87% de la sociedad venezolana no está de acuerdo con las políticas de Estados Unidos sobre deportar ciudadanos venezolanos a prisiones de El Salvador, según una encuesta de la consultora Dataviva, con datos actualizados al mes de marzo.
Washington tomó la decisión recientemente de deportar a cientos de venezolanos a cárceles salvadoreñas por una simple orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump y sin un juicio previo.
Además, cuatro de cada cinco venezolanos creen que la mayoría de los migrantes son personas honestas. Solo una minoría los considera "criminales".
El presidente estadounidense, Donald Trump, firmó el 14 de marzo un decreto mediante el que invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 con el fin de facilitar las deportaciones que prometió desde su campaña. Dicha ley permite expulsar rápidamente a extranjeros en tiempos de guerra o invasión.
Trump apeló a la normativa bajo el alegato de que la banda criminal Tren de Aragua "está perpetrando, intentando y amenazando con una invasión o incursión depredadora contra el territorio de EEUU" y ordenaba a la fiscal general Pam Bondi firmar dentro de los 60 días una carta oficializando la expulsión de todos los venezolanos mayores de 14 años que pertenecen a dicho grupo transnacional y no tienen pasaporte estadounidense o permiso de residencia permanente en el país.
Caracas respondió que dicha normativa, a la cual tachó de "anacrónica", no solo viola leyes fundamentales y vigentes de EEUU, sino que vulnera todo el ordenamiento jurídico internacional en materia de derechos humanos y derechos del migrante, "conformándose su intento de aplicación en un delito de lesa humanidad".
En el comunicado, el Gobierno recordó que el éxodo migratorio en Venezuela respondió a la crisis económica que se generó en este país caribeño producto de la imposición de sanciones por parte de EEUU.
El pasado 16 de marzo, un juez federal de Estados Unidos ordenó suspender de inmediato las deportaciones de migrantes basándose en la polémica ley.
La orden de restricción temporal emitida por el juez del distrito de Columbia James Boasberg vencerá en 14 días, tiempo suficiente en principio para cuestionar la legalidad de la orden de Trump.
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